Cuando el gobierno contrató dos consultoras de reconocido prestigio para elaborar los nuevos estándares para el nuevo sistema de retribución de los renovables ya tenía muy claro que iba a tener que defenderse: la contratación de estas consultoras incluye la defensa legal del nuevo sistema en los tribunales.
Esta semana el segundo en Industria ha mostrado desdén hacía los abogados, dice que no entiende porque tienen que captarse clientes antes de que se haya aprobado la norma. Yo de él diría lo mismo, claro, siempre es mejor que los recurrentes actúen de forma precipitada y no de forma organizada. Mejor incluso que se callen y no se defiendan, ya que la norma es tan buena y el Sr. Nadal está bien tranquilo con ella.
El Sr. Soria también está muy tranquilo con la norma, con toda naturalidad nos explica en la rueda de prensa que la rentabilidad razonable que según él ha avalado el Tribunal Supremo de nuestro país es tan dinámica que se sitúa ahora en el 5,8%, y no en el 7,5%, para seguidamente ser desmentido por su propio ministerio.
En su día el anterior ministro del entonces MiTYC ya había contratado por una suma millonaria al despacho Herbert Smith para defenderse contra toda la ola litigiosa que le vendría encima por los recortes aprobados por su gobierno. Quizá deberían hablar Soria & Nadal con estos abogados, a ver si queda algo de presupuesto, porque se dice que las consultoras antes mencionada ya no quieren defender la nueva norma, alegando que no tiene nada que ver con el trabajo que hicieron ellos. No me sorprendería, las diferentes versiones de los borradores de la todavía pendiente orden ministerial tampoco tenían que ver mucho entre ellas. A lo mejor el ministro tenía alguna versión más en su mente durante la rueda de prensa.
La versión final del paquete completo sí o sí ha salido con taras. La madre de esta reforma es el Real Decreto Ley 9/2013, los borradores de su regulación específica ya salieron con su aprobación, pero han tardado casi un año en aprobarse, de momento incluso sólo de forma parcial. Esta forma de proceder cuestiona muy seriamente la base constitucional de la norma madre, ya que si tanta urgencia hay difícilmente se puede justificar esta tardanza. Si el sistema ha podido asumir tanto pago a cuenta el problema de liquidez que tenía que solventar el Real Decreto Ley 9/2013 no era tan urgente.
Dejando al lado la cuestión constitucional de la urgencia también es cuestionable si el Real Decreto Ley 9/2013 tiene la concreción suficiente para soportar la pretensión del nuevo Real Decreto de Renovables. Si un juez decidiese que no, el periodo de aplicabilidad retroactiva, es decir, el periodo desde el 14 de julio de 2013 hasta el domingo 8 de junio de 2014 no se mantendría en pie. Digo el 8 de junio suponiendo que el gobierno lo publique mañana, sábado 7 de junio, y no pierda el tiempo para publicarlo en el BOE como lo perdió en su tramitación.
Desde luego, asumiendo que la norma que se publica mañana será la que hemos visto en borrador la semana pasada, se verá infringida de forma flagrante la confianza legítima según el derecho europeo, como también la prohibición de arbitrariedad & discriminación y la obligación de objetividad en las normas. Una vez publicado el texto final en las próximas semanas iré escribiendo una seria monográfica en el blog de nuestro despacho sobre la jurisprudencia Europea sobre estos conceptos.
En este lugar iré informando sobre nuestro viaje a Bruselas a mediados de este mes, para reunirnos con la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Durante esta reunión hablaremos de las denuncias ya presentadas antes de escribir estas líneas, y de las denuncias de la nueva norma, ya preparadas en toda tranquilidad sobre borradores y una vez confirmadas con los textos del BOE enviadas a Bruselas.
