Unas semanas antes, también en Bruselas, la Dirección General de Impuestos nos indicó que la respuesta de España al procedimiento de información iniciado ha sido insatisfactoria y que la Comisión ha abierto un segundo procedimiento de información y no piensa abrir un tercero. Antes del verano decidirá si incoa o no un procedimiento de infracción.
Escribo este artículo en Bruselas y acabo de hacer un brindis al sol por el paso adelante que hemos realizado hoy. Hay quien dice que es muy difícil lograr el éxito en Luxemburgo o Bruselas por barreras de hecho y que, por tanto, parece que no tienen ánimo para emprender este viaje. Sé que no es una batalla fácil, teniendo en cuenta los intereses involucrados, pero es el único camino que nos queda y paso a paso vamos acercándonos al destino. En nuestro despacho el brindis al sol se ha convertido en apodo para nuestra estrategia: hemos decidido adoptarlo como un lema propio, pero en un sentido combativo. Nos gusta el sol como origen de toda la energía y en este sentido le hacemos un brindis a nuestro amigo Helios cada vez que celebramos un avance.
Detención indeterminada
La situación de las renovables en España no es buena. El Gobierno carece de cualquier tipo de plan sobre el futuro del sector renovable y lo mantiene en una situación de vacío legal. La Ley del Sector Eléctrico fue aprobada el 26 de diciembre de 2013, derogando el régimen anterior, y es aplicable retrospectivamente desde el 14 de julio de 2013. De esta Ley tienen que salir al menos cinco reales decretos de desarrollo (Distribución, Transporte, Precio Voluntario del Pequeño Consumidor, Renovables y Autoconsumo). Casualmente, los Reales Decretos de Transporte y Distribución, que interesan sobre todo a las grandes eléctricas, se aprobaron al día siguiente, el 27 de diciembre. Por el contrario, el resto de reales decretos, y muy especialmente el de Renovables, así como la Orden Ministerial de parámetros retributivos, continúan sin ser publicados, a pesar de los reiterados anuncios del ministro y su secretario de Estado sobre su pronta aprobación.
Miedo a las elecciones europeas
Desde el 14 de julio de 2013 hasta el momento de escribir estas líneas, el 20 de marzo, los productores renovables llevan recibiendo su retribución como pagos a cuenta, que luego se tendrán que ajustar en función del nuevo régimen. Según las informaciones que tenemos, la aprobación se podría retrasar hasta después de las elecciones europeas. Hay quien dice que podría no publicarse hasta junio. Este mero hecho ya debe ser objeto de crítica, pues la falta de regulación es casi peor que una mala regulación, pues el productor difícilmente podrá obtener una refinanciación de sus plantas si los bancos no saben a qué regulación atenerse.
Esto conecta también con otro de los grandes problemas que ha generado la reforma eléctrica de Soria en los productores. Es el referido a la financiación. La última ocurrencia del Gobierno ha sido repartir el déficit de tarifa entre todos los actores del sistema eléctrico, a pesar de que el Tribunal Supremo había declarado ya que era legal que sólo las cinco grandes eléctricas asuman la financiación de ese déficit. A esto se une el Real Decreto-Ley 4/2014, cuyo alcance debe ser aún analizado cuidadosamente, con la desconfianza que exige el análisis de toda norma de este Gobierno. El caso es que los productores de renovables han cobrado sólo el 25,4% de la cantidad que les correspondería en su liquidación de enero.
Según la idea del Gobierno, esta cantidad se irá incrementando hasta alcanzar el 100% a final de año. No obstante, no podemos fiarnos de las previsiones del Gobierno, pues en 2013 dijo que no habría déficit de tarifa, y finalmente este acabó superando los 4.000 millones de euros.
Vuelva al cajero, caballero
Este cambio de régimen supone un grave quebranto del principio de confianza legítima de los productores. Como hemos dicho ya ante el Supremo y ante la Comisión Europea, los costes de la inversión en energías renovables se caracterizan por ser hundidos. Esto implica que una mejora tecnológica futura no implica un abaratamiento de los costes en los que ya se ha incurrido.
