La vicepresidenta cuarta del Gobierno, y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aceptó el pasado mes de junio la invitación del presidente de la OIT, Guy Rider, a formar parte de este órgano, que desde ahora y por un mandato de tres años, presidirá junto al ministro de Comercio, Industria y Trabajo de Samoa, Lautafi Fio Selafi Purcell. La iniciativa “Acción Climática por el Empleo” es un ambicioso programa mundial ejecutado por la Organización Internacional del Trabajo, que tiene como objetivo proporcionar una hoja de ruta clara para poner en marcha planes de transición justa a nivel nacional a través del diálogo social, creando trabajo digno y empleos verdes.
La vicepresidenta ya ha participado en la primera reunión de este órgano. Ribera ha agradecido su nombramiento y ha destacado la importancia de avanzar en esta iniciativa para impulsar una recuperación que propicie la creación de puestos de trabajo y acelere la acción climática, que considera más necesaria que nunca como revulsivo a la crisis del Covid19. La vicepresidenta ha incidido en la importancia de compartir experiencias entre los países en torno a las transiciones en determinados sectores para aprovechar mejor el aprendizaje mutuo en el proceso de transición hacia un nuevo modelo de desarrollo que no deje a nadie atrás.
Teresa Ribera: “España está comprometida con una recuperación verde y una transición justa. Haremos todo lo posible para impulsar esta agenda a nivel nacional e internacional, y quiero dar las gracias a la OIT por invitarnos a formar parte de ella”
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, que ya se encuentra en trámite parlamentario, es "la primera normativa de este tipo en el mundo -explican desde el Gobierno de España- que incorpora la disposición de aprobar estrategias de Transición Justa cada cinco años para optimizar los resultados y minimizar los efectos negativos en términos de empleo e impactos sociales de la transición hacia una economía con cero emisiones y 100 por 100 renovable en 2050".
El Gobierno de España se ha dotado de un Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, entre otras cuestiones, gestiona y tutela la preparación y ejecución de convenios de transición justa, en consenso con las administraciones regionales y locales, empresas y sindicatos para garantizar el mantenimiento del empleo y la dinamización de la económica e industrial de los territorios afectados por la transición.
