Es una de las muchas dudas que mantiene vivas el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, una de las muchas que están corroyendo al sector todo. A saber: cuando mañana empiecen a verter kilovatios sin prima los primeros parques solares fotovoltaicos (FV), es decir, cuando mañana esos parques se acojan al régimen ordinario, ¿tendrán prioridad esos kilovatios limpios sobre los kilovatios sucios que genera una central térmica que quema gas natural? ¿Tendrán prioridad esos kilovatios solares sobre los kilovatios que genera una térmica de carbón? En el régimen especial, el que contemplaba las primas, no había duda: los kilovatios limpios tienen prioridad sobre los generados con tecnologías sucias. Pero, ¿qué sucederá cuando la FV entre en régimen ordinario? ¿Se le reconocerá a esa FV también esa prioridad, dada su condición de tecnología limpia, no emisora de CO2?
La lógica dice que así habría de ser, pero no es esa una ciencia particularmente popular en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ese que con una mano –la mano generosa– entierra 900 millones de euros en un cementerio (nuclear en Cuenca), mientras que con la otra –la que suprime incentivos y amputa ayudas– quiere imputar ahora una tasa indiscriminada del 6% (la Tasa Soria) so pretexto de combatir el déficit de tarifa. Un pretexto, por cierto, que no es compartido siquiera por algunos de los líderes emergentes más carismáticos del propio Partido Popular, léase Alberto Núñez Fejóo, presidente de la Xunta de Galicia, reciente ganador –por mayoría absoluta– de las elecciones autonómicas gallegas y hombre sin pelos en la lengua a tenor de lo declarado sobre la Tasa Soria, de la que ha dicho, literalmente, que "carece de efecto alguno sobre el déficit estructural que se crea cada año y sobre el déficit histórico acumulado". Ahí es nada.
Brechas en el discurso energético del Partido Popular
Pero no es ese, en todo caso, el primer varapalo que se lleva José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, de manos de sus compañeros de partido. Y no es el primero porque el también popular José Antonio Monago, presidente del gobierno de Extremadura, acordó el pasado 19 de octubre, en Consejo de Gobierno, la interposición de un "recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede (...) a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos" (RDL que aprobara Soria solo 37 días después de llegado al cargo). En ese Consejo del Gobierno de la región, por cierto, también se acordó ordenar a la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Extremadura que lleve a cabo "cuantas actuaciones sean necesarias para sustentar la interposición".
Prioridad para los kilovatios limpios
Sea como fuere, el Clúster de la Energía de Extremadura ha difundido hoy un comunicado en el que pide que el gobierno reconozca a las renovables que entren en régimen ordinario la misma prioridad de paso que disfrutaron, y disfrutan, las renovables que en su momento se acogieron al régimen especial. El clúster ha trasladado esa y otras reclamaciones al grupo de diputados del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista (PSOE) que representan a Extremadura en el parlamento de la nación. Y lo ha hecho en el curso de un encuentro cuyo objetivo ha sido analizar el Proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética, un proyecto que, según el clúster, discrimina a los propietarios de las instalaciones de generación de electricidad que aún no han amortizado sus inversiones porque imputa un “impuesto a la producción [al kilovatio generado] y no al beneficio [al lucro]". Los asistentes a la reunión –el presidente del Clúster, Antonio Rosa; el gerente del mismo, Gonzalo Barrantes; y el presidente de Ecoenergías del Guadiana, José Luis Joló– han coincidido además en que la energía es un “sector estratégico para Extremadura”, que necesita de seguridad jurídica para los inversores, cada vez más preocupados por culpa, según Barrantes, de los numerosos volantazos regulatorios que han ejecutado en el último bienio los dos últimos ministros del ramo, Miguel Sebastián (PSOE) y José Manuel Soria (PP).
