60.000 familias españolas llevan ya diez años estupefactas, atónitas, pasmadas, anonadadas; el Estado les pidió que invirtieran sus ahorros en el desarrollo y la generación de energía solar fotovoltaica y, con dicho afán, estableció un marco normativo sencillo, previsible y seguro. Tan sólo dos años después, y una vez conectadas las instalaciones de este gran colectivo, se inició un carrusel de cambios retroactivos –hasta nueve– que ha llevado a este sector a soportar recortes de hasta el 50% de las retribuciones que motivaron todo este gran esfuerzo inversor ciudadano.
Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, concluye en estos días la IV Edición del Camino del Sol. Han sido 22 actos por toda España, con una gran jornada final en Toledo; en total, hemos podido compartir experiencias con más de 4.000 productores, todos ellos indignados, exacerbados, irritados… todos ellos burlados por la inseguridad jurídica que se ha instalado en sus vidas. Las preguntas son recurrentes: ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué nos arruina el Estado? ¿Cómo es que no tenemos la misma justicia que los inversores internacionales? ¿Por qué nos hacen responsables del déficit de tarifa? ¿Cómo es que no se reconoce nuestra labor? ¿Esto ha ocurrido alguna vez en un país desarrollado?
Sus rostros envejecidos, pues son un colectivo de mujeres y hombres con una media de edad que ronda los 60 años, son un fiel reflejo del calvario que llevan soportando durante más de una década. A los padres y a las madres de la tecnología que ha permitido alumbrar un futuro energético limpio, transformando en energía los fotones del extraordinario sol autóctono con el que contamos, se les ha premiado con la ruina de sus inversiones y con el cruel escarnio de atribuirles todos los males de la factura de la luz, para intentar así justificar la crueldad de los recortes retroactivos, enmascarados en una “rentabilidad razonable” que, en la práctica, no se verifica, pues ningún productor percibe, ni de lejos, el supuesto 7,39% que la norma les atribuye.
Solo las sucesión interminable y lacerante de laudos favorables a los inversores internacionales y el carácter indomable de un colectivo tan numeroso, que nunca ha desfallecido en su ánimo de combatir esta situación de injusticia, han logrado sentar las bases que nos permitirán ir revertiendo esta situación a través de la progresiva reparación económica y moral del destrozo causado por normas tan desproporcionadas e injustas.
A nivel nacional, si inicialmente tan solo se contaba con el apoyo del Defensor del Pueblo, que siempre denunció el agravio de soportar dos justicias antagónicas para una misma realidad, ahora, todos los partidos políticos coinciden en la necesidad de articular una solución urgente que permita la restauración de la estabilidad sectorial, para empezar a poner fin a la farsa, compensando los graves daños económicos ocasionados y devolviendo el honor mancillado por la burla de una inseguridad jurídica tan arbitrariamente impuesta.
En los medios de comunicación y en las capas más informadas de la sociedad, ya se ha desterrado el infame bulo que les tachaba de ser un colectivo de aprovechados, la verdad se ha ido restableciendo. Son familias honestas que realizaban una inversión ética pedida por el Estado, que ha permitido madurar una tecnología clave para la humanidad: la energía solar fotovoltaica, la llave para evitar una debacle climática, la fuente de generación capaz de suministrarnos energía para red y para autoconsumo a unos precios increíblemente reducidos, el activo autóctono que va a revolucionar nuestra economía.
“Seguridad Jurídica Sí y Ahora” ha sido el eslogan de esta IV Edición del Camino del Sol de Anpier, en la que hemos recordado que no habrá transición justa sin dar un trato justo a las familias que, haciendo grandes sacrificios, han puesto los cimientos que ahora nos permiten dejar atrás el modelo de generación fósil y contaminante, para que la sociedad continúe progresando y manteniendo su bienestar sin destruir nuestra gran casa común: el Planeta Tierra.
