“La Unión Europea tiene como objetivo [en las conversaciones climáticas de la ONU] ampliar los mercados de carbono que beneficiarían a grandes contaminadores”. Esa es la denuncia que vehicula una declaración firmada por más de 140 movimientos y organizaciones sociales de todo el mundo y que ha sido entregada a, entre otras autoridades, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Susana Magro. Según Ecologistas en Acción, que es una de las entidades firmantes, la denuncia "pone el dedo en la llaga ante la masiva influencia de corporaciones en esta cumbre; son empresas interesadas en mantener los mercados de carbono, ya que, con el bajo precio de la tonelada de CO2, es más barato seguir contaminando y comprar derechos de emisiones en los mercados financieros que adoptar medidas para reducir sus emisiones contaminantes".
Ahogando las energías renovables
La nota de prensa que ha difundido hoy Ecologistas en Acción denuncia que "el gobierno polaco ha concedido la condición de socio de la COP19 a empresas transnacionales como ArcelorMittal, un gigante mundial en contaminación" y revela, además, que, "entre los asistentes empresariales a la COP19, figura también Unesa, [la gran patronal eléctrica] que agrupa a las cinco principales empresas eléctricas y grandes emisoras de gases responsables del cambio climático en España". Los ecologistas critican el hecho de que el Ejecutivo Rajoy mantenga por una parte "las ayudas públicas al carbón y gas, fomente el transporte de mercancías por carretera e incentive el transporte privado, no tome medidas para reducir el consumo energético y ahogue la producción de energías limpias y renovables", mientras que, por otro lado, "trata de subsanar el incumplimiento de sus compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la compra de créditos de carbono".
Según explica Ecologistas en Acción en la nota de prensa que ha distribuido hoy, "el Estado español se gastó más de 800 millones de euros en comprar derechos de emisión de CO2 entre 2008-2012, y se convirtió en el segundo país, tras Japón, que más créditos de carbono ha comprado a terceros debido al alto consumo energético". Más aún: en el bienio 2012-2013 -añade la nota-, el Gobierno "gastó en esta medida aproximadamente 86,75 millones de euros, y el presupuesto general del Estado para 2014 contempla una partida de 24 millones de euros para compra de derechos de emisión". Según los ecologistas, la Agencia Europea de Medio Ambiente "advirtió recientemente que España necesitará adquirir en el mercado grandes cantidades de créditos de emisión para cumplir Kioto y cerrar el diferencial del 13% entre lo que se tendría que haber reducido y las emisiones reales". La asociación considera, así, que "es necesario romper esta dinámica, desmantelar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea y otros intentos de mercantilizar la naturaleza".
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