El tema lo he comentado muchas veces pero dada la insistencia de muchos en decir que la electricidad es cara creo que conviene hacer algunas puntualizaciones.
Veamos primero el valor
Quiero empezar dejando claro, de una vez por todas, que la electricidad es una forma energética de muy alta calidad (la mejor) pero que tiene algunos pequeños inconvenientes que se van solucionando poco a poco y de muy diversas maneras. No se pueden simplificar demasiado estas cuestiones por lo que lo explicaré en otro lugar.
Ahora sólo quiero destacar para qué sirve un kilovatio hora (kWh; multiplicado por hora, no dividido).
Pues bien, un kWh de electricidad sirve –por ejemplo- para accionar el motor de un ascensor que suba 76 veces a una persona de 80 kg hasta el cuerpo de campanas (60,45 metros) de la Giralda. Y eso cuesta a un usuario normal del orden de 20 céntimos de euro. Creo que sobran los comentarios. La electricidad sirve para muchas más cosas: dar luz, accionar un equipo de aire acondicionado para producir calor o frío, que funcione un frigorífico, una lavadora, un lavavajillas, el televisor, el ordenador y un largo etcétera que todos conocemos.
Eso es el valor.
Veamos ahora el precio
En España, según todo el mundo, es muy caro. Ya he dicho que del orden de 20 céntimos de euro el kWh. Eso ¿es mucho o poco? Para el que paga siempre es mucho; para el que cobra es probable que le parezca poco. Quizás influya en la apreciación el hecho de que quien paga siempre es uno solo y los que cobran son varios: el que transporta, procesa y vende la materia prima, el que genera la electricidad, el que la transporta, el que la distribuye, el que la comercializa, el que la gestiona, el estado que cobra los impuestos; en fin muchos agentes y muy diversos.
Cuestión aparte es que el precio final sea justo. De la misma manera que un kilo de tomates no le cuesta al comprador final ni lo que vale ni lo que le ha costado al agricultor producirlo. Algo parecido pasa con los combustibles. En el caso de la electricidad es relativamente similar. Para entenderlo bien empecemos por describir –someramente, claro- cómo se forma el precio que paga el usuario.
Primero, ¿cuánto cuesta generar ese kWh de electricidad? Por supuesto, depende de la forma energética y la tecnología que empleemos para ello. Si es con una gran central hidroeléctrica, del orden de 0,3 céntimos de euro el kWh; si es con una central nuclear, del orden de 1,8 c€/kWh (hay que pagar el combustible nuclear); si es con una instalación fotovoltaica, prácticamente cero, lo mismo que si procede de un parque eólico. Tratar el asunto en toda su complejidad no es nada fácil pero para que se entienda el sentido de lo que quiero decir, reproduzco un párrafo de un informe de la CNE (Comisión Nacional de la Energía) del año 2008:
“… la apertura de una importante brecha entre los precios que determina el mercado para la generación de la electricidad y los costes de generar esa misma electricidad.”
En los dos casos que he citado he supuesto que las instalaciones correspondientes están ya amortizadas, circunstancia que ocurre de manera muy diferente en cada caso. Pero no entro de momento en los detalles. Si la central eléctrica se alimenta con carbón o con gas natural el coste del kWh es muy superior (6,893 céntimos de euro el ciclo combinado con gas natural, 5,816 c€ las de carbón) como consecuencia sobre todo de que hay que pagar el combustible al precio que esté en el mercado. Aparte del mayor coste hay que tener en cuenta el nivel de contaminación que producen y que hay que pagar aparte (15,38 €/tCO2 en julio de 2018).
En el fondo eso que he comentado no es lo más importante en el precio que tiene que pagar el consumidor. Lamentablemente, en el sistema eléctrico español cada kWh que entra en el sistema se paga a la empresa que lo produce el precio del más caro, aproximadamente 6 céntimos de euro, que es el generado en una central de gas natural.
En todos esos números no podemos olvidarnos del que he dado como referencia: los aproximadamente 20 céntimos de euro que le cuesta al usuario. Es decir el kWh entra en el mercado a 6 céntimos y llega al consumidor a 20.
¿Por qué ocurre eso? Hay razones más o menos justificadas y otras que no lo son tanto.
Este aberrante sistema de valoración es obvio que habría que cambiarlo aproximándonos al sistema anterior a la ley 54/97 que introdujo el primer gobierno de Aznar. Aquel sistema anterior a esa ley del sector eléctrico se llamaba “marco legal estable”, según el cual era el Gobierno el que fijaba el precio del kWh pagando a cada productor lo que se establecía que le costaba producirlo amén de un beneficio razonable y teniendo en cuenta también la amortización de las inversiones.
