Sergio de Otto
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Ocho meses después de que el Ministerio de Industria iniciara las negociaciones con las distintas asociaciones del sector renovable para “pactar” una reducción de primas como segunda etapa del frenazo a su desarrollo —la primera, la creación del Registro de Preasignación, ya había cumplido su objetivo— seguimos instalados en el caos más absoluto. Los forzados acuerdos con parte del sector renovable no han llegado al BOE. En el camino se han incorporado recortes a la retribución, limitaciones a las actuaciones de las empresas no acordadas y, sin embargo, se quedan aparcados, al parecer, otros puntos que eran esenciales para que se ponga fin a la letal incertidumbre que reina en el sector. Una inestabilidad regulatoria que ha espantado a inversores, abierto el camino del exilio a nuestra industria y cerrado el grifo de la financiación a cualquier proyecto renovable.
Eso sí, la principal preocupación del Gobierno en materia energética sigue siendo forzar la quema del carbón nacional para salvar cinco mil puestos de trabajo mientras en las renovables se han perdido cerca de treinta mil. Mientras tanto renace con fuerza, así lo indican las primeras declaraciones del nuevo vicepresidente primero, la idea del Pacto sobre la Energía que, como apuntaba en esta columna hace meses, sólo tendrá dos puntos con enjundia: prolongar la vida de las centrales nucleares, e incluso rescatar Garoña, y dejar la imprescindible subida del recibo de la luz para después de las próximas elecciones generales. El que venga detrás que arree.
Nadie está atento a los semáforos que se encienden avisándonos de lo que nos espera. Una de estas señales es el laudo del Tribunal de Arbitraje de París sobre el gas de Argelia que pagaremos mucho más caro. Y es sólo el principio.
Para añadir más desconcierto e incrementar el caos se escuchan algunas voces que cuestionan los objetivos para 2020 del “20/20/20” aprobados por la Unión Europea en marzo de 2007, pilares de una política energética coherente que pretende armonizar el impulso a la reducción de emisiones, la eficiencia y el desarrollo de las renovables como ejes irrenunciables. Estos objetivos no son una meta, sino un mínimo que hay que alcanzar para empezar a recorrer el camino hacia la sostenibilidad energética. Están concebidos para impulsar el desarrollo de las energías limpias y autóctonas y lo que no pueden, en el caso de nuestro país, es convertirse en un freno para las renovables si se considera el 20 por ciento sobre el consumo final una meta, como lamentablemente ha entendido nuestro Gobierno. En solo unos meses la previsión de la aportación de las renovables en el sistema eléctrico en 2020 ha pasado del 42,3% (Pacto de Zurbano en marzo) al 35,5% (PANER en junio). Una aportación de las renovables que en el primer semestre de 2010 ha sido superior (incluida la gran hidráulica en un año de muchas lluvias) a la que el Gobierno pretende poner como objetivo para dentro de 10 años.
Sí alguien dejara de mirar para abajo, para los lados o para atrás —como sucede tantas veces— y levantara la cabeza y dirigiera la mirada hacia adelante, con una mínima perspectiva de futuro, no sólo ratificaría esos objetivos, sino en el caso de nuestro país, los ampliaría hasta el “30/30/30”.
Sí, pese a esas voces que cuestionan estos objetivos de mínimos —la naturaleza y el precio de los hidrocarburos nos demostrarán pronto que el viejo continente se ha quedado corto— es oportuno, necesario y viable que nuestro país dé un paso adelante ampliando dichos objetivos. Los argumentos son incuestionables: España es el país de nuestro entorno que más se aleja del cumplimiento de los objetivos de Kioto, es también el que tiene una mayor dependencia del abastecimiento energético del exterior, pero por el contrario figuraba, hasta ayer, en el pelotón de cabeza en cuanto al desarrollo de las renovables.
No se ha tocado techo como se pretende hacer creer desde algunos ámbitos. Las tecnologías renovables tienen todavía un recorrido importante en mejorar su eficiencia y en una espectacular reducción de sus costes —todo lo contrario de lo que va a suceder con las tecnologías convencionales— y se ha demostrado que el desarrollo de su implantación conlleva importantes beneficios socioeconómicos. Sería, como tantos prestigiosos economistas vienen clamando, el pilar de un nuevo y revitalizador modelo productivo.
Pero no, nadie levantará la vista. Ya se encargarán de ello los que vienen imponiendo los intereses de sus insostenibles negocios sobre los intereses generales ante la complacencia, pasividad, cuando no complicidad, de un Gobierno que acumula, sobre todo, renuncias.
