La fotovoltaica ha revolucionado el panorama energético a velocidad de vértigo. Sus costes de instalación y generación se han desplomado en una década. En 2010 teníamos un coste de instalación de 5,5€/Wp, hoy estamos en los 0,72€/Wp en fija, con unos costes de generación de tan solo 11€/MWh. Además, nos permite una modulación extrema del tamaño de las instalaciones y, en correspondencia, de sus usos y formas de propiedad: desde los desmesurados parques con cientos de MW hasta el diminuto panel de una señal de tráfico.
La FV es la necesidad hecha virtud, era preciso una nueva forma de producir energía para combatir los efectos del cambio climático sin paralizar la economía ni mermar el bienestar y, en tiempo récord, se ha logrado. España, por su localización, extensión y horas de sol, es un territorio privilegiado para esta tecnología. Por primera vez en la historia, podremos contar con una ventaja competitiva esencial para la economía y para la industria, que favorezca nuestra balanza comercial y privilegie a los ciudadanos.
Tenemos la certeza de las bondades que nos aportan las renovables: no contaminan, son capaces de producir a precios impensables hasta hace poco, y ofrecen la posibilidad de adaptarse a las diferentes finalidades. Estas ventajas explican su eclosión y la previsión de una masiva instalación de parques FV –también eólicos– por toda la península.
¿Cuál será el precio del pool en los próximos años? Si se mantiene la actual tendencia a la baja y se produce una caída abrupta antes de 2030, muchos proyectos verán en riesgo su inversión. Los futuros de la energía eléctrica caen, y parece que seguirán en esta línea, que se acentuará conforme se vayan conectando más renovables al sistema. Aproximarse al precio que tendrá la electricidad en 10 años es un anhelo imposible, puesto que son innumerables los factores a considerar.
El grado de electrificación de la economía, la penetración del coche eléctrico, el comportamiento de la demanda, el efecto de la eficiencia en el consumo y en las edificaciones, la pluviometría, las temperaturas, las interconexiones, la penetración del autoconsumo, la salida de grupos de generación fósil y nuclear, el impacto de la digitalización en la forma de comprar la energía, el desarrollo de las baterías, o la forma de organizarse desde la oferta, son variables difíciles de analizar en su conjunto y que determinarán los precios del MWh en un futuro muy cercano.
Los riesgo de mercado son un imponderable que los inversores deben asumir en cualquier actividad. Pero la energía es un ámbito estratégico que condiciona la competitividad y el bienestar de un país. En las distintas transformaciones de la composición de nuestro mix energético se han cometido graves errores, que al final han pagado los consumidores; así ocurrió con la moratoria nuclear o, más recientemente, con la entrada masiva de los ciclos combinados.
Este escenario requiere una planificación minuciosa por parte del regulador, que ha de procurar para la ciudadanía un futuro de energía limpia y barata; pero sin legarnos riesgos de inestabilidad en el suministro, que podrían producirse en el supuesto de un parque de generación sobredimensionado y concentrado.
Una buena articulación de las subastas podría asegurar estabilidad al sistema, fijando en la parte de la generación a verdaderos productores y no a meros especuladores. Dado que los grandes fondos se comportan como depredadores multisectoriales con posibilidades casi ilimitadas de financiación y, por lo tanto, con mayor capacidad de asumir riesgos y de ejercer presión desde la oferta, parece indicado priorizar en las subastas a las iniciativas locales –pymes, cooperativas y autónomos–, que no tienen acceso privilegiado a la financiación, ni ánimo de especular con las instalaciones, sino que se comportarían como operadores territoriales, generadores de riqueza local ajenos a las dinámicas abusivas propias de la concentración. Este tejido daría mayor certidumbre a la generación, sin que los precios de la energía fueran a resultar más altos, por lo que sería oportuno articular una subasta que diera cobertura a potencia distribuida de pequeñas iniciativas de hasta 5 MW, cuyas instalaciones, además, se asimilan en la propia red de distribución y se integran mejor en los entornos naturales.