El sistema de valoración actual es el que permite los llamados “windfall profit” o beneficios “caídos del cielo” que suponen del orden de 3800 millones de euros cada año para las nucleares y las grandes hidroeléctricas (18739 millones de euros entre 2006 y 2010 según la CNE). Es obvio que si no hubiera esos beneficios ilógicos no habría el llamado déficit de tarifa. De hecho, la CNE en su referido informe de 2008 dice textualmente en sus conclusiones:
“Esta diferencia o margen entre ingresos y costes se distribuye de manera desigual, correspondiendo la mayor parte (entre 550 y 110 millones de euros) a las tecnologías nuclear e hidroeléctrica”.
“Se señala que el monto de todas las primas del régimen especial supondrá, en el mismo 3er trimestre de 2008, 600 millones de euros, cifra muy inferior a la diferencia estimada entre precios y costes de la generación del régimen ordinario”. Es evidente lo que vengo diciendo hace mucho tiempo: que la responsabilidad del déficit de tarifa no son las primas del régimen especial sino los sobrebeneficios de la nuclear y las grandes hidroeléctricas.
Peajes
Pero vamos a lo que es más importante para el precio final de la electricidad, los llamados peajes (en realidad peajes de acceso más otros pagos regulados), que incluyen muchas cosas. Aunque sin entrar en demasiados detalles, esos “costes” del sistema se trasladan al recibo y suponen del orden del 50 % del total de la factura. En el año 2017 supusieron 17.967.980 millones de euros que, si los dividimos por los 29.060.973 consumidores de baja y alta tensión, supone que los pagamos a razón de 618,285 euros de media al año por esos conceptos.
Los peajes de acceso están regulados por el Gobierno y en la factura que pagamos los consumidores están incluidos en los términos de potencia y en los de energía, por lo cual no nos damos cuenta muy bien de qué son y cuánto significan. Voy a intentar aclarar algo, siendo muy consciente de lo difícil que es por la opacidad del sistema (a pesar del esfuerzo de la CNMC), que es lo primero que habría que resolver aunque me temo que eso va a ser muy difícil de conseguir.
Bueno, vamos al “grano” (todos los datos se han obtenido de los informes correspondientes de la CNMC):
• El transporte. Que la electricidad generada en una central normalmente alejada de los centros de consumo hay que hacerla llegar al consumidor es una obviedad. ¿Cuánto cuesta eso? En el año 2017 se pagaron por ese concepto 1735 millones de euros y no varía mucho con los años.
Pero yo me pregunto: ¿es que las líneas y demás instalaciones de transporte no se amortizan nunca? Me suena a cuento chino para mantener a REE, entidad que, por otra parte, está muy bien y hace un trabajo imprescindible. Creo, sin embargo, que una comisión de expertos independientes debería revisar periódicamente las cuentas y hacernos saber de manera clara cuándo se amortizan esas inversiones.
• La distribución. ¿Que las redes que hacen que la electricidad llegue finalmente a mi casa tiene un valor y su mantenimiento un coste? Es evidente. Pero habría que preguntarse ¿de quién son esas redes?¿quién las ha pagado? ¿las empresas que tienen hoy día la propiedad? Por favor. ¿A quién no le suena eso de “la acometida”?¿quién las pagaba”. Las instalaciones se hacen en buena parte a cargo de los usuarios y la empresa distribuidora es la que se apunta la propiedad. La verdad es que me parece uno de los mayores “tongos” del sistema y que también debería revisarse. Al día de hoy el sistema de distribución debería ser propiedad del Estado porque, de hecho, lo hemos pagado entre todos; y si no en este momento, habría que hacer unas previsiones claras. Ese coste debería reducirse casi a cero. Sin embargo, en 2017 por ese concepto pagamos 5158 millones de euros; y así desde hace muchos años.
• Retribución específica RECORE (REnovables, COgeneración, REsiduos). 6987 millones de euros en 2017 Este apartado incluye las “primas” a la generación con energías renovables (5610,553 millones de euros), con residuos y por cogeneración. Parece necesario que se diga que ese sistema lo estableció el primer gobierno de Aznar con el RD 2818/98 y lo acentuó con el RD 436/04, y no lo hizo un gobierno de Rodriguez Zapatero como habitualmente todo el mundo repite de manera automática aunque no sea verdad. Este asunto de las primas merece comentarios más detallados que ya he hecho en otras ocasiones. Por el momento sólo me quedo en la cantidad, por otra parte variable de un año a otro, puesto que depende de muchas circunstancias. Hay que decir que las instalaciones de renovables ya no reciben primas del sistema desde el año 2012 y que el Reino de España está recibiendo sentencias de los laudos internacionales por el mal gobierno que ha hecho de las primas por los que tiene que pagar cantidades importantes que –supongo- pagaremos los consumidores.
Tampoco está de más decir que si esa cantidad que se paga por el sistema para compensar sus beneficios ambientales entraran en el coste de generación los números finales se entenderían algo mejor.
