A largo plazo, y en términos económicos o de Estado de Derecho, no obstante, creo que el abandono de la confianza legítima por efecto de contagio en toda la Unión Europea fácilmente podrá resultar en una factura mucho más alta para Europa. En retrospectiva a los británicos hasta les serviría como confirmación de su decisión de salir de la UE, en el hipotético caso de que optaran por ello, ya que ellos todavía no han sacrificado este fundamento del Derecho.
Todo esto no tiene por qué ocurrir, ni el Brexit, ni la exclusión de la confianza legítima de los sectores regulados en Europa, aunque, leyendo el resumen de prensa de APPA de esta mañana podría inducir a otras ideas. Allí se recoge una noticia del Diario del Alto Aragón, que a su vez reproduce íntegramente una nota de prensa de Efe, que en su titular se limitaba a decir que la Comisión Europea no ve fundamento jurídico para incoar un procedimiento contra España. En el texto de la noticia matiza que la Comisión no ve fundamento suficiente para intervenir.
En mi intervención final de la sesión di las gracias a la Comisión Europea por matizar su respuesta. Resalté la importancia de no cerrar los ojos y de pronunciarse claramente. No es suficiente criticar públicamente este tipo de regulación retroactiva. Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sólo lo haya aclarado recientemente en los asuntos C-195/12 IBV & Cie y C-573/12 Ålands Vindkraft, el fundamento jurídico que tiene la Comisión Europea para intervenir sin duda es suficiente. Cuando una Directiva Europea es aplicable, también lo son los principios de Derecho Europeo. Una vez que el Estado miembro haya hecho uso de su poder discrecional de perseguir la transposición a su gusto no puede modificar esta sin perder el respeto a los principios de Derecho Europeo.
Es cierto que los tribunales nacionales son los más adecuados para aplicar los principios de Derecho Europeo, siempre que los apliquen. Es muy preocupante tener que escuchar que la Comisión Europea pretende respetar unos pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional cuando estos no han aplicado los principios de Derecho Europeo. En primer lugar, como expliqué a la representante de la Comisión en PETI, no lo han aplicado porque ni uno ni otro son el juez competente para hacerlo. Se han saltado el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, infringiendo así el artículo 24 de su propia Constitución Española. En segundo lugar es preocupante este respeto cuando el Tribunal Supremo dice expresamente que realmente está aplicando los principios españoles, quitándole importancia al tema diciendo que se parecen mucho a los principios europeos. Claro, con distancia suficiente del observador todo empieza a parecerse, dependiendo además de la miopía de cada uno.
Parece que la Comisión Europea ha perdido el norte en su afán de respetar las sentencias de tribunales nacionales, ni siquiera haciendo referencia a los votos particulares en ambas. En nuestra petición resalté fuertemente la necesidad de actuaciones decididas por parte del comisario Timmermans, responsable de Derechos Fundamentales y Estado de Derecho. Lo hice simbólicamente en holandés, por ser su idioma natal. Digo simbólicamente porque hay servicio de interpretación en el Parlamento Europeo, y de todos modos el Sr. Timmermans domina muchos idiomas.
De todos modos, la comisión PETI del Parlamento Europeo ha dejado claro que no es el pelele del Reino de España. En su turno de palabra, los eurodiputados, en general y a excepción de los del PP, fueron muy críticos con la política antirrenovable del Gobierno de España y expresaron su apoyo a nuestras peticiones. Quiero agradecer públicamente desde aquí el apoyo a todos ellos: José Blanco y Soledad Cabezón (PSOE), Beatriz Becerra (ALDE), Jordi Sebastià (Compromís), Ernest Urtasun (ICV), Ernest Maragall y Josep Maria Terricabras (ERC), Ramon Tremosa (CIU), Paloma López y Ángela Vallina (IU), entre otros.
De nuevo, la diputada del PP Rosa Estarás encendió nuestros ánimos con afirmaciones falsas sobre si el Constitucional había o no decidido sobre la reforma eléctrica, lo cual fue oportunamente contestado en nuestro minuto de réplica.
A la hora de tomar la decisión, el PP se quedó solo pidiendo el cierre de las peticiones, pues todo el resto de grupos políticos fueron partidarios de dejarlas abiertas y de pedir más información al Gobierno Español y a la Comisión Europea, pues existen aún numerosas dudas sobre el asunto que es necesario despejar. Cecilia Wikström, presidenta de la Comisión de Peticiones, anunciará en el pleno del Parlamento Europeo del próximo día 23 de junio que se va a presentar el informe y, una vez hecho, se votará y se verá la voluntad política de la Eurocámara, aunque todo apunta a que las mismas fuerzas que han dado luz verde a estas reclamaciones ayer, volverán a votar a favor.
Sólo Europa puede solucionar este entuerto. Y debe hacerlo, no por interés español, sino por el bien de toda Europa. De ahí el hashtag, que fue el día de nuestro viaje a Bruselas trending topic en España: #RenovablesSOS.
