El programa de Sumar, el partido-movimiento que lidera Yolanda Díaz, es probablemente, en lo que a la energía se refiere, el más ambicioso y disruptivo de estas elecciones. El coordinador del mismo ha sido Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, el think tank más influyente del escenario energético nacional, un laboratorio de ideas del que forman parte así mismo el doctor en Ciencias Físicas Mariano Sidrach de Cardona, la catedrática del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga Llanos Mora, el astrofísico José Luis García Ortega, responsable del Área de Clima, Energía y Movilidad de la organización ecologista Greenpeace, o la ingeniera aeronáutica y doctora en Energía Solar por la Universidad Politécnica de Madrid Marta Victoria Pérez. El objetivo de la Fundación Renovables es "sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de llevar a cabo un cambio de modelo energético con el ahorro, la eficiencia y las renovables como principios básicos". El discurso de la Fundación impregna todo el programa (en materia de energía) del Sumar que encabeza la todavía hoy vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, un programa que se distingue del programa del PSOE, liderado (en materia de energía) por la todavía hoy también vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera, de manera muy evidente en varios puntos.
¿Por ejemplo? Mientras que PSOE no es partidario de la creación de una empresa hidroeléctrica pública, Sumar sí lo es. ¿Otro ejemplo? Sumar es partidario de llevar a cabo una auditoría pública sobre los costes reales de cada una de las tecnologías con las que se genera electricidad en España (así lo explicita en su programa), mientras que PSOE siempre es partidario de esa propuesta cuando está en la oposición (pero no la materializa nunca cuando gobierna). No la implementa cuando gobierna y, en todo caso, no ha incluido en su programa 23J esa propuesta (largamente demandada por muchos actores del sector desde hace décadas).
Sintetizamos a continuación (ha sido difícil resumir) el contenido "energético" del programa de Sumar. La edición es mínima
Política industrial para la transición energética y el empleo
Promoveremos un proceso de reindustrialización en España y de aumento del empleo de calidad mediante el impulso de la transición energética, en el actual contexto de revisión de la globalización. Con la política industrial adecuada, España puede ofrecer, a industrias estratégicas de alto valor añadido, ventajas relacionadas con la energía, como la garantía de suministro o su potencial para la producción de energía renovable a un precio reducido (energía solar, eólica terrestre o hidrógeno verde).
Esta estrategia competitiva supondrá el abandono definitivo de los intentos pasados —y fallidos— de competir mediante devaluaciones salariales, y convertirá a nuestro país en un foco de atracción de industrias de calidad más que un exportador de energía barata.
Este proceso se hará asegurando el equilibrio territorial, de forma que no haya territorios que contribuyan a la producción de energías renovables sin beneficiarse al mismo tiempo de las ventajas de la industrialización y la creación estable de buenos empleos.
Implementaremos un plan nacional de transición energética, para reducir drásticamente las emisiones de CO2, reducir la dependencia externa de los combustibles fósiles, democratizar el sistema de producción y distribución energética y abaratar los precios de la energía. Contendrá los siguientes elementos:
● Rehabilitación de 500.000 viviendas al año, abordando el aislamiento térmico así como la instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente eficientes (el objetivo es que cada vivienda rehabilitada reduzca en un 50% la demanda de energía y ahorre un promedio de 400€ anuales en la factura del consumo energético).
● Ley de Tejados Solares, que facilite e impulse el desarrollo de la energía fotovoltaica en los tejados de edificios y comunidades de propietarios.
● Refuerzo del ritmo inversor en energías renovables del periodo 2021-2023 para afianzar la posición de liderazgo de nuestro país en el sector.
● Ley de Financiación del Transporte Colectivo, Público o de Bajas Emisiones, para avanzar en una movilidad sostenible que reduzca el uso del vehículo privado (especialmente en las ciudades) y siga desarrollando la electrificación del parque móvil, con el objetivo de que en 2040 no circulen en España vehículos con motores de combustión interna.
● Facilitar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales. Uno de nuestros objetivos debe ser garantizar una transición energética justa hacia un modelo basado en las energías renovables, a la vez que se asegura la preservación del paisaje y del modelo tradicional de producción en el medio rural.
La transición digital debe ser complementaria en todo momento con la transición verde, reduciendo la huella ecológica y el consumo masivo de materias primas críticas asociados a la digitalización.
Industrializaremos la transición verde y digital. Junto a los objetivos de descarbonizar la economía, de producir energía limpia y barata y de asegurar las ventajas de la digitalización justa, la política industrial tiene que asegurar también la mayor participación posible de las empresas radicadas en España en la producción de los componentes necesarios para que la transición digital y verde se produzcan.
