El portavoz socialista de Energía, José Segura, ha asegurado que este proyecto es "inútil para el único objetivo que persigue (reducir el déficit tarifario), ineficaz para reducir la dependencia exterior, que consolida; anacrónico porque aleja al país del modelo energético europeo; injusto porque hace recaer sobre las familias la mayor parte del coste de la energía; suicida tecnológicamente porque arroja por la borda el liderazgo en renovables; e insostenible medioambientalmente al dejar en mera retórica vacía de contenido la política de ahorro y eficiencia".
Segura ha criticado, además, toda la trayectoria legislativa energética de este Ejecutivo, que provocará múltiples reclamaciones por la retroactividad de muchas de las medidas aprobadas. Por último, ha denunciado que se ignora tanto a los grupos políticos como a los ciudadanos, "que soportan las descabelladas ocurrencias que se perpetran mes tras mes" y que se ven empujados a una mayor pobreza energética.
"Una clara involución"
Laia Ortiz, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha criticado la actitud de un Gobierno "absolutista, temerario, irresponsable y profundamente equivocado, que continúa cavando en el pozo con las mismas medidas" y que supone "una clara involución" que no permitirá afrontar los retos energéticos del futuro, ni avanzar en la independencia energética ni garantizar el derecho a una energía limpia.
Además, ha reprochado que el Gobierno acepte todas las reclamaciones del "cártel eléctrico" con respecto al déficit tarifario sin cuestionarla, y ha propuesto una alternativa a esta "contrarreforma" que supone "consolidar un sistema obsoleto, insostenible económico y medioambientalmente, que hará al país más vulnerables" y que abunda en la pobreza energética.
"Poner al sector al servicio del interés común y no al revés, ésa es la reforma que necesita este país", ha añadido la diputada, que ha cargado duramente contra el "oligopolio" eléctrico que, pese a la caída del consumo y la crisis, registra mayores beneficios y que ha "secuestrado al Gobierno", lo que ha conllevado asimismo la "asfixia financiera" de las renovables y las trabas al autoconsumo.
"Megaparche"
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha rechazado una "política errática" que están pagando los consumidores con facturas cada vez más altas y que no se beneficiará de este "megaparche", que no va a la formación de precios ni analiza en profundidad qué energías son más eficientes ni cuánto cuesta cada una.
Asimismo, cree que es un "fracaso total de la liberalización" que el "sobrepago" a través de los Presupuestos se considere ingresos de un sistema "privilegiado" y "oligopólico". "Es una especie de peronismo eléctrico. Y en vez de despejarlo con medidas que hagan que el sector sea más competitivo y que los consumidores paguen menos, tratan de parar el reloj en la evolución de un sistema que no para de cambiar", ha reprochado, en referencia a la "penalización" del autoconsumo y a las renovables.
Pacto por la energía
Josep Sánchez Llibre, de CiU, ha lamentado que con esta ley el Gobierno haya "perdido una gran oportunidad" para llegar a un gran pacto "sólido y estable" que haga competitivo al sector a medio y largo plazo, y aporte al desarrollo económico.
"Sería urgente clarificar cuál es el modelo de futuro antes de adoptar medidas para reducir el déficit tarifario", ha recomendado. Además, ha pedido una "alternativa" al sistema de generación de precios, que tiene un impacto importante en el déficit de tarifa, y ha lamentado que el Ejecutivo se "apropie" de competencias autonómicas y que se "impida la posibilidad de crecer" de las renovables. "El autoconsumo era uno de los temas más esperados, pero lejos de fomentarlo la reforma lo penaliza", ha añadido.
Para Teresa Jordà (ERC), el proyecto va "radicalmente en contra del interés general y a favor del oligopolio, manteniendo un sistema injusto e ineficiente" y sin afrontar la "necesidad de cambiar de modelo energético apostando por las renovables".
"Están gravando el problema de la dependencia energética", ha pronosticado, criticando también que se "castigue" el autoconsumo mientras se permiten los "escandalosos beneficios de la mafia eléctrica española, cuyos privilegios no se eliminan".
La diputada del BNG Rosana Pérez cree que, con esta norma, se mira "desde un punto de vista mercantilista" lo que debería ser un "servicio esencial", al buscarse la sostenibilidad financiera del sistema sin presentar medidas para garantizar unos costes accesibles par todos los ciudadanos. "Y no se pone solución a las causas estructurales del déficit de tarifa y del mercado oligopolístico, que son un sistema de generación de precios opaco e injustos", ha añadido, criticando por último que se frenen las renovables y se castigue el autoconsumo.
"Manos arriba, esto es un atraco"
Por Compromís-Equo, Joan Baldoví ha acusado a los "grandullones codiciosos" que son las grandes empresas energéticas y que han "dictado" esta ley para "impedir que haya una verdadera democracia energética y repartirse ellos solos el negocio". "La ley busca consagrar los beneficios de la patronal aunque perjudiquen a los consumidores y hundan las renovables". "Manos arriba, esto es un atraco. Nos quieren robar el sol y usted lo quiere permitir", ha añadido, con los brazos en alto.
Pedro Aspiazu, del PNV, cree que este proyecto "presenta más sombras que luces" para afrontar los retos del futuro, que pasan por garantizar la competitividad, sostenibilidad y seguridad del suministro. Además, ha criticado la "falta de diálogo" del Gobierno, ha rechazado la "voluntad recentralizadora" también en este sector y ha advertido de que el déficit tarifario "no está resuelto".
Carlos Salvador (UPN) ha pedido un "gran acuerdo nacional desideologizado" sobre el futuro de la energía y ha lamentado que el sector viva "instalado en la inseguridad jurídica, la improvisación y las dudas". Además, cree que sería "una gran equivocación" dejar de apoyar a las renovables y castigar el autoconsumo.
Pedro Quevedo (CC-NC) lamenta que el proyecto no "revisa un modelo disparatado, oscuro, caro y con una grave indefinición de lo que es relevante para el futuro" por culpa de una "obsesión por el déficit de tarifa que no conduce a su resolución" a pesar de haberle dado "un golpe de muerte a las renovables" que son la "garantía de independencia en el futuro".
Maite Ariztegui (Amaiur) coincide en que "una norma que debería hablar de luz lleva a la oscuridad más profunda" con un único objetivo "recaudatorio".
Reforma “valiente y necesaria”
Antonio Erías (PP) cree, por el contrario, que la reforma es "valiente, inevitable y necesaria" y que permitirá "promover un nuevo escenario de estabilidad sobre el que asentar las bases de una nueva política energética".
Además, ha defendido que con esta ley "no sólo no se perjudica a las renovables sino que se les ofrece viabilidad al promover el fin del déficit tarifario". También ha asegurado que la norma "defiende el interés general" y tiene como "preocupación máxima" al consumidor, pero ha rechazado la posibilidad de que el Estado controle los precios del sector o que la reforma tenga como pilar una auditoría de los costes.
Con respecto al autoconsumo, ha criticado la "discriminación" de cargar sobre la generalidad de los consumidores los beneficios de quienes opten por esta posibilidad si no se les impone un peaje.
