La Ley de Cambio Climático y Transición Energética prevé que España tendrá que reducir sus emisiones y alcanzar la neutralidad climática como muy tarde en 2050. Para ello se requiere la acción urgente de todos los sectores de la sociedad, incluidas las comunidades autónomas y los municipios. El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) acaba de publicar, en esta línea, el informe 'Avances en la acción climática y energética municipal: análisis de casos'. Actualmente ocho comunidades autónomas cuentan con leyes climáticas adoptadas o en tramitación (Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco), y todas ellas obligan a sus municipios a adoptar planes municipales de cambio climático y/o energía. Según el análisis realizado por el IIDMA, estas ocho regiones prevén la adopción de planes municipales en todos los municipios con independencia de su tamaño, excepto en Galicia (obligatorio en municipios con población superior a 20.000 habitantes), Navarra (en municipios con más de 5.000 habitantes), en País Vasco (en territorios históricos y municipios con más de 5.000 habitantes) y, en Cataluña (en municipios que no tengan consideración de turísticos).
El estudio del IIDMA se fija concretamente en las regiones de Galicia, País Vasco y Región de Murcia, en las que se han identificado avances significativos en cuanto al nivel de colaboración entre administraciones y a la asistencia técnico-financiera prestada por estas regiones a sus municipios. El Instituto destaca además los avances de tres municipios pertenecientes a estas regiones –Lalín (Pontevedra), Vitoria-Gasteiz (Álava) y Lorca (Murcia)– que ya disponen de planes de acción climática y energía sostenible con compromisos para el horizonte 2030 y están poniendo en marcha medidas concretas a nivel sectorial.
Según datos del Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía analizados por el IIDMA, del total de municipios existentes en España (8.131) actualmente solo el 35% (2.850) se encuentra adherido a la iniciativa. De ellos, aproximadamente el 75% ha adoptado un plan municipal de acción por el clima y/o la energía sostenible con compromisos a 2020, 2030 y/o 2050. Las regiones con un mayor porcentaje —más del 70%— de municipios adheridos son Islas Canarias, Islas Baleares, Región de Murcia, Galicia, Cataluña y Andalucía. Por el contrario, los datos muestran una menor participación de los municipios de La Rioja, Castilla La Mancha, Castilla y León, y Asturias en las que solo entre el 1% y el 4% se han adherido a la iniciativa.
Alba Iranzo, abogada del IIDMA: "Para que la acción climática municipal sea efectiva y contribuya a alcanzar los objetivos climáticos y energéticos de España es fundamental que las comunidades autónomas promuevan una buena interlocución con sus municipios y, sobre todo, les proporcionen asesoramiento estratégico y recursos técnicos y financieros suficientes para que sean capaces de elaborar y, sobre todo, implementar estrategias municipales alineadas con hoja de ruta regional a medio y largo plazo"
Ana Barreira, directora del IIDMA: "Más del 81% de la población en nuestro país vive en zonas urbanas por lo que la contribución de los municipios –a través de la puesta en marcha y aplicación de estrategias de mitigación, adaptación al cambio climático y energía sostenible– es indispensable para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos de nuestro país a medio y largo plazo"
Desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente Recomendaciones lanzan cinco recomendaciones para contribuir a que la acción climática municipal en España sea realmente efectiva:
• Reforzar la colaboración interadministrativa entre comunidades autónomas y municipios, para asegurar la coherencia de objetivos y acción entre los dos niveles de gobierno.
• Promover una interlocución directa por parte de las comunidades autónomas con los ayuntamientos de su territorio para poder conocer las dificultades, vulnerabilidades y retos particulares que afrontan, y proporcionarles asesoramiento estratégico, asistencia técnica y recursos financieros suficientes para elaborar e implementar sus estrategias locales de mitigación, adaptación y energía sostenible, dentro del ámbito de sus competencias.
• Reforzar la adhesión al Pacto de las Alcaldías europeo de los municipios españoles que no formen parte del mismo y asegurar, cuanto antes, la adopción de PACES con compromisos actualizados a 2030 y/o 2050.
• En las regiones en las que es obligatorio, por ley, contar con planes municipales de acción climática y/o energética, es fundamental que la Administración autonómica apoye técnica y económicamente a sus municipios y los prepare para adoptar su planificación en los términos y calendario previsto en la legislación autonómica.
• Puesta en marcha de mecanismos periódicos de seguimiento y revisión que permitan evaluar el grado de avance y contribución de los municipios a los compromisos regionales y estatales de energía y clima a medio y largo plazo.
Estudio ‘Avances en la acción climática y energética municipal: análisis de casos’