Excepcionalidad para la biomasa
El Clúster solicita por otra parte, y asimismo, que la biomasa "no sea gravada con este impuesto”, es decir, con la Tasa Soria del 6%, ese canon que el gobierno quiere aplicar a todas las tecnologías so pretexto de combatir el déficit tarifario. Y pide el clúster esa excepcionalidad para la biomasa porque esta tecnología –aseguran desde Extremadura– no es culpable del déficit de tarifa (actualmente hay instalados algo más de 500 MW eléctricos de biomasa en España, mientras que el sistema eléctrico nacional tiene aproximadamente 100.000 MW). A pesar de ese ínfimo peso en la cesta eléctrica nacional –apunta Barrantes-, "se da la circunstancia de que la biomasa es la única renovable que ha empeorado su posición de partida". A saber: cuando el gobierno empezó a diseñar el nuevo impuesto (el del 6%), los números manejados eran distintos para cada tecnología: 19%, para la FV; 13%, para la termosolar; 11%, para la eólica; y 4,5%, para la biomasa. Pues bien, el ejecutivo ha hecho finalmente tabla rasa –o encefalograma plano, al decir de algunos críticos– y ha decidido imputar un 6% genérico a todas las tecnologías, fuera cual fuera su grado de desarrollo tecnológico; fuera cual fuera su grado de cumplimiento de los objetivos marcados por el propio gobierno (el Plan de Energías Renovables 2005-2010 marcaba como Objetivo 2010 para la Biomasa Eléctrica los 1.695 MW y ahora mismo –año 2012– hay poco más de 500 megas instalados).
La letra de la ley Soria
Es decir, que la biomasa no solo es la única de las renovables eléctricas que no ha cumplido los objetivos que estableció la propia administración general del estado, sino que, además, en el proceso de diseño de la Tasa Soria –el último impuesto con el que el gobierno quiere gravar a las energías limpias– ha sido la única tecnología perjudicada, la única que empezó las "negociaciones" con un porcentaje equis y ha acabado con otro peor. Por todo ello, y por su indiscutible condición de "tecnología generadora de riqueza y empleo en el medio rural", el clúster extremeño solicita al gobierno que, uno, no aplique ese futurible 6% a la biomasa; y dos, recupere la prima que tenía la biomasa antes de que fuera aprobado el Real Decreto-ley 1/2012, el RDL que suprimiera el pasado mes de enero las primas. Y es que ese mismo real decreto-ley deja abierta la puerta a esa recuperación de la prima a la biomasa. Así, dice textualmente: "el Gobierno podrá establecer reglamentariamente regímenes económicos específicos para determinadas instalaciones de régimen especial, así como el derecho a la percepción de un régimen económico específico (...) para aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica de cogeneración o que utilicen como energía primaria, energías renovables no consumibles y no hidráulicas, biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios".
A la espera de respuesta
En la reunión –informa el Clúster– también se ha incidido en la repercusión de este proyecto de ley en Extremadura donde, "por ejemplo, en el sector eólico, de los 65 proyectos aprobados, un total de 35 han caído, y, a día de hoy, no hay ninguno en construcción". Asimismo –denuncia la asociación extremeña–, "todos los proyectos preasignados de biomasa están parados (...) y están paralizados todos los proyectos de fotovoltaica sin prima en régimen ordinario". Por todo ello, declara a Energías Renovables Gonzalo Barrantes, que es el gerente del Cluster de la Energía de Extremadura, "abogamos por el diálogo entre todos los actores energéticos como solución para un mix energético independiente, en el que disminuyan las importaciones del petróleo de Chávez o de los países árabes; sostenible, con menos emisiones de CO2; y competitivo, para que la energía sea más barata". Y, así, el Clúster ha solicitado ya el apoyo de senadores y diputados para que, con motivo de su próxima asamblea, que se celebrará el 27 de noviembre, "se abra un debate sobre el futuro energético". A esa asamblea han sido invitados el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago y ahora mismo –confirma Barrantes- "estamos a la espera de respuesta".
