En el libro Capitalism without Capital, the rise of the intangible economy, Jonathan Haskel & Stian Westlake, explican cómo funciona nuestra economía contemporánea, de capitalismo sin capital. Argumentan que desde los años ochenta del siglo pasado, lo intangible juega un papel cada vez más importante en nuestras economías. Resulta necesario encontrar métodos fiables y consensuados para valorar estos activos intangibles tanto en los balances de las empresas, como a nivel macroeconómico, para incorporarlos en el PIB mundial. Un ejemplo interesante de estos activos intangibles son los modus operandi de grandes empresas de informática, donde culturas internas determinan en mucha medida su éxito, y donde también la inversión en esta cultura es un coste hundido: no puede venderse dicha cultura, ni adquirirse, por ser un activo, además de intangible, intrínseco a la empresa de la que nace.
Hay interesantes paralelismos con la transición energética en España. Nuestra transición energética empezó también en los años ochenta del siglo pasado, y unos intangibles clásicos y fáciles de entender como son las patentes, son esenciales en el sector de las energías renovables. España juega en la primera liga en estos intangibles. En otros intangibles, nuestros reguladores de los últimos años nos han relegado a posiciones muy desfavorables, en comparación con la posición en la que estábamos en la primera década de este milenio.
En lo que viene del año, no obstante, las energías renovables están destacando sobre todo por la bajada de los costes en la economía de la transición energética. Estamos hablando de un aspecto bien tangible, tratándose de los costes de los componentes físicos de las instalaciones productivas de electricidad a partir de fuentes renovables. Hoy las tecnologías más maduras como son la eólica y la fotovoltaica ya son capaces de producir electricidad más barata que las tecnologías convencionales. Buena noticia.
Activos intangibles también los hay colectivos en una sociedad, y aunque no se cuentan en el producto interior bruto, sí determinan su valor, funcionan como multiplicadores o reductores igual que los activos intangibles empresariales. La calidad regulatoria y la seguridad jurídica son dos ejemplos que a mí me conciernen profesionalmente de forma directa. En este sentido, mi mix de trabajo se puede ver como un reflejo de la calidad del Estado de Derecho en el que ejerzo.
La seguridad jurídica da tranquilidad a los ciudadanos, igual que los Bonos del Estado, según la publicidad que vi un día de estos en el aeropuerto de Barcelona. El anuncio del tesoro público dice, literalmente: “Habré ganado en tranquilidad. Cuando inviertes en tesoro público, tu futuro se escribe en futuro perfecto”.
Puede que la tranquilidad de los ciudadanos sea el valor intangible de fondo más importante en una civilización moderna.
El primer ejercicio de cualquier nuevo gobierno es hacer inventario de las cosas que mantendrá y de las que no mantendrá. Según las noticias de los últimos días, y como era de esperar partiendo de un modelo de coherencia entre lo que ha manifestado el PSOE en el Congreso, y lo que dirá una vez gobernando, la rentabilidad razonable de la retribución de las energías renovables según Real Decreto 413/2014 ahora se mantendrá. De modo que nos quita de encima, a todo el sector de energías renovables, una angustia enorme provocada por las amenazas del anterior ministro de Energía de volver a bajar esta rentabilidad razonable. Según su concepto, lo que tenía que dar tranquilidad a unos, la rentabilidad del tesoro público, tenía que dar ansiedad a otros, cuando la norma que era la base de ello, el Real Decreto–Ley 9/2013, definía esta rentabilidad claramente para toda la vida regulatoria de estas plantas.
Otra cosa que podría mantener el nuevo gobierno sería la inexistencia de facto del peaje de respaldo, el popularmente llamado impuesto al sol. El anterior gobierno nunca llegó a reglamentar su recaudación, y después de 3 años es momento de despedirnos de esta insensatez. De este modo nos vamos aproximando como país a los estándares europeos, como tiene que ser. Por supuesto tampoco es sorprendente, teniendo en cuenta la trayectoria de Teresa Ribera, la nueva ministra del nuevo ministerio de Transición Ecológica y, por supuesto, teniendo en cuenta que José Blanco, el ponente de la nueva directiva europea de renovables, también es del PSOE. Teresa Ribera ya lo ha comunicado a nuestros socios europeos en la reunión trílogo del 11 de junio de 2018. Es coherente.
No tengo duda de que también el nuevo gobierno realizará las demás correcciones pertinentes para poner la regulación española del autoconsumo en armonía con la europea. Es previsible que en las próximas semanas tengamos aprobado un texto de la ya mencionada nueva directiva de renovables, resultado de las negociaciones entre todos los ministros de la Unión Europea (Consejo), la Comisión, y el Parlamento Europeo, de modo que lo más fácil sería adaptar la regulación nacional a ello, a modo de anticipación. Ya hay una propuesta en consulta pública para un Real Decreto de acceso y conexión: basta con introducir los cambios pertinentes allí. Esto daría mucha previsibilidad y en consecuencia tranquilidad a los ciudadanos. En los próximos días ahondaré más en ello.
