Ya tenemos proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética. Una reivindicación de muchas entidades y personas se ha hecho realidad y su sola existencia es motivo de gran satisfacción para los que venimos reclamando vincular directamente el cambio de modelo energético con la lucha contra el calentamiento global. La propuesta normativa llega en el momento en que muchas voces, y desde muy distintos ámbitos, destacan la oportunidad que supone la salida de la crisis económica que nos deja la pandemia para acelerar las políticas de sostenibilidad en general.
La principal iniciativa es la de la Green Recovery Alliance (Alianza para una Recuperación Verde), que defiende que las políticas de estímulos deben ser efectivas desde el punto de vista económico y social y, a la vez, estar alineadas con las políticas de sostenibilidad y biodiversidad como estrategia de crecimiento basado en tres pilares: digitalización, descarbonización y resiliencia. Sus miembros, entre los que hay entidades y empresas de todo tipo, entienden que “la competitividad y el medio ambiente van de la mano, porque si no hay sostenibilidad ambiental no hay sostenibilidad económica o social”.
En nuestro país, siguiendo esta estela se ha presentado el Manifiesto por una Recuperación Sostenible, en el que personalidades y dirigentes del conjunto de la sociedad “demandan el establecimiento de alianzas entre partidos políticos, empresas, sindicatos, medios de comunicación, ONGs y sociedad civil para apoyar e implementar un paquete de estímulos sostenibles, basado en el mejor conocimiento científico y en las mejores prácticas, que permita avanzar hacia una sociedad más próspera, sostenible, saludable y resiliente”.
Ese es el escenario social. Un escenario en el que encontramos una predisposición de los agentes más activos, más dinámicos, tanto del mundo empresarial o sindical y del tercer sector como de la academia, para acometer la recuperación, reconstrucción o reparación de los daños causados por el Covid-19 con la sostenibilidad como eje fundamental. Y en esa línea encaja perfectamente la iniciativa legislativa del Gobierno. Un texto que, a algunos, nos parece poco ambicioso en sus objetivos, con algunas lagunas, pero que supone pasar de la noche al día en política energética en nuestro país. Es un proyecto, también, con grandes aciertos y susceptible de mejora en la tramitación parlamentaria que le espera en los próximos meses.
Pero aquí llegan las malas noticias. La lucha contra el cambio climático se va a encontrar un obstáculo que hoy parece insalvable: el clima político. Y digo bien, clima y no tormenta política porque el enfrentamiento, la crispación y la ausencia de voluntad de entenderse constituyen hoy el “conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región”, léase nuestra política, tal y como define esta palabra la Real Academia.
Lo he comentado en otras ocasiones, y no me canso de repetirlo, la mejor de las legislaciones no tiene validez en el ámbito energético (como en otros) si no va acompañada de un consenso con un horizonte más allá de la legislatura en la que se aprueba. Y hoy en día cuesta mucho imaginarse a nuestra clase política trabajando, codo con codo, en la ponencia y comisión que aborden el texto del Gobierno para concitar un acuerdo que dé garantías de estabilidad y, por tanto, que se permita a todos los agentes abordar esa tarea imprescindible en materia de movilidad, rehabilitación, eficiencia, autoconsumo, generación distribuida, desarrollo de las renovables, etc..
En esta ocasión no sería suficiente con que el Gobierno haga los habituales ejercicios de aritmética parlamentaria para sacar adelante, por la mínima, esta imprescindible Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Para que cumpla con su papel, para que sea eficaz, se requiere el apoyo de una amplia mayoría. Y, me temo, que no está el horno para bollos.
