Cuatro ONG francesas presentaron a finales de 2018 una demanda contra el Estado por "inacción climática". Ayer se celebró en París la audiencia de este caso, en la que el relator público –un representante del Consejo de Estado, la más alta jurisdicción, encargado de elaborar un dictamen jurídico independiente para ayudar al tribunal administrativo a tomar su decisión– siguió a las ONG y planteó que el Estado francés es efectivamente culpable. Se espera el veredicto en las próximas dos semanas.
El caso es apoyado por 2,3 millones de ciudadanos que firmaron la mayor petición francesa de la historia (sobre cualquier tema). Y, como publicaba ayer Greenpeace Francia, "si el tribunal sigue las conclusiones del relator público, se reconocerá la responsabilidad del Estado francés en el cambio climático debido a la insuficiencia de sus acciones".
Esto sería un paso histórico en la legislación francesa y una gran victoria para el clima y para la protección de todos.
"Todas las víctimas del cambio climático podrán entonces basarse en esta jurisprudencia para hacer valer sus derechos y obtener una indemnización. El Estado estaría entonces bajo una fuerte presión para implementar finalmente las acciones necesarias para limitar el calentamiento a 1,5°C", afirman desde la ONG.
El relator público considera que, en efecto, el Estado ha cometido una falta, que compromete su responsabilidad, al no tomar todas las medidas necesarias para cumplir sus compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Señala que es el propio Estado el que ha determinado su trayectoria climática para cumplir sus objetivos nacionales y los compromisos internacionales en materia de clima. Y propone que el tribunal ordene al Estado pagar a las ONG la suma simbólica de 1 euro en concepto de indemnización por el daño moral causado, que es lo que pedían las asociaciones.
En cuanto a obligar al Estado a tomar medidas climáticas adicionales, para que finalmente pueda cumplir con sus propios compromisos, el relator público aconseja al Tribunal que reserve su decisión para más adelante, para permitir a las ONG y al Estado intercambiar opiniones sobre la realidad de la acción climática del Estado.
Situación en España
En España, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han iniciado también un litigio contra el Gobierno por las mismas causas que en Francia: incumplimiento de sus obligaciones climáticas, que fue admitido a trámite por la Sala Tercera Tercera del Tribunal Supremo el pasado 12 de septiembre.
El proceso judicial español se suma a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos gobiernos enfrentan demandas por esta causa.
El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Gobierno por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.
