“La previsibilidad y la seguridad jurídica va a venir dada por la Directiva de Renovables, que será ratificada el próximo mes”, decía ayer José Blanco, europarlamentario socialista y ponente de esa Directiva. Se refería a los compromisos de España con el objetivo del 20% para 2020. “No es una opción, es una obligación. En todo caso, España no está entre los países señalados como posibles incumplidores de ese objetivo”, dijo.
Pero esa afirmación de que “la previsibilidad y la seguridad jurídica” van a venir de Europa es también una respuesta para lo que puede pasar si quienes están hoy en el Gobierno dejan de estarlo y vuelven quienes aprobaron el marco regulatorio del Real Decreto 900/2015 y el impuesto al Sol. Porque la Directiva de Energías Renovables va a ser la guía a seguir en la transformación del sistema energético europeo en los próximos años. Porque se ha establecido el objetivo de llegar al 32% de la energía final con fuentes renovables en 2030. Y porque prohíbe tajantemente el impuesto al Sol. Por cierto, Blanco está convencido de que “cuando llegue 2030 habremos superado ese objetivo del 32% porque las tecnologías renovables serán cada vez más baratas y competitivas”.
Hay otra variable a tener en cuenta. La aprobación de una regulación supone ya un marco jurídico que hay que cumplir. Y que habría que cambiar con otra mayoría parlamentaria. Por eso, la convalidación ayer en el Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley 15/2018, y el acuerdo para tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, son tan importantes.
En la mesa del #Renovables2018 estaban también Carmen Becerril, presidenta de OMEL, el operador del mercado eléctrico. Y Joan Herrera, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Para Becerril, “es impensable que España incumpla el objetivo a 2020. Pero tenemos que ser conscientes de que los atracones nunca son buenos. Y tenemos que pasar de la nada a desarrollar los 9.000 MW adjudicados en las subastas de 2016 y 2017”.
También insistió en que “tenemos que ir a un mercado eléctrico más acoplado. Y para eso se necesita planificación e interconexión. Porque vamos a un claro incremento de la demanda motivado por la electrificación de la economía. Lo que producirá cambios en las curvas de demanda y en la formación de precios”. Según Becerril, “hasta que no se produzca un nivel de penetración de renovables completo habrá volatilidad en los mercados por la entrada de componente térmico –gas y carbón– que empuja los precios hacia arriba”.
Joan Herrera también habló de la “necesidad de replantear el modelo de subastas para evitar atracones y volatilidad de precios. Pero también por otro motivo: con atracones nunca seremos capaces de hacer una política industrial. Y tenemos aún que invertir mucho en gestión de la demanda, agregación, almacenamiento. Dicho de otro modo, en I+D+i en gestionabilidad”.
Para el director del IDAE, “lo más relevante es el autoconsumo compartido porque se pueden establecer estrategias que combinen diferentes tecnologías renovables, como la fotovoltaica con la minieólica. Además se empodera a la ciudadanía y se crea conciencia energética entre la gente, al ser ellos los propios generadores de su energía”. Herrera cree que “estamos en un terreno precioso. El marco normativo del RDL 15/2018 unido al Real Decreto de Acceso y Conexión, que esperamos tener antes de final de año, van a permitir el desarrollo de una política industrial”. Y coincide con José Blanco en que “la mejor seguridad jurídica nos la da el marco normativo europeo”.
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