En los últimos años y a consecuencia de las políticas serviciales que los gobiernos del Estado español han llevado a cabo favoreciendo los intereses de los oligopolios de la energía, se ha puesto al descubierto una situación que permanecía oculta y a la que no se daba ninguna importancia. Esta realidad, que se ha bautizado con el nombre de pobreza o precariedad energética, está siendo combatida por diversos movimientos ciudadanos, que han reaccionado haciendo bandera del derecho a la energía.
Si bien es cierto que hoy en día para garantizar el derecho a una vida digna se requiere disponer de una determinada cantidad de energía, también es cierto que la economía energética fósil-nuclear ha demostrado a lo largo del siglo XX, su manifiesta incapacidad para garantizar el derecho a la energía, con lo cual viola el derecho humano a una vida digna. Como muy sabiamente se concluyó en la declaración final de la World Renewable Energy Assembly - WREA2005 (Bonn, noviembre 2005), solo las energías renovables pueden garantizar el derecho a la energía.
Pero para hacer realidad el hecho de que las personas puedan cubrir sus necesidades de energía mediante las tecnologías de las energías renovables, son necesarios una serie de requisitos:
1) que la energía deje de ser considerada una mercancía y se la considere un bien común.
2) que el derecho de las personas y comunidades a captar, transformar y utilizar la energía contenida en los flujos biosféricos y litosféricos, para gozar de una vida plena y saludable, quede inscrito en los textos constitucionales.
3) que las personas asuman las responsabilidades asociadas a la captación, transformación y uso de la energía contenida en los flujos biosféricos y litosféricos.
Así pues, derechos y responsabilidades. No es ético reivindicar derechos sin decir nada sobre o sin asumir responsabilidades.
Los derechos energéticos básicos necesarios para consolidar un sistema energético descentralizado o distribuido, eficiente, seguro, limpio y renovable podrían ser:
• El derecho a saber el origen de la energía que cada uno utiliza
• El derecho a saber los efectos ecológicos y sociales de los sistemas energéticos que hacen posible el suministro de energía a cada usuario final de servicios energéticos.
• El derecho a captar las fuentes de energía que se manifiestan en el lugar donde se vive.
• El derecho a generar su propia energía.
• El derecho de acceso justo a las redes.
• El derecho a introducir a las redes la energía generada in-situ.
• El derecho a una remuneración justa por la energía introducida en las redes.
Estos derechos deben ir acompañados de un conjunto de responsabilidades:
• La responsabilidad de informarse.
• La responsabilidad de exigir información.
• La responsabilidad de generar la energía con las tecnologías de generación más eficientes y más limpias disponibles y al alcance.
• La responsabilidad de utilizar las tecnologías de uso final de la energía más eficientes y al alcance.
• La responsabilidad de utilizar la energía generada con sentido común y evitando derroches de todo tipo.
• La responsabilidad de autolimitación en el uso de cualquier forma de energía.
• La responsabilidad de ser solidario con aquellas sociedades más desfavorecidas por lo que respecta tanto a la generación como al uso final de la energía.
Garantizar estos derechos debería ser una de las tareas a las cuales los gobiernos otorgaran la más absoluta prioridad. Ejercer estas responsabilidades debería ser considerado como el deber primordial de las personas responsables que vivimos en un planeta donde el Sol es la fuente de energía de la cual dependemos.
Adecuar los estilos de vida a los flujos de la energía solar (energía solar directa y sus formas indirectas) es un aprendizaje, que cuanto más pronto se vaya realizando, menos costes de todo tipo deberán soportar los humanos para poder ir viviendo en las sociedades que han creado en el marco de este bonito planeta que nos acoge, pues las sociedades humanas siempre han necesitado, necesitan y necesitar-an energía para vivir dignamente en el planeta Tierra.