También sería coherente que el gobierno se personase en el procedimiento T-186/18 ante el Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es el procedimiento de la impugnación de la decisión del 10 de noviembre de 2017, C(2017) 7384 final, State aid SA.40348 (2015/NN) de la Comisión Europea, sobre los sistemas de apoyo a las energías renovables en España. La postura de los gobiernos en este tipo de procedimiento suele ser la defensa del interés nacional, mientras la Comisión Europea ha de velar por la correcta y estricta aplicación del Derecho Europeo.
De nuevo basta con mantener una postura coherente, defendiendo el sistema de apoyo a las energías renovables que en su día había aprobado el gobierno de su partido, es decir, el sistema del Real Decreto 661/2007. Esta defensa se hace en la estricta óptica del marco legal de las Ayudas de Estado. La Comisión omitió averiguar si el antiguo sistema constituía Ayuda de Estado, y si en su caso era sobre-compensado o no. El Gobierno puede defender con buenos argumentos que no eran Ayudas de Estado, y si finalmente no estuviera de acuerdo el TJUE con tal planteamiento, el Estado español debería argumentar que estas ayudas no estaban sobre-compensadas (por estar en línea con otros sistemas vigentes en este periodo).
Una vez aclarada la situación jurídica, el TJUE dejaría claro que la excepción a la confianza legítima en su vertiente europea, invocada por la Comisión Europea en su Decisión, no es aplicable aquí, y tendría que extender las pautas necesarias a la Audiencia Nacional en España para interpretar este principio correctamente en los recortes retributivos ocurridos en España. Anticipo que la interpretación no se iría mucho de la interpretación en los Laudos Arbitrales, y que el Estado español los tiene por perder.
Alternativamente, el Gobierno podría modificar la disposición derogatoria única y la disposición final segunda del Real Decreto–Ley 9/2013, y en su rebufo también el Real Decreto–Ley 14/2010 para destacar las disposiciones más importantes, sin perjuicio que algunas otras disposiciones pudieran sufrir ligeras modificaciones, y todo ello con el único fin de ahorrarse mucho más dinero que en la opción judicial / arbitrajes. Es lo que el ahora presidente Pedro Sanchez ya prometía en 2014, que se respetaría el Real Decreto 661/2007 una vez que estuviera gobernando.
Además el problema con las sentencias arbitrales es que obligan al Gobierno a liquidar ya a día de hoy todo el daño sufrido por las instalaciones durante su vida útil. Hay que sumar a ello la defensa ante estos tribunales, que cuesta millonadas cada vez. Si el Gobierno modificara la regulación como sugiero, de golpe sólo se re-liquidarían los años de vigencia del sistema actual, siendo esto mucho menos costoso que la opción de indemnizar a todo un sector por todo el daño que sufrirá de forma cumulada por este sistema. El nuevo sistema retributivo seguirá en pie para la potencia adjudicada en las recientes subastas, así tampoco afectará la seguridad jurídica de éstas. Si el Gobierno rectificara ahora la seguridad jurídica del país, su personación en el ya mencionado procedimiento T-186/18 ante el Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sería una buena oportunidad para pasar por el análisis de la Comisión Europea y, espero, ratificar esta rectificación en términos de Ayuda de Estado, de este modo revistiéndolo todo también con la máxima seguridad jurídica Europea.
Hay un grupo de aproximadamente 465 instalaciones fotovoltaicas pequeñas, generalmente propiedad de familias y pymes que han sido inspeccionadas, de las cuales unas 65 han sido expulsadas completamente del sistema retributivo por haber cumplido con retraso a su conexión unos requisitos que se concretaron posteriormente a esa conexión, y estos casos tampoco alcanzaron todavía el TJUE. Su expulsión del sistema no está en ninguna proporcionalidad con estos incumplimientos, y en este caso propondría una modificación del Real Decreto 1003/2010 en el sentido que estas instalaciones tendrían que migrar al sistema retributivo que hubiesen percibido si se hubieran conectado realmente fuera de la aplicabilidad de los plazos que les eran aplicables a estas instalaciones. El coste que tendría esta operación para el sistema eléctrico apenas se notaría en su conjunto, mientras que a las personas que están detrás de estas situaciones se les evitaría la ruina. Lo comentamos en el despacho de José Blanco durante mi último viaje a Bruselas, y él dijo que la llave aquí la tiene el gobierno, siendo según su óptica una modificación normativa la única solución al problema.
Con ello el Gobierno habría demostrado que el Estado de Derecho de la nación es resiliente, y con ello habría recapitalizado en el activo intangible más importante para la transición energética, que ha empezado tímidamente a coger masa crítica en España. De este modo podremos acceder al capital en los mismos términos económicos que otras civilizaciones europeas, sin tener que pagar la prima de riesgo que pagamos ahora. Sería una gran inversión en capital que dará su retorno a todos los ciudadanos de España y, por supuesto, al medio ambiente, de manera muy tangible.
De este modo, tampoco habrá ningún problema para que nuestro nuevo Gobierno mantenga la publicidad del Tesoro Público, que nos promete un futuro perfecto.
