“Esta ley supone un importante punto de partida para iniciar una profunda transformación de nuestro país hacia una economía totalmente descarbonizada". Es la valoración del secretario general de la asociación ambientalista WWF, Juan Carlos del Olmo, que le pide al Gobierno que aproveche "la oportunidad que nos brindan los fondos Next Generation que nuestro país va a comenzar a recibir en breve para acelerar esta transformación y lograr una transición verde y justa". WWF ha reclamado, junto a otros grupos ecologistas, unos objetivos más ambiciosos, pues la asociación del oso panda considera que el -23% está muy lejos de la reducción de emisiones debida, pero, aunque critica esa escasa ambición, se muestra esperanzada en que los mecanismos de revisión que han sido incluidos en la propia ley (revisión obligatoria de ese porcentaje en 2023) "permitan acelerar estas metas para ajustarlas lo antes posible a lo que la ciencia demanda y lograr que la descarbonización plena se produzca antes de 2050”.
Entre los "muchos elementos muy potentes y novedosos de transformación" que incluye la ley, el secretario general de WWF destaca (1) el establecimiento, obligatorio, de zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes; (2) la finalización de explotaciones de hidrocarburos o de la minería de uranio (la ley prohíbe ese tipo de explotaciones), (3) el impulso a la renovación de edificios, (4) la protección ante el impacto del cambio climático de la costa, (5) el impulso a las finanzas sostenibles y (6) la obligatoriedad de establecer "áreas de exclusión para nuevas instalaciones energéticas, de manera que se garantice que no impacten en la biodiversidad”.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF: “felicitamos al gobierno y a todos los partidos políticos que han contribuido a mejorar este texto de ley y que lo han apoyado y les emplazamos a seguir trabajando en su desarrollo e implementación, porque esta ley es el punto de partida del largo camino que tenemos por delante en la batalla contra el cambio climático”
Mar Asunción, responsable de Clima y Energía de WWF: "la Ley del clima sienta los cimientos para una recuperación sostenible. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluye muchas medidas que, sin duda, supondrán un avance respecto a la situación actual, y lanza un mensaje a los sectores económicos subrayando la necesidad de integrar en sus prácticas la reducción de emisiones de GEI. Sin embargo, se queda corta en ambición"
En un artículo de opinión publicado en wwf.es, Mar Asunción señala las diez claves de comprensión de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que hoy aprueba el Congreso. Sintetizamos a continuación esas diez líneas de aproximación crítica que ha perfilado la experta en clima y energía de WWF.
• La ley contempla la neutralidad climática a más tardar en 2050, es decir, que para esa fecha no podrán emitirse más gases de efecto invernadero que lo que los sumideros naturales, como bosques, mares y humedales, puedan absorber. Si bien es un paso en la buena dirección -señala Mar-, desde WWF consideramos que se deben establecer las medidas necesarias para que dicha neutralidad se consiga en 2040, al ser España un país desarrollado y, por tanto, con mayor capacidad y responsabilidad en la reducción de emisiones que los países en desarrollo.
• Hay que condicionar la asignación de los fondos de recuperación a la aceleración de la descarbonización. Por ejemplo -señala la experta de WWF-, en lo concerniente a la movilidad, la ley señala que para 2040 los vehículos ligeros deberán ser cero emisiones, y WWF considera que es factible adelantar esa fecha a 2030, incentivando con los fondos de recuperación. En este sentido, valoramos positivamente el establecimiento de zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2023 y la instalación de puntos de recarga eléctrica en estaciones de servicio y en la edificación nueva.
• Vemos con preocupación -alerta Mar Asunción- el fomento de gases renovables (biogás, biometano y el hidrógeno) en el transporte y la inyección de estos en las redes de gas natural, ya que consideramos que puede suponer la permanencia de este combustible fósil en la matriz energética y, por tanto, retrasar la descarbonización. Además, abre la puerta a la utilización de estos combustibles alternativos para todo tipo de transporte, cuando deberían quedar relegados a aquellos como el aéreo o el transporte pesado, donde no es factible la electrificación, que es más eficiente.
• También consideramos muy inapropiado que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética contenga un artículo sobre ayudas a productos energéticos de origen fósil, y que la condición que se establece para la aplicación de dichos beneficios fiscales sea tan genérica como “estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o la inexistencia de alternativas tecnológicas”, si bien establece que habrá un calendario de revisión. No obstante, sí saludamos la disposición relativa a la desinversión por parte de la Administración General del Estado en productos energéticos de origen fósil, estableciendo un calendario para ello.
• Asunción considera "uno de los artículos más positivos que recoge la ley" aquel que se refiere a la denegación de nuevas autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos y de minerales radiactivos, que lanza un claro mensaje para poner fin a las nuevas explotaciones fósiles y nucleares.
• Muy importante ha sido también considerar la necesidad de adaptación al cambio climático de nuestra costa, uno de los espacios más sensibles, a través de la planificación y gestión del dominio público marítimo terrestre, en el que se evita alargar innecesariamente la duración de las concesiones establecidas por la ley de costas, pese a las fuertes presiones de ciertos sectores y territorios.
• Otros avances que recoge es el establecimiento de zonas de sensibilidad y exclusión, por su importancia para la biodiversidad, de las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. También se contempla que parte de la riqueza que generen estas instalaciones se revierta en el propio territorio para activar su economía y combatir el declive demográfico. Asimismo se recoge la priorización de adaptación basada en ecosistemas y las Soluciones Basadas en la Naturaleza.
• También la ley marca un hito para que las empresas, entidades financieras y aseguradoras tengan que integrar el riesgo climático en sus decisiones, e informar sobre las medidas que adopten para hacer frente a dichos riesgos. Además, en el caso de las entidades de crédito deberán publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París. Asimismo, El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones deberán presentar al Parlamento un informe de evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo, así como del grado de alineamiento con el Acuerdo de París. De este modo, se sientan las bases para que los flujos financieros se reconduzcan hacia la descarbonización.
• Además, la ley establece criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono en la contratación pública, incluida la relacionada con una alimentación sostenible y saludable, y las edificaciones de la Administración General del Estado.
• También incentiva la rehabilitación energética y el autoconsumo con la propuesta de modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.
En resumen, WWF considera que la ley establece unos ciertos cimientos y que "ahora lo importante es construir el edificio", que debe ser, según la oenegé, "la casa de todos: sostenible y resiliente al cambio climático". Para ello, WWF considera fundamental "que los planes y estrategias que emanen de ella, así como otras leyes relacionadas, aprovechen todas las oportunidades para acelerar la descarbonización, utilizando todos los recursos posibles y haciendo un uso condicionado a ello de los fondos de recuperación económica Next Generation”.