Por tanto, el Gobierno es libre de cambiar el régimen de las renovables para nuevas instalaciones a medida que se produce una madurez tecnológica, pero en ningún caso puede modificar esa retribución para instalaciones ya existentes, pues ello supone traicionar una expectativa concreta que se había conferido a los productores renovables. Por usar una metáfora de la vida cotidiana, es como si pongo gasolina en mi coche, comienzo mi viaje, y a mitad del trayecto, me para la Guardia Civil y me dice que tengo que volver a la gasolinera a pagar la diferencia entre el precio al que compre la gasolina y el precio al que está la gasolina cuando salgo de viaje.
La curia europea
Ante esta situación dramática y frente a los cantos funerarios que entonan quienes se resignan a perderlo todo, nosotros buscamos por todos los medios una salida. Y creemos que esa salida es sólo una: Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con esto no quiero decir que en Luxemburgo la victoria esté asegurada ni que vaya a ser fácil. Pero puedo asegurar que allí tenemos unas posibilidades razonables.
Veamos por ejemplo la sentencia dictada en el procedimiento que tenemos abierto contra la Circular de la CNE que aplica el Real Decreto-Ley 14/2010. Entre nuestra demanda y el señalamiento del plazo para dictar sentencia, el Tribunal de Justicia de la UE dictó su sentencia en el caso IBV, en la que dejaba claro que los Estados, cuando adoptan medidas de apoyo en favor de las energías renovables, deben respetar el Derecho Europeo. Por tanto, la Audiencia Nacional, en su sentencia, se vio obligada a aplicar el Derecho Europeo, contrariamente a lo sucedido hasta entonces. Sí, es cierto que lo aplicó parcialmente y que no entró verdaderamente en el fondo de los problemas de Derecho Europeo. Pero lo aplicó, no tuvo otra salida. Esto supone un logro importante, aunque aparentemente no lo parezca. Hemos recurrido esta sentencia ante el Tribunal Supremo en casación, hemos sido admitidos a trámite y ya hemos presentado demanda.
El impuesto eléctrico y el céntimo sanitario: el mismo destino final
Más importante aún es el avance de la denuncia que hemos presentado ante la Comisión Europea como abogados voluntarios de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, contra el impuesto del 7% a la generación de electricidad. La Comisión decidió abrir a finales de agosto de 2013 un procedimiento de información contra España, para pedir explicaciones respecto del impuesto. España contestó, pero la respuesta no ha satisfecho a la Comisión Europea, por lo que, de forma poco habitual, la Comisión ha decidido abrir un segundo procedimiento de información.
Según nos dijo la Dirección General de Impuestos este mismo marzo, España acaba de responder, y la Comisión va a estudiar de nuevo la respuesta. Asimismo, nos ha asegurado que no habrá un tercer procedimiento de información y que se tomará una decisión antes del verano. Pueden pasar dos cosas: o bien que la Comisión cierre el procedimiento, o bien que abra un procedimiento de infracción. Esta segunda es la opción por la que pelearemos. Pero incluso si se cerrara, esto no implica necesariamente que el impuesto es conforme al Derecho Europeo. De hecho, en el caso del céntimo sanitario, la Comisión comenzó a investigar, paralizó después el proceso, y aun así, el Tribunal de Justicia declaró recientemente que el céntimo sanitario es contrario al Derecho Europeo y que España está obligada a devolver todo el dinero ingresado en ese concepto.
Comité de peticiones
El tercer hito es la petición ciudadana presentada en el Parlamento Europeo que elaboramos en nombre también de la Plataforma, y consensuada con las patronales de renovables. Esta petición la defendí el 20 de marzo (el día que escribí estas líneas), acompañado por José Donoso, director general de la Unión España Fotovoltaica (UNEF). Hemos logrado una gran victoria pues la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado examinar los recortes a las renovables en España y enviar el asunto, para un análisis en profundidad, a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo.
La defensa de las renovables en España no es asunto fácil, sobre todo teniendo en cuenta los jugadores del equipo rival y que éstos cuentan con el apoyo del árbitro. Sin embargo, estos tres logros descritos aquí respecto del Derecho Europeo, me hacen pensar que lo que hacemos no es un brindis al sol, sino intentar dar un poco de luz a un sector al que el Gobierno lleva tiempo queriendo enterrar en las tinieblas. Y para eso, sólo hay una vía, el Derecho Europeo.
* Piet Holtrop es abogado colegiado en el Colegio de Abogados de Barcelona y miembro de APPA desde 2002. Es fundador de Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law, una firma internacional especializada en Derecho Europeo en el sector de las energías renovables.