Crearemos el Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE), un ente público de inversión, en línea con modelos implantados en nuestro entorno similar, como el Kredintanstalt für Wiederaufbau (KfW) alemán. El BINE será una herramienta fundamental para impulsar la inversión pública y privada en España hacia la modernización económica, en concreto hacia la transición ecológica y la reindustrialización, contribuyendo al desarrollo de proyectos industriales y empresariales. Será el encargado de canalizar los recursos necesarios para financiar proyectos innovadores y sostenibles en diferentes sectores con el fin de mejorar la competitividad y el desarrollo económico del país. (...) Para su puesta en marcha se impulsará una simplificación y mejora de la arquitectura financiera pública estatal, partiendo de instituciones ya existentes como ICO, Cofides, CDTI, Enisa, entre otras, con el objetivo de mejorar la eficiencia, ampliar su alcance y aumentar recursos disponibles.
Más competencia para evitar el abuso de poder de las grandes empresas
Limitaremos el poder de los oligopolios, combatiremos la concentración excesiva y promoveremos la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas.
El abuso de poder de algunas grandes empresas perjudica a la democracia, al funcionamiento de la economía y a los intereses de la mayoría de la sociedad.
Las ventajas tecnológicas, productivas, comerciales o financieras que reciben no se traducen muchas veces en menores precios para sus clientes (otras empresas y consumidores), sino en beneficios extraordinarios para ellas.
Además, tienen, en la mayoría de los casos, una capacidad de influencia política que deteriora la democracia.
Para evitarlo, son necesarias reglas claras e instituciones destinadas a asegurar el cumplimiento de las mismas.
En este sentido, se revisarán la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 y la de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 2013 para hacerlas más efectivas y con la firme voluntad de acabar con la impunidad de los abusos. Sumar apuesta por recuperar la Comisión Nacional de Energía.
Garantizaremos los instrumentos necesarios para intervenir directamente en mercados afectados por prácticas desleales o no competitivas, que pongan en peligro los suministros o provoquen inflación y sobrecostes para los hogares y para otras empresas.
La vivienda, el crédito, la luz, el agua o la cesta básica de alimentos, entre otros, son bienes de interés general, y el acceso a los mismos debe garantizarse mediante precios que respondan a sus verdaderos costes.
Reducción del poder del oligopolio eléctrico, abaratamiento el precio de la electricidad y lucha contra la pobreza energética. Para ello, se desarrollarán las siguientes medidas:
● Reforma del mercado eléctrico mayorista para sustituir el actual mecanismo marginalista y terminar así con los beneficios caídos del cielo, lo que permitirá el abaratamiento permanente del suministro eléctrico para hogares y empresas.
● Reforma de la Ley del Sector Eléctrico para separar la actividad de distribución de energía eléctrica de las de generación y comercialización, evitando así conflictos de intereses y abusos de posición dominante.
● En las subastas futuras que se realicen para fomentar la instalación de generación eléctrica renovable se reservará una cuota específica para instalaciones renovables promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad.
● Con el objetivo de incentivar el ahorro y la eficiencia, en ningún caso el término de potencia podrá representar más del 25% de la parte de la factura destinada a cubrir los costes regulados.
● Se creará una empresa pública de energía que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas, propiedad del Estado, según vayan finalizando las concesiones, estableciendo los mecanismos adecuados que permitan a las zonas afectadas por la instalación de estas centrales un mayor beneficio económico, como fórmula de compensación por la servidumbre soportada durante décadas.
● Se reformará el bono social eléctrico y térmico para que la solicitud y la renovación sean automáticas, hasta que sea sustituido por la tarifa social.
Mantendremos los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras mientras se aprueba e implementa completamente la reforma integral del impuesto de sociedades. El Estado ha desplegado cuantiosas medidas para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las familias trabajadoras derivada de la subida de los precios y de las hipotecas. Es justo que quienes, por el contrario, se han beneficiado de la subida de los precios y de los tipos de interés contribuyan a sufragarlas.
Transición Ecológica Justa (TEJ)
Sumar se presenta a las elecciones del próximo 23J con el firme compromiso de tomar medidas dirigidas a mitigar la crisis climática y ecológica, teniendo en cuenta los principios de justicia social, justicia distributiva y justicia participativa. [ER recuerda que esta es una síntesis del programa "energético" de Sumar, de ahí los saltos en la numeración].
1. Transición al alcance de todas las personas
Se establecerán los mecanismos necesarios para que todas las personas puedan beneficiarse del acceso a una energía limpia y barata, asegurando un suministro básico energético.
