El éxito se debió a las políticas de desarrollo tecnológico que, en el marco de las tecnologías renovables, se conocen con el nombre de Feed-In-Tariff o FIT, que han convertido a países como Dinamarca o Alemania en indiscutibles líderes tecnológicos. Esta política fue copiada en España por el gobierno popular de Aznar y fue posteriormente desarrollada por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Al final del mandato socialista, y sobretodo en el nuevo gobierno popular, hemos visto cómo los políticos se plegaron a los designios del oligopolio eléctrico que experimentó, en su propia piel, cómo el sector de las renovables les iba comiendo terreno. Y destruyeron las políticas FIT, abocando a la práctica paralización del sector.
Ante la perspectiva de que España no alcanzaría los objetivos fijados por la UE para 2020, el gobierno popular se ha apresurado a convocar subastas para, dicen, continuar el desarrollo ‘ordenado’ de las renovables.
Pero ¿qué diferencia hay entre las políticas FIT y los mecanismos de subasta? Las dos son políticas de clara intervención en el mercado, por más que los fundamentalistas del mismo digan lo contrario. Así, mientras las primeras fijan los precios para cada tecnología, dejando que el mercado determine la potencia a instalar, las segundas fijan la potencia a instalar y dejan que el mercado determine los precios.
Las políticas FIT son políticas para el desarrollo tecnológico de las distintas tecnologías de generación de electricidad mediante fuentes renovables. Se basan en: a) prioridad de acceso a la red de la electricidad renovable, b) obligación de las empresas distribuidoras a comprar la electricidad generada mediante renovables, y c) fijación de un precio mínimo para el kWh generado con renovables, de manera que garantice un retorno razonable para que sea atractivo para los inversores y los usuarios.
En el momento en que un país decide impulsar políticas FIT, es básico que se tenga en cuenta el distinto grado de madurez de cada tecnología específica. Por ello, también deben ser distintos los precios de generación que se determinen para cada tecnología. Y una vez fijados los precios, se deja que el mercado decida libremente la potencia a instalar para cada tecnología. Pero lo más importante de las políticas FIT es que los políticos, y sus equipos técnicos, sean capaces de ir ajustando los precios a lo largo del tiempo en función de cómo vayan evolucionando las respectivas curvas de aprendizaje de cada tecnología. Y eso fue precisamente lo que no supieron, o no quisieron, hacer los gobiernos del Reino de España.
En las políticas FIT, el precio fijado del kWh generado para cada tecnología no es una garantía de nada, sino que es un objetivo, ya que el gobierno no promete a los inversores o usuarios que el viento va a soplar o que el Sol va a brillar, pues el retorno de la inversión está ligado al número de kWh producidos. Los inversores o usuarios corren con el riesgo empresarial de que la tecnología escogida no funcione adecuadamente, tenga fallos o que el emplazamiento escogido no cumpla las expectativas.
La gran ventaja de las políticas FIT es que promueven y garantizan la libertad de entrada en el mercado de múltiples y variados actores, rompiendo el tradicional monopolio u oligopolio que domina el sector eléctrico. En el caso de un país que quiera caminar por la vía de la transición energética hacia el 100% renovable, es absolutamente necesario: 1) que se facilite la entrada de nuevos actores en el mercado para romper el dominio que sobre él ejercen unas pocas empresas y 2) que las reglas de este juego no las dicten las grandes corporaciones del negocio eléctrico, sino que estén inspiradas en el bien común.
Evitar sentirse culpables
Las subastas, que tan en boca están de los supuestos defensores del denominado ‘mercado libre’, son el mecanismo que España empieza a instaurar, siguiendo las orientaciones actuales de la Comisión Europea, que desde hace tiempo viene poniendo de manifiesto su oposición a las políticas FIT. El encanto de las subastas subyace en el hecho de que los gobiernos y sus asesores técnicos se libran de la ‘carga’ de tener que determinar los precios (y evitar ser criticados y/o ser vistos como los ‘culpables’ de los incumplimientos de los objetivos). Suelen manifestar que ‘el mercado tiene más conocimiento’ y, por tanto, ‘sabe fijar mejor los precios’.
Pero, ¿qué hay de realidad en ello? En numerosos países donde se han utilizado las subastas, si bien pueden determinar precios inferiores (debido a mejores condiciones eólicas o solares), muchas veces ello se traduce en el hecho de que los proyectos no llegan a materializarse, ya que para ganar se hacen ofertas con bajas temerarias. Por eso, las subastas van siempre acompañadas con el requerimiento de que los participantes deban depositar fianzas, muchas veces de cuantías muy importantes. Los gobiernos que las convocan intentar evitar con ello (infructuosamente la mayoría de las veces) que los participantes hagan ofertas que no permitan materializar el proyecto.
Ello hace que solo participen en las subastas grandes empresas que dispongan de una gran liquidez, cosa que acaba facilitando la reproducción de las estructuras oligopolísticas o monopolísticas. En general, la experiencia ha demostrado que las subastas tienden a producir un gran número de perdedores y un muy pequeño número de ganadores, manteniendo la estructura de dominio, en base a grandes empresas, que ha caracterizado al sector de la electricidad en el siglo pasado.
Las subastas, como mecanismo de desarrollo de las tecnologías para el aprovechamiento de la energía contenida en los flujos biosféricos, son una clara manifestación de la incompetencia política de las castas tecno-burocráticas, que suelen dominar los aparatos del Estado, sobretodo cuando los Parlamentos dejan de ejercer su función política. Y, por tanto, las subastas son una clara barrera al surgimiento y expansión de la democracia energÉTICA.
Solo con la democracia energÉTICA será posible materializar un sistema energético al servicio de la ciudadanía, que no solo garantice el derecho a escoger entre un suministro energético limpio y uno sucio, sino que también garantice a las personas, de forma individual o colectiva, el ejercicio de su derecho a la apropiación social de las tecnologías necesarias para captar, transformar y usar la energía, libre y gratuita, contenida en los flujos biosféricos y litosféricos que tan generosamente nos ofrece nuestro planeta.
