La manifestación, que tuvo lugar ayer en Ciudad de Guatemala, ha congregado, frente a la Embajada de España (foto), a un millar de indígenas de la etnia quekchí, que llegaron a la capital procedentes de Alta Verapaz para "reclamar una consulta comunitaria" y exigir una evaluación ambiental integral de los proyectos Renace. Lo cuenta la organización no gubernamental Alianza por la Solidaridad, que ha difundido hoy un comunicado en el que pide al Gobierno de España que inste al cese de las obras en cumplimiento de una nueva resolución del Parlamento Europeo sobre empresas y derechos humanos en Guatemala.
Efectivamente, se da la circunstancia de que, el pasado día 16, el Europarlamento aprobó, en su sesión plenaria en Estrasburgo, una resolución en la que pide una mayor regulación sobre las inversiones en el país centroamericano. Según explica en su comunicado Alianza por la Solidaridad, la resolución expresa la preocupación del Parlamento Europeo "por los derechos humanos en el país e insta a los Estados Miembros de la Unión, entre los que se encuentra España, a promover acuerdos comerciales internacionales vinculantes que refuercen el respeto de los derechos humanos, especialmente en el caso de las empresas con sede en la Unión Europea que operan en este país de Centroamérica".
Asimismo, la institución europea urge al Gobierno guatemalteco a adoptar medidas urgentes que protejan a los defensores de los derechos humanos de los ataques y amenazas a los que se enfrentan, dado que, entre enero y noviembre del año pasado, se han registrado en la región 14 asesinatos, 7 intentos de homicidio y 223 agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos. En lo que va del año 2017, ya han sido asesinados dos activistas: Laura Leonor Vásquez Pineda y Sebastián Alonzo Juan. En el comunicado que ha difundido hoy, Alianza por la Solidaridad expresa que "comparte la preocupación del Parlamento Europeo por el hostigamiento y criminalización de quienes luchan en defensa de la tierra, el medio ambiente y sus derechos económicos, sociales y culturales, exponiendo su vida por denunciar proyectos en los que participan empresas europeas, y más concretamente españolas".
Consultas libres y con conocimiento
Alianza por la Solidaridad pide por otra parte a las autoridades de Guatemala que garanticen la celebración previa de "consultas libres y con pleno conocimiento" entre la población afectada por los proyectos hidroeléctricos y "de conformidad con lo previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo" (C169, Convenio sobre pueblos indígenas y tribales). La organización no gubernamental destaca en ese sentido que, para proyectos como este (en referencia al de Cobra-ACS), la Unión Europea pide que “no se preste asistencia o apoyo europeos a la promoción sin que se cumpla la obligación de celebrar previamente dichas consultas libres y con pleno conocimiento con las comunidades indígenas”.
Acuerdos vinculantes
El Parlamento comunitario también pide a la UE que se adopten acuerdos internacionales vinculantes que refuercen el respeto de los derechos humanos, especialmente en el caso de las empresas con sede en Europa que trabajan en terceros países. Exige a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica. Además, pide que se destinen fondos para animar a Guatemala a aplicar un programa ambicioso de derechos humanos y a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que destinen fondos y ayuda técnica suficientes para este cometido.
Campaña TieRRRa
Alianza lanzó en 2015 la campaña TieRRRa para promover las inversiones responsables de las empresas en países en desarrollo. Desde entonces -aseguran desde esta oenegé-, se han documentado dos casos en Guatemala, objeto de campañas de protesta y sensibilización tanto en el país como en España, en los que se han vulnerado los derechos humanos: la construcción de una hidroeléctrica en el río Cambalam por parte de la empresa española Ecoener-Hidralia, que finalmente logró suspenderse; y la construcción de la hidroeléctrica Renace sobre el río Cahabón, que se encuentra en fase desarrollo.
Alianza por la Solidaridad ha publicado un documento en el que expresa sus reivindicaciones
1. Pedimos la suspensión de las obras en desarrollo que implican a empresas europeas (como la española ACS) en las que no se cumple lo especificado en esta resolución del Parlamento Europeo.
2. Reafirmamos la necesidad urgente de tomar medidas de protección para defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, incluyendo la aprobación de una política pública de protección a defensores y defensoras; así como que se investiguen campañas de criminalización y amenazas contra estas personas.
3. Que el Gobierno español reclame a las empresas españolas que cumplan con los derechos humanos y de los pueblos indígenas, así como con la defensa del medio ambiente en Guatemala, independientemente de si son o no son promotores o contratistas.
4. Que se establezca un mecanismo en la Embajada de España en Guatemala que permita la recepción e investigación de las denuncias de las víctimas por las prácticas de las empresas españolas.
5. Que España recupere la defensa de los derechos humanos como pilar fundamental de la política de cooperación al desarrollo con Guatemala y que priorice las acciones de apoyo a los derechos humanos y a los defensores de los derechos humanos en situaciones de mayor riesgo.
Que el gobierno español apoye de manera decidida la aprobación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
Informe «La hidroeléctrica que destruye derechos en Guatemala»
