Haciendo cuenta atrás, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 6 de diciembre, pone los litigios sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) en otra luz. La sentencia pone de perfil que este tipo de impuestos también son capaces de mermar la libre competencia en el sector eléctrico en la Unión Europea (UE). Sobre todo diferencia la imposición eléctrica según la fase comercial (consumidor final o no) en la cual se imponen las cargas; por este motivo pueden ser equivalentes a aranceles sobre la exportación, los cuales son prohibidos en la Unión.
Estos últimos días de diciembre planteamos esta nueva cuestión ante diferentes estancias judiciales, para que lo tengan en cuenta. Entre ellos están los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidades Autónomas (TSJ), por conocer las impugnaciones de las liquidaciones de este impuesto, y el Tribunal General de la Unión Europea, como órgano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por conocer nuestra impugnación de la Decisión (C(2017) 7384 Final) dictada en fecha 10 de noviembre de 2017 por la Comisión Europea (CE) sobre ayudas de Estado en el sistema de apoyo a las renovables en España. El IVPEE forma una de las bases de este sistema, y como tal, el TJUE debería comprobar su legalidad.
Hablando de las instituciones de la UE, también sigue en tramitación una petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), a raíz de una Denuncia presentada ante la CE.
Es una denuncia sobre la situación de las renovables en el Archipiélago Canario, que clama aún más al cielo que la situación en la Península. Es así por ser un territorio que goza de los más altos recursos renovables de nuestro país, con las menores penetraciones de tecnologías para aprovecharlos, y encima con un sistema histórico de apoyo a tecnologías fósiles que me parece obsceno en el contexto. Esta denuncia y petición fueron presentados en nombre de ACER y Aeolican, las asociaciones del archipiélago de referencia en renovables.
Antes del verano de este año la CE respondió a la petición ante PETI con una simple referencia a una respuesta suya del 2014, anterior a la apertura del expediente de ayudas de Estado, que llevó la CE a su Decisión, lo que parece en el mejor de los casos representativo de un desdén al PETI y a los canarios inaceptable. Pronto viajaremos a Bruselas para tratar este tema, para conseguir que la CE explique ante el PETI por qué sigue diciendo que se tiene que respetar el derecho Europeo y la confianza legítima, cuando mientras tanto intenta sofocar los intentos de los afectados nacionales e internacionales del desastre regulatorio histórico español de obtener justicia en la UE.
Seguiremos insistiendo y espero que el año 2019 nos traiga resoluciones finalmente a nuestro favor: sigo confiando en la confianza legítima y el imperativo de la ley en la UE. A lo largo de los últimos años hemos podido unir a muchas personas y empresas en esta batalla, y ahora nos planteamos otra unión más, para afrontar el reto de la transición energética.
2018 ha sido el primer año en el que han empezado a contactar con nuestra firma directamente contrapartes no profesionales, es decir, usuarios finales del sector eléctrico
Generalmente son empresas industriales o del sector terciario que tienen interés en firmar PPAs y hacer autoconsumo. A la vez, se nos ha incrementado mucho la demanda de generadoras, comercializadoras, empresas de servicios energéticos, distribuidoras, fabricantes de equipos, EPCistas, empresas de movilidad eléctrica, y otros, para asesorarse en la complejidad de la regulación eléctrica. Todas estas empresas necesitan disponer de una comprensión profunda de la regulación que les afecta, con el diferente detalle operacional que necesita cada uno de ellos para su actividad concreta, como por ejemplo subastas, almacenamiento, movilidad eléctrica, y mucho más.
Aunque es una buena noticia que ahora ya no necesitamos impugnar continuamente la regulación, por ir la modificación de la misma, por fin, en la dirección adecuada para facilitar la transición energética, sí que se necesita asesoramiento sobre ella.
Cada vez habrá un abanico más amplio de posibles modelos de negocio en el sector energético, con la electrificación de la sociedad. La transición energética es dinámica, y no se hará en pasos. No es suficiente, por lo tanto, quedarse con la foto de la situación sino que necesitamos ver la película, ya que sabiendo el plot, desconocemos la narrativa. Buscamos la solución al riesgo de la obsolescencia continua, y vemos un mantenimiento permanente en la regulación de la transición energética. No sólo mantenimiento correctivo, sino mantenimiento preventivo.