1.1. Una tarifa social que permita garantizar el suministro básico a todos los hogares, cuya tramitación no dependa de los operadores de la red.
1.2. Creación de un fondo de recuperación urbana, ambiental y social de barrios.
1.3. Mecanismos específicos de financiación para la instalación de autoconsumos colectivos destinados a los hogares de rentas bajas, así como el impulso a las comunidades energéticas con participación pública y de hogares en situación de pobreza energética.
2. Una fiscalidad justa para la transición
2.1. Gravamen a los beneficios extraordinarios de la industria fósil, responsable directa del cambio climático.
2.2. Gravamen a los bienes y servicios de lujo que generan un gran volumen de emisiones y nulo rendimiento social, como vehículos de lujo, aviones privados, grandes yates y vuelos frecuentes peninsulares o en clase business.
2.4. Exenciones y penalizaciones fiscales con criterios de progresividad que sirvan para consolidar los sectores motores de la transición ecológica justa (energías renovables y autoconsumo, alimentación ecológica, rehabilitación energética, bombas de calor, vehículos eléctricos, sistemas de gestión y agregación de la demanda) y desincentivar comportamientos de consumo que hemos de sustituir o moderar (bienes y servicios vinculados a los combustibles fósiles, la aviación de corta y media distancia en la Península, la ganadería intensiva o los productos de un solo uso).
2.6. Impuesto general a las grandes empresas contaminantes, basado en las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y azufre (SOx) y que será cedido a las comunidades autónomas.
5. Una Administración innovadora para la TEJ
5.1. Una Administración a la altura del reto
Se lanzará una oferta de empleo público de perfiles necesarios para la transición ecológica (economía, planificación energética, evaluación ambiental y políticas públicas ecologistas, entre otros) para que el sector público atraiga y consolide el talento necesario para liderar la TEJ.
5.2. Plan de capacitación verde y digital del funcionariado. Se incentivará la formación continua del funcionariado para mejorar la capacidad estratégica e innovadora del Estado en aspectos claves de la TEJ.
5.5. Oficina de transición energética justa. Al principio electrónica, pero después física en municipios de más de 50.000 habitantes. Dependiente del IDAE. ¿Funciones?
● Funcionar como una ventanilla única que permita agilizar todos los trámites relacionados con autoconsumo y rehabilitación.
● Catalizar la obtención de ayudas para la rehabilitación energética y el autoconsumo (especialmente en forma comunitaria) a aquellos que más lo necesiten.
● Asesorar activamente en materia de ahorro energético.
● Impulsar las comunidades energéticas.
● Asesorar a pymes y autónomos para informar y planificar la reducción de su huella de carbono a través del autoconsumo, comercializadoras verdes, etcétera. Y asesorarlos
también para garantizar el acceso a productos financieros sostenibles, así como a subvenciones nacionales y europeas.
Prohibición de la publicidad y los patrocinios de combustibles fósiles, por ser productos nocivos para la salud y responsables de los cada vez mayores impactos del cambio climático en nuestro país.
España potencia verde
Sumar apuesta por la industria verde y las energías renovables para convertir nuestro país en un motor industrial europeo. Esto, gracias a la energía a bajo coste que obtendremos gracias a la ventaja competitiva que nos otorga nuestro liderazgo mundial en materia de energías renovables. Solamente en la industria de las energías renovables, fabricación de componentes y tecnología asociada, estimamos que podemos crear 500.000 empleos en la próxima legislatura.
1. Estrategia España Potencia Industrial Verde. Iniciaremos un proceso de reindustrialización verde que aproveche las oportunidades que ofrece la transición energética para generar prosperidad, cohesión social y competitividad de la economía española, apostando por la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, cumpliendo con los compromisos climáticos y ecológicos, convirtiendo a España en una potencia internacional en industria verde en 2030.
De modo más concreto, esta estrategia se desplegará en cuatro misiones sectoriales transversales, algunas de ellas ligadas a focos o polos de desarrollo geográfico específico, con el fin de aprovechar ventajas cooperativas o corregir injusticias territoriales enquistadas.
1.1. Misión España potencia industrial renovable. Actualmente España tiene el 60% de la cadena de valor de la industria fotovoltaica y el 90% de la eólica, importando la gran mayoría restante de China. Promoveremos la recuperación de la cadena de valor y producción completa de la industria fotovoltaica, la eólica terrestre y la marina en territorio nacional con el objetivo de convertir a España en una potencia industrial en tecnologías renovables.
