La realidad es que, en todos los países de la UE, entre los que obviamente se incluye también España, hemos sido incapaces, de forma recurrente, de dar los pasos administrativos necesarios para conseguir que los objetivos de potencia a instalar fueran una realidad. No hemos dotado a las administraciones responsables de los medios necesarios ni habilitado procedimientos y seguimos teniendo los mismos cuellos de botella de hace 10 años. El objetivo de la UE en 2021 era de 32 GW y se instalaron 11 GW.
En España hemos comprobado también como, tanto en la instalación de potencia, como en la adjudicación de nuevas instalaciones, no se están cumpliendo las expectativas. De hecho, podemos calificar las subastas celebradas en octubre y noviembre de este año, sin temor a equivocarnos, de fracasadas, tanto por la potencia no adjudicada como por la señal de fragilidad en el diálogo que se desprende de los resultados, diálogo que debería ser fluido entre el gobierno y las asociaciones que representan al sector renovable. Hacer subastas y que quede desierta la potencia en termosolar, en eólica, en fotovoltaica o en generación distribuida refleja posiciones excesivamente hieráticas que no se corresponden con la necesidad de actuar que la situación de crisis energética y el cumplimiento de los objetivos fijados demandan.
La situación no mejora en cuanto a la disponibilidad real de acceso y conexión a la red eléctrica. Cuando se haya publicado esta tribuna estaremos con la duda sobre si se va a producir una nueva ampliación de plazo para ver si muchas iniciativas logran los avances administrativos necesarios para no perder el ansiado y valorado tesoro del punto de conexión. Hay voces que dicen que es mejor no ampliar plazo y así disponer de esa potencia para que cuando salga a subasta de acceso incorpore en la asignación criterios redistributivos de carácter socioeconómico con las zonas de aplicación. No dejan de tener razón, pero es triste que esa razón la tengamos siempre en los planteamientos a posteriori y no a priori.
A iniciativas tan cercanas a todos nosotros como es el autoconsumo, el gobierno sigue sin otorgarles los grados de libertad necesarios, manteniendo las barreras que impiden su normal desarrollo. Hemos conseguido pequeños logros que ratifican que si no avanzamos más es porque no queremos. Si atendemos a las modificaciones aprobadas, que ahora sea factible establecer una relación entre la potencia instalable y la contratada y que ésta sea arbitrariamente del 50% en la P1, que la limitación de los 500 m entre generación y consumo se haya ido incrementando a 1000 m, con la promesa de llegar a los 2000 m, sin que haya mediado ningún elemento de mejora que recomiende el cambio producido, lo único que refleja es falta de voluntad política para que el autoconsumo sea una realidad y forme parte importante de la cobertura de nuestras necesidades energéticas. Mientras estoy escribiendo estas líneas sobrevuelan negros augurios sobre la modificación del Reglamento de Baja Tensión, pues parece ser que, en lugar de homologar y automatizar las instalaciones de autoconsumo, a petición de las distribuidoras, se pueden introducir exigencias que supondrán un mayor complejidad y dificultad en su desarrollo.
Por otro lado, cuando todos pensábamos que el futuro debía ser sí o sí renovable, estamos viendo como la Comisión Europea (CE) está reforzando el papel del gas como elemento clave para la transición energética, de manera que siga siendo el que cierre los precios del mercado mayorista, a pesar de su volatilidad creada artificialmente por Rusia por cuestiones geoestratégicas. Al error estratégico de unir Europa con los países productores, a través de gasoductos se le da continuidad con una decidida apuesta por el GNL, en su mayor parte procedente de fracking. Es difícilmente asumible que el objetivo sea que las renovables cubran mayoritariamente en 2030 nuestras necesidades energéticas y que no formen parte de los procesos de fijación de precios.
Cuando se estableció el tope al gas, como excepción ibérica, celebramos, aunque fuera un parche, el avance que suponía reducir los costes medios de generación, a pesar de que este precio tope del gas fuera mayor que el coste medio de suministro y que las compensaciones a los ciclos combinados no tuvieran nada que ver con los costes reales que tienen. España ha demostrado que este mecanismo es beneficioso, pero la respuesta de la CE ha sido errática, dejando claro que su voluntad no es acabar con el marginalismo, sino fijar topes que sigan ofreciendo al gas natural la capacidad para gobernar el proceso de transición, sembrando dudas sobre cuáles son los verdaderos intereses de quienes nos gobiernan a nivel europeo.
Es momento de ser valientes y de apostar por la subversión del sistema energético actual, que ha demostrado que vela más por el interés de unos pocos que por el de todos. En este proceso de cambio profundo, España debe mostrar también esta valentía a nivel nacional, con medidas y reformas de calado que nos permitan percibir que para nuestra transición energética tenemos la misma ambición que demostramos en los distintos órganos de la UE al solicitar un cambio sustancial en la definición de la política energética.