• El tema del déficit también requiere un comentario más detallado. Por el momento me conformo con dar la cantidad, 2838 millones de euros en 2017. Y un breve recordatorio “histórico”. Este célebre déficit es, en realidad, un aplazamiento sistemático de una “deuda” de los consumidores con el sistema eléctrico que implantó el superministro de Economía de aquellos tiempos (año de elecciones, 2000) para no repercutir en la factura de la electricidad la subida de los costes de aquel momento, consecuencia del aumento de precios de los combustibles fósiles que alimentaban las centrales eléctricas de forma mayoritaria. En definitiva, esa cantidad (2838 millones de euros) es lo que los consumidores pagamos en 2017 para ir absorbiendo esa deuda que nos endosó el señor Rato.
• Retribución específica a sistemas no peninsulares (740,632 millones de euros en 2017) es la cantidad que pagamos los consumidores “peninsulares” porque la electricidad que ellos utilizan cuesta más cara que la de la península. En realidad es algo que nunca he entendido. Ya sé que es porque en las islas se genera una parte importante de la electricidad con grupos electrógenos alimentados con gasóleo y fuel. Pero lo que no entiendo es que teniendo recursos solares y eólicos en cantidades importantes no los utilicen. De la geotermia (la de verdad, en Lanzarote, por ejemplo) mejor no hablar. También infrautilizada.
• Servicio de interrumpibilidad. Son las cantidades que se pagan a ciertas empresas grandes consumidoras por admitir que no se les suministre electricidad en determinados momentos como consecuencia de desajustes del sistema. Personalmente me parece absurdo puesto que el sistema eléctrico español está muy sobredimensionado y no entiendo que pueda pasar lo que se dice. Pienso que son subvenciones encubiertas a esas empresas.
• Pagos por capacidad. 686,7 M€. Son pagos con los que se compensa a ciertas tecnologías (ciclos combinados sobre todo; pero no sólo) por tener disponibilidad de generar en momentos determinados en los que fallan otras formas de generación. Se justifica por la aleatoriedad de algunas renovables (eólica y fotovoltaica; la termosolar tiene cierta capacidad de almacenamiento, por lo que contribuye a la gestionabilidad del sistema).
• Retribución del operador del mercado (OMIE) y del operador del sistema (REE). Son cantidades de otro orden de magnitud y que están claramente justificadas.
Los impuestos
A la suma del coste de la electricidad que entra en el sistema y a los peajes de acceso hay que sumar los impuestos, que no son poca cosa. De hecho, el llamado “impuesto a la electricidad” es el 5,11 %, y a la suma de todo se le aplica el IVA que, en estos tiempos, es el 21 %. En total, en el año 2017 fueron 8390 millones de euros.
Resumen y conclusiones
El resumen evidente es que el sistema eléctrico es bastante complejo pero su gestión lo es mucho más. Pero, sobre todo, es muy opaco y confuso.
Pero hay un aspecto que destaca. Se dice que el sistema está liberalizado y que favorece la competitividad, como viene exigiendo la Unión Europea. Pues bien, los números dicen otra cosa: en números redondos, el coste de generar la electricidad es una cosa aunque no sabemos con seguridad cuánto es; lo que esa electricidad cuesta a los consumidores es otra (39258 millones de euros en 2017); los peajes de acceso son 17968 millones de euros y los impuestos, 8390 millones; la diferencia, 12900 millones de euros, es el valor de la electricidad en el mercado; lo que cuesta producirla es un misterio; todos los números corresponden a datos de 2017 aunque muchos de los cálculos los he hecho con información de otros años; eso sí, todos obtenidos de la CNMC.
Creo que se ha entendido que el gobierno controla directamente los dos últimos apartados (peajes e impuestos) e indirectamente el primero. Por tanto, es una falacia decir que el sistema está liberalizado, ya que la parte “regulada” (es decir, controlada directamente por el gobierno) es algo más de un 70%.
Las conclusiones son muy sencillas:
1 Si el Gobierno quiere puede reducir sustancialmente el precio de la electricidad. Es fácil y a cualquiera se le ocurre.
2 Es imprescindible ya un estudio en profundidad de costes y gastos del sistema para fijar un precio razonable que también tenga en cuenta el valor del producto.
3 Hay que pagar todos los gastos, una vez conocidos y certificados por un comité de expertos independientes de las empresas implicadas. Y hay que cargar esos gastos en el recibo pero puede hacerse recuperando en parte el concepto de servicio público que siempre tuvo la electricidad para evitar situaciones como las de pobreza energética y otras similares. Por supuesto las grandes empresas que tanto se benefician del sistema deben pagar lo que cuesta la electricidad que utilizan con un sobre cargo para compensar el servicio público que hay que atender desde el Estado.
Así pues, está claro que: la electricidad es demasiado cara en relación con lo que cuesta producirla pero es muy barata en relación con el servicio que nos presta.