1.2. Misión España vanguardia de la electromovilidad. El objetivo de esta misión es acompañar la reconversión de la industria de la automoción hacia la cadena de valor completa de la electromovilidad. Esto implica la adaptación de fábricas de automóviles y furgonetas, camiones, autobuses y trenes, pero también el impulso de la adaptación de la industria auxiliar. La consolidación de la industria de la electromovilidad va estrechamente ligada a la producción y al reciclaje de baterías, con los máximos estándares ambientales y sociales. En la misma línea, promoveremos un consorcio público y privado para el desarrollo de una macroplanta de minerales críticos en nuestro país, un proceso tecnoindustrial de enorme futuro para el que existe un mercado emergente de enormes proporciones.
1.3. Misión una industria de la construcción sostenible. Facilitaremos la reorientación del sector de la construcción y la obra pública hacia la adopción de los más altos estándares ambientales. También en el uso de nuevas tecnologías bajas en carbono, así como en la descarbonización de la producción de materiales, el fomento de la economía circular, el uso de materiales con menor impacto ambiental y la rehabilitación energética del parque ya edificado.
Estrategia España Potencia industrial Verde 2. Atracción de industria a zonas de producción renovable. Favorecer la instalación de industrias en las regiones de la España vaciada que acogen importantes desarrollos de energías renovables. Para ello se estudiarán reformas en el mercado eléctrico que rebajen el precio de la electricidad en las cercanías a las zonas productoras de energía renovable y fomentaremos las subastas de contratos renovables a largo plazo que garanticen precios estables para pequeñas y medianas empresas.
Sistema energético 100% renovable, eficiente y democrático
1. Acceso universal a la energía en un sistema tarifario progresivo
Proponemos un sistema tarifario para el consumidor doméstico, que sea progresivo y tenga en cuenta las características de la unidad familiar. Este sistema asegurará un consumo mínimo vital garantizado para los primeros 1.500 kWh/año (*), con un IVA superreducido del 4% y reducción de cargos regulados y peajes, convirtiéndose automáticamente en tarifa social a coste cero para consumidores vulnerables. El sistema irá incrementando el IVA y los costes regulados de modo proporcional al consumo en tres tramos: Consumo normalizado, que es el hogar promedio español (entre 1.500 kWh/año hasta los 4.000 kWh/año) con un IVA del 10%, pero eliminando las asimetrías por las que el sector residencial subvenciona a la industria. Sobreconsumo, con IVA del 10% pero mayor participación en costes regulados. Y Sobreconsumo excesivo (más de 7.500 kWh/año), que incrementará el coeficiente de cargos y con el IVA al 21%.
2. Un pacto social y territorial para la transición energética justa
Cumplir con los objetivos del Acuerdo de París exigirá que España continúe desarrollando un proceso muy ambicioso de implantación de energías renovables en muy poco tiempo. Si queremos adecuar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a los nuevos objetivos europeos, el horizonte es disponer de una potencia de, aproximadamente, 148.000 MW en 2030, teniendo en cuenta que la potencia instalada en 2021 fue de 78.000 MW. Aunque el autoconsumo fotovoltaico en tejados debe ser una prioridad potenciada por políticas públicas específicas para desarrollar su parte (24.000 MW en 2030), las necesidades de la descarbonización efectiva de nuestra economía nos exigen también la instalación de plantas de generación renovable en suelo.
Para Sumar es un compromiso estratégico que esta transformación de la estructura energética española se despliegue en un proceso ordenado que cumpla con los máximos estándares sociales y ambientales, en diálogo con las comarcas de instalación de las nuevas plantas y revirtiendo en las mismas la riqueza generada de modo prioritario.
Para todo ello se propone un gran acuerdo de país, en forma de pacto social y territorial para la transición energética, que constará de cinco líneas de actuación fundamentales:
2.1. Simplificación y facilitación del autoconsumo, así como de las plantas en suelo cerca de territorios urbanos, para que los grandes centros de consumo contribuyan al esfuerzo de la transición energética.
2.2. Creación de un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables en coordinación con las comunidades autónomas de acuerdo con sus competencias de ordenación territorial, que respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico.
2.3. Desarrollo renovable responsable que priorice las plantas en suelos degradados, en permanente diálogo con la ciudadanía y el tejido agrícola y rural, facilitando la regulación con el fin de que las comunidades autónomas y los Ayuntamientos participen en la toma decisión de la ubicación de proyectos.
2.4. Creación de una agencia pública de mediación que garantice que los territorios de instalación de energías renovables sean informados y escuchados en un proceso de concertación participativo que recoja, en la medida de los posible, los intereses y las demandas de los diversos actores de la zona.
