No nos cansamos de escuchar a los políticos y a aquellos que ideologizan la energía, que su acceso es un derecho básico de los ciudadanos y que todos podemos autoconsumirla o decidir el origen de la energía que nos suministra nuestro comercializador. El recibo de la luz está lleno de peajes, cargos o impuestos de los que el comercializador es un mero recaudador del sistema eléctrico. Es algo que debemos remarcar para hacer entender al lector la razón por la que no se puede regalar la energía.
Nadie en su sano juicio ha reclamado a los propietarios de las tiendas donde compra la comida que se la regalen por ser, incluso, más necesaria que la electricidad. Pero cabe preguntarse la razón por la que el Gobierno ha regulado para que ciudadanos, pymes o autónomos tengan bula para no pagar el recibo de la luz, con cargo a las comercializadoras.
Recientemente leía en Twitter a una usuaria de la red social reclamando que las eléctricas regalasen todo o al menos el 50% del recibo de la luz, como si las empresas comercializadoras no tuviesen empleados a los que pagar, alquileres que asumir o costes derivados de su actividad. Es más, seguramente pocos consumidores saben que la energía es pagada por adelantado por el comercializador antes de que sus clientes la disfruten.
Mi asombro creció cuando la “tuitera” a continuación se congratulaba de haber encontrado en Netflix un culebrón colombiano que le iba a mantener entretenida toda la cuarentena. No deja de llamar la atención que la ciudadanía reclame electricidad gratuita para no perderse los contenidos de una plataforma de pago, que llega a través de una línea de ADSL o fibra óptica que no va a dejar de pagar, a pesar de que ninguna le sería de utilidad si le cortasen por impago el suministro de electricidad.
Se da la circunstancia de que Pablo Iglesias quería nacionalizar las eléctricas, así sin más, seguramente ignorando que las actividades del sector eléctrico están separadas entre generación, comercialización, distribución y transporte, y que no todas las empresas del sector están verticalmente integradas, ni en manos de “poderosos y malvados” ejecutivos del Ibex. Quien sabe si la intención del líder de Podemos es la de aglutinar a todos los consumidores eléctricos en dos o tres grandes comercializadoras para intervenirlas a continuación.
Precisamente, la competencia en el sector, ha llegado y se han beneficiado de ella consumidores y empresas, con la liberalización de la actividad de comercialización. Y las empresas independientes son las artífices de este mérito que ha conseguido atomizar aunque no lo suficiente, el reparto de clientes que antes estaba en manos de cinco empresas.
Con las medidas adoptadas por el gobierno, la situación de una parte relevante de esas comercializadoras independientes, se va a volver insostenible y desgraciadamente desaparecerán. Solo los poderosos operadores dominantes de mercado van a poder soportar el coste financiero de aplazar doce meses los recibos de la luz a sus clientes y se va a producir una diáspora desde los comercializadores independientes a los de referencia de los grandes o a las comercializadores grandes de, adivinen… los mismos operadores dominantes.
Paradójicamente, una medida que parece buscar un beneficio social, va a conseguir reducir la competencia y hacer más fuertes a las empresas cuya cuota de mercado roza a pesar de todo, el 90%. Lo que vendrá después es un incremento en las tarifas de electricidad y la reducción de opciones para el consumidor a la hora de elegir quien quiere que sea su suministrador de energía.
Las empresas y los autónomos que puedan retrasar el pago de la electricidad lo harán sin dudar. Es una forma fácil de financiarse. No podemos mantener a la vez que la energía es cara y escasa y después lanzar un RD-L que da barra libre a los ciudadanos para consumirla, no a costa del Estado sino de las empresas que van a tener que cerrar para que podamos ver nuestras series favoritas en televisión.
Los datos de consumo de energía y los precios del mercado mayorista, cotizando a 23,73€ MWh a día 2 de abril y teniendo en cuenta que todos los ciudadanos acogidos al PVPC con contratos indexados a ese mercado mayorista se están beneficiando de esos precios, se me antoja pensar que la medida tiene más carácter populista y electoralista que de verdaderamente social.
Si el gobierno quiere aliviar el bolsillo de los consumidores, tiene la oportunidad de reducir el IVA de un suministro que consideran esencial o eliminar el impuesto especial de electricidad para aplicar verdaderas políticas sociales.
