El despropósito absoluto que ha marcado estos cuatro años la NO política energética del Gobierno Rajoy, su autismo regulador, su negativa a admitir –como en tantos otros ámbitos- una sola enmienda de la oposición, su rechazo total a hablar con los agentes sociales, ha propiciado un consenso del resto de fuerzas políticas en “lo que no debía ser” que debería traducirse ahora en un programa de actuación coherente en materia energética. Si todos los partidos políticos de la oposición han estado de acuerdo en hacerse la foto juntos en un buen número de ocasiones para decir no a las barbaridades que se les iban ocurriendo al señor Soria y a los hermanos Nadal sería ahora un buen momento para ir negociando las bases de una nueva política energética, sin duda una de las prioridades para nuestro país por sus amplísimas repercusiones en tantos aspectos: desde lo ambiental al empleo, desde lo social (ahí está la pobreza energética) a lo económico (la losa que supone para nuestra balanza comercial las importaciones de fósiles).
Digo que sería un buen momento pero me temo que no lo va a ser porque ahora los partidos, que hasta ayer no han dudado en poner su firma al pie de numerosas declaraciones y compromisos comunes respecto a los esperpentos que han llegado al BOE, entran en campaña electoral. Septiembre marca el pistoletazo de salida de un periodo (el Gobierno en esto ha tomado la delantera) en el que en lugar de buscar compromisos para trabajar juntos se busca –como siempre sucede- poner en evidencia lo que les separa de las demás fuerzas con las que hasta ayer se han hecho la foto.
Todo hace prever que de las próximas elecciones no saldrá ninguna mayoría absoluta, ni siquiera coaliciones de dos o tres partidos. Si no hay vuelcos en las tendencias de voto (el estreno en gobiernos locales y autonómicos de algunas fuerzas políticas podría generar alguna sorpresa) estrenaremos a final de año o a principios del próximo la fórmula de gobierno apoyado por cuatro, cinco o más partidos o agrupaciones electorales.
Si la única garantía que nos van a dar esas coaliciones es la imprescindible abolición de la regulación de esta legislatura algunos no nos vamos a quedar tranquilos. Esa es condición necesaria pero no suficiente. Lo que ha regulado el PP no sirve, es dañino para los intereses de este país pero tampoco nos sirve lo que había antes. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, necesitamos una reforma radical de nuestro modelo energético y no solo del sistema eléctrico en el que se ponen los focos exclusivamente demasiadas veces.
La tarea es urgente pero también ingente. Construir un entramado normativo para un nuevo modelo energético que responda a los imprescindibles criterios de sostenibilidad; que sea la punta de lanza de la lucha contra el cambio climático; que priorice las necesidades de los usuarios de la energía y no el rating de las grandes corporaciones; que garantice un acceso universal de la población y acabe con la vergonzante lacra de la pobreza energética; todo eso no se hace en semanas, ni en meses, sobre todo cuando hay que negociarlo entre distintas sensibilidades. No se trata de redactar ahora otros setecientos folios como aquellos de la Reforma Energética con los que nos castigó el Gobierno en julio de 2013 pero sí que habría que elaborar las bases de algo que -insisto- va más allá que hacer lo contrario de lo que hacía el PP.
Como en 2011 con la “Hoja de Ruta hacia la sostenibilidad energética”, la Fundación Renovables presentará en las próximas semanas un amplio documento de propuestas que podría ser perfectamente el guión para que los partidos trabajen ya en ese acuerdo.
Pero un verdadero pacto de la energía para este país, esa asignatura pendiente que tienen otras facetas de nuestra convivencia (especialmente la educación), no sería verdaderamente eficaz si no contara con la participación de la que seguirá siendo una de las principales fuerzas políticas de nuestro país. A priori, el gesto de tender la mano a quién se ha negado obstinadamente a negociar ni una coma se antoja casi imposible. Pero merecería la pena al menos intentarlo con una única condición: que dejen de ser los representantes de un oligopolio cuyos intereses están en contradicción con los del conjunto de la sociedad.