2.5. Reforma del mercado eléctrico para abaratar la energía en la proximidad de las plantas de generación, contribuyendo al ahorro económico de los habitantes de la zona y potenciando la instalación de nuevas industrias.
2.6. Difusión, valorización y replicabilidad de mejores prácticas, con el fin de contribuir a la aceptación social de las tecnologías renovables.
3. Un Fondo Público de Inversión en Energías Renovables
Con el fin de contribuir a que el proceso de implantación de las energías renovables sea también un instrumento que permita vertebrar mejor el país y contribuir al reto demográfico de fijar población en la España vaciada, crearemos un Fondo Público de Inversión en Energías Renovables, similar al Fondo Soberano Noruego del Petróleo, cuyo objetivo será financiar procesos de desarrollo industrial en la España vaciada y en el mundo rural, así como mejorar la dotación de servicios públicos de estos territorios. Con el fin de contribuir a que el proceso de implantación de las energías renovables sea también un instrumento que permita vertebrar mejor el país y contribuir al reto demográfico de fijar población en la España vaciada, crearemos un Fondo Público de Inversión en Energías Renovables, similar al Fondo Soberano Noruego del Petróleo, cuyo objetivo será financiar procesos de desarrollo industrial en la España vaciada y en el mundo rural, así como mejorar la dotación de servicios públicos de estos territorios.
4. Democratización de la energía y autoconsumo
4.1. Fomentar el autoconsumo colectivo
Avanzar hacia la flexibilización de la instalación del autoconsumo, especialmente el colectivo, para lograr el objetivo de que el 10% de la energía eléctrica demandada en 2030 proceda de instalaciones de autoconsumo. Se establecerán objetivos mínimos sectoriales del 30% de la demanda en edificios residenciales, de servicios y del sector público, el 20% en el sector ganadero y agrícola y el 10% en instalaciones industriales no intensivas. Este paquete de medidas incluirá la creación de la figura del consumidor asociado, la reducción de las tramitaciones y el permiso de conexión automática en relación a la potencia contratada, para que por debajo de 2,4 kWp de potencia tenga el mismo tratamiento que un electrodoméstico.
4.2. Impulso a las comunidades energéticas mediante la transposición ambiciosa de las directivas europeas para garantizar a estas un marco favorable como nuevos actores del
sector energético y por un plan específico para el autoconsumo colectivo de carácter social.
5. Rehabilitación de edificios: eficiencia energética y accesibilidad
En España, más del 50% de los edificios no disponen de aislamiento y el 97% no cumple la normativa actual. El compromiso de Sumar es la adaptación y la mejora del parque de viviendas de España en un horizonte de 15 años, reduciendo sus necesidades energéticas a la mitad e incluyendo como objetivos parciales.
La rehabilitación de 500.000 viviendas 100% eléctricas al año, un 3% del parque inmobiliario de primera vivienda. Exigir que todos los edificios de nueva construcción, o los que soliciten licencia de obra en la actualidad, se realicen bajo los criterios consumo de energía casi nulo.
6. Reforma de la Ley del Sector Eléctrico [a la que dedicaremos una pieza informativa específica. En todo caso, para quien quiera consultar esta parte, se encuentra en las páginas 47 y 48 del programa].
7. Recuperación de la titularidad pública de los aprovechamientos hidroeléctricos según vaya caducando su concesión que será gestionada directamente por organismos públicos.
8. Apuesta por el hidrógeno renovable. Apostaremos por el despliegue racional del hidrógeno renovables atendiendo a su viabilidad técnico-económica y al potencial internacional de España en el desarrollo y producción de este vector energético. El hidrógeno renovable tendrá un papel que cumplir en una economía 100% descarbonizada, pero deberá destinarse a procesos de difícil electrificación (ciertos usos industriales, aviación, transporte marítimo). Revisaremos la actual hoja de ruta del hidrógeno evitando procesos especulativos como el H2Med.
9. Hacia un cierre nuclear seguro y socialmente justo. Sumar se compromete a mantener el calendario de cierre del parque nuclear español, aplicando una moratoria a cualquier nueva iniciativa nuclear, exigiendo revisiones e inversiones para garantizar la seguridad del proceso y subrayando la responsabilidad de los propietarios en el mismo. Mientras tanto, se propone sacar la energía nuclear del mercado marginalista por su efecto distorsionante, incrementar la tasa de residuos radiactivos y asegurar un proceso de transición justa de los trabajadores vinculados al sector.
