En 1997 el Estado español traspuso la Directiva europea de liberalización del mercado eléctrico. Ello conllevó que los monopolios, existentes hasta entonces, tuvieran que transformarse, cosa que no se hizo sin que ellos recibieran del Estado multimillonarias compensaciones económicas (los denominados ‘costes de transición a la competencia’ o CTC).
A cambio, los antiguos monopolios se dividieron en empresas jurídicamente independientes. Así aparecieron las empresas de generación, de transporte, de distribución y de comercialización de energía. Uno de los objetivos de la directiva europea era aumentar la competencia en un mercado, como el energético, donde era inexistente. Otro objetivo, era aumentar la transparencia del sector eléctrico, cosa imprescindible para facilitar la aparición de más actores en el mercado de la electricidad.
Pues bien, doce años después se puede hacer una evaluación de si los objetivos perseguidos se han cumplido. Veámoslo: en el momento de la liberalización existían 14 monopolios territoriales verticalmente integrados que generaban, transportaban, distribuían y comercializaban la mayor parte de la energía eléctrica (91% de la potencia instalada y 88% de la energía generada) que se consumía entonces en España. Hoy, los antiguos monopolios, se han transformado básicamente en cuatro grupos (Endesa, Iberdrola, EDP-Hidrocantábrico y Gas Natural Fenosa), que integran actividades de generación, distribución y comercialización.
Si bien cada actividad la realizan empresas con personalidad jurídica propia y diferenciada, en la práctica, cada grupo dispone de su correspondiente empresa generadora, distribuidora y comercializadora, integradas en el grupo matriz, constituyéndose, en la práctica, en oligopolios. Ello ha conllevado que, en realidad, el objetivo de la Directiva europea de aumentar la competencia se haya desvirtuado completamente. Y ello, con la complicidad activa (y/o incompetencia) de nuestros gobernantes, que han creado un marco legislativo que lo permite y tolera.
Y la principal perjudicada de todo ello ha sido la ciudadanía (individual y colectivamente) pues si bien, en la Ley 54/1997 veía reconocido el derecho a ser actor energético, en la práctica, se le ponían incontables dificultades y barreras para llegar a serlo de forma efectiva y democrática. Ello se ha traducido en una carencia total de apropiación social de las tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables.
El resultado es que hoy en España, con pequeñas y honrosas excepciones, la ciudadanía no participa en la propiedad de las instalaciones de energías renovables (a diferencia de Alemania donde una parte considerable de la nueva potencia instalada renovable es de propiedad ciudadana) y, en la práctica, hasta muy recientemente los hogares españoles han visto negado su derecho a ser clientes de comercializadoras que garantizan un suministro de electricidad verde al 100%.
Con la oferta, desde enero de 2011, de electricidad verde a nivel doméstico de la empresa comercializadora Gesternova –creada por la Asociación de Productores de Energía Renovable, APPA-, y con la creación de la cooperativa catalana Som Energia a finales de 2011, se abrió la posibilidad para que la ciudadanía, indignada o no con los oligopolios, pudiera abandonar las empresas comercializadoras y dejar de favorecer, con su dinero, la generación sucia y contaminante (fósil y nuclear) y apoyar, con su dinero, aquellas comercializadoras que han hecho la opción por la energía verde al 100%.
Por lo que se refiere a la participación ciudadana en la propiedad de las instalaciones de generación renovable, son muy pocas a nivel colectivo y algunas más a nivel individual, pero poco significativas a nivel de potencia instalada, si se compara con la potencia total instalada en las diferentes tecnologías renovables.
Las consecuencias de todo ello son hoy evidentes: empobrecimiento de las comunidades locales a todos los niveles (pues lo que se paga a las comercializadoras de los oligopolios por la energía utilizada no beneficia en absoluto a la comunidad local, ya que el dinero sale de la comunidad para ir al bolsillo de los oligopolios eléctricos) y una transferencia de dinero hacia fuera del país (debido a las masivas importaciones de productos energéticos como son los combustibles fósiles y nucleares).
Para hacer efectivo un mercado realmente libre de energía, se requiere la activación de la ciudadanía a todos los niveles. ¿Cómo? Propongo dos líneas de actuación. Una, practicando la resistencia frente a los abusos de los oligopolios, por ejemplo, abandonando las comercializadoras de los grupos oligopolísticos que venden electricidad sucia para pasar a ser clientes libres de aquellas comercializadoras que venden solo electricidad verde al 100% (cosa que puede hacer cualquier ciudadano, familia o empresa española).
Y una segunda, practicando la innovación social: creando, cuantas más mejor, plantas de generación de electricidad ‘rebeldes’ (cosa que puede y es capaz de hacer hoy el sector más dinámico de la sociedad), pues existe la tecnología para materializarlo (desde la captación de las fuentes renovables, hasta su uso final directo, pasando por los sistemas de control y medida de la energía generada).
Estoy convencido que solo asumiendo la responsabilidad ciudadana de ser activos en el campo de la energía, contribuiremos a la existencia de un mercado eléctrico realmente libre y democrático, cosa en la cual debería estar interesado cualquier gobierno, pues tiene la obligación de contribuir a su creación y desarrollo. Podría demostrarlo en la práctica, por ejemplo, haciendo que las redes de distribución, hoy propiedad de los oligopolios y a su servicio, pasen a estar al servicio de la sociedad en su conjunto (titularidad pública y gestión privada mediante empresas que no tengan ninguna relación ni con la generación, ni con la comercialización) garantizando así la neutralidad de las mismas.
