Sergio de Otto
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Pongamos que, en efecto, estamos hablando de un mal, de una enfermedad. Y pongamos —que es mucho suponer— que esa enfermedad es el importe de las primas a las energías renovables, ejercicio intelectual que pasa por ignorar los contundentes estudios sobre el positivo impacto macroeconómico de su actividad, informes que Deloitte realizó primero para la Asociación Empresarial Eólica y posteriormente para APPA. Pongamos la lupa y reconozcamos que el mal se centra fundamentalmente en una tecnología: sí, la fotovoltaica.
Podríamos convenir que, efectivamente, la mayor parte de los 3.000 MW instalados apresuradamente entre 2007 y 2008 para acogerse a la retribución del RD 661 no necesitaban los cuarenta y tantos céntimos kilovatio/hora que van a percibir los próximos 25 años. Consideremos pues que estaban —digo bien estaban— sobre-retribuidos. El problema es que ese error regulatorio (eso es lo que es, un error que fue seguido de un bochornoso proceso de rectificaciones con viajes al BOE cada dos semanas) benefició en su momento fundamentalmente a instaladores, a importadores y, sobre todo, a los fabricantes chinos que invadieron nuestro mercado. También benefició a los promotores que no pagaron ni la instalación ni las placas a precio de oro —como les sucedió por las prisas a otros muchos— y que inmediatamente las traspasaron de manos, esta vez sí, por el valor de la retribución reconocida. Especuladores, se llaman.
Hubo un gran perjudicado: el propio sector industrial fotovoltaico español. Los excesos nunca son buenos y menos una avalancha como la que se produjo en esos meses que desbordó a los fabricantes nacionales o instalados en nuestro país. Luego vino el hachazo que redujo al mínimo el mercado fotovoltaico. En conclusión: se podía haber hecho bien si a ese desarrollo de la fotovoltaica se le hubiera ido aplicando progresivamente una retribución menor en paralelo a una curva de aprendizaje que se ha plasmado en un descenso espectacular de costes.
El remedio
Ahora se filtra — ¿intencionadamente? — que el Ministerio de Industria tiene la intención de recortar las primas a todo el sector renovable “porque son insostenibles”. ¿Insostenibles? ¿Para quién? ¿Para la economía española? No, rotundamente no por los inmensos beneficios socioeconómicos y medioambientales que aportan. ¿Para el sistema eléctrico? El importe de las primas no es ni el único ni el principal problema de nuestro sistema —por llamarlo de alguna manera— eléctrico. Se señala a las renovables como causa única del déficit tarifario sin caer en la cuenta de que hace apenas cuatro años, cuando las primas eran una cuarta parte de lo que son hoy, el sistema acumulaba más de 3.000 millones de euros de déficit al año. Sí, su incremento es un factor más, uno más, que agrava un mecanismo perverso que no relaciona los costes con el recibo de la luz.
Varios meses de campaña virulenta de las compañías con intereses convencionales y de ciertos medios de comunicación han hecho mella en el Gobierno que, como ocurrencia del mes, se plantea aplicar un cambio de reglas del juego a mitad de partido, lo que en términos jurídicos se conoce como retroactividad. Como anécdota para las hemerotecas quedará la matización del ministro de que “no se va a pedir que devuelvan las primas percibidas”; eso, ministro, sería atraco a mano armada no retroactividad. Lo que es seguro es que nadie hubiera puesto el grito en el cielo por las primas si tuviéramos la mitad de ciclos combinados y estos funcionaran sus 5.000 horas anuales en lugar de las dos mil y pocas que lo hacen en la actualidad. El déficit tarifario no es el problema, porque ya han empezado a titularizarlo, lo que les duele es que nuestro sistema eléctrico quema menos gas y menos carbón. ¡Cómo debe ser!
Cambiar la retribución ahora cuando ya no se puede tocar los gastos de inversión iniciales es una barbaridad. En el caso de la eólica para ahorrar tres euros por MW/h se cargarían el sector de referencia en todo el mundo y un sólido tejido industrial que ya había quedado herido con el Registro de Pre Asignación. En el caso de la solar termoeléctrica sería un despropósito cuando acaban de abrir las puertas en el Registro a 2.000 MW. ¿No habían hecho las cuentas? Y en el caso de la fotovoltaica, el supuesto enfermo, causarán un perjuicio patrimonial a decenas de miles de españoles y a fondos de inversión de todo el mundo que se habían creído lo que se publica en el BOE.
Sí, la repercusión más grave sería para el conjunto del país porque arruinaría la confianza en nuestro marco jurídico. Definitivamente el remedio es peor que la enfermedad, supuesta o cierta. Solo ganarían los que ponen la cuenta de resultados de sus “carbonizados” negocios por delante de una apuesta estratégica necesaria e imprescindible para España: el ahorro, la eficiencia y las energías renovables.
