La fiscalidad de la energía puede servir de apoyo a los esfuerzos por combatir el cambio climático, pero los tipos impositivos vigentes no reflejan el grado en que contaminan las distintas fuentes de energía. Es la conclusión principal del análisis que acaba de publicar el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), un análisis que describe cómo contribuyen a los objetivos climáticos de la UE los impuestos a la energía, la tarificación del carbono y las subvenciones a la energía. Según el TCE, aunque las subvenciones a las energías renovables fueron casi cuatro veces mayores en el período 2008-2019, las destinadas a los combustibles fósiles "se han mantenido relativamente constantes en el último decenio, a pesar de los compromisos de supresión progresiva formulados por la Comisión Europea y algunos Estados miembros".
Cierto es que, en el marco del Pacto Verde Europeo (este pacto es una estrategia para conseguir que la UE sea climáticamente neutra de aquí a 2050), la Comisión tiene previsto adaptar el régimen fiscal de la energía a los objetivos climáticos. Pero no lo es menos, no es menos cierto que la Unión Europea se enfrenta a varios retos para revisar la legislación sobre fiscalidad de la energía, legislación que exigirá además un acuerdo unánime del Consejo. Los auditores destacan tres retos a los que se enfrentan los responsables políticos: (1) garantizar una fiscalidad coherente de la energía entre sectores y vectores energéticos, (2) reducir las subvenciones a los combustibles fósiles y (3) conciliar los objetivos climáticos con las necesidades sociales.
Viorel Ştefan, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del análisis: "los impuestos a la energía, la tarificación del carbón y las subvenciones a la energía son herramientas importantes para conseguir los objetivos climáticos. En nuestra opinión, el principal reto es cómo estrechar los lazos entre las medidas reglamentarias y financieras, y encontrar la combinación perfecta entre ambas. Con este análisis, buscamos contribuir al debate sobre los precios de la energía y el cambio climático, y en particular, el próximo debate en torno a la revisión propuesta de la Directiva sobre fiscalidad de la energía"
Uno de los problemas que destaca el análisis del alto tribunal es garantizar la coherencia en sectores y vectores energéticos de la UE que anteriormente recibieron un trato más favorable. En la Directiva vigente sobre fiscalidad de la energía, las fuentes de energía más contaminantes -alertal el TCE- pueden tener una ventaja fiscal con respecto a las fuentes eficientes en carbono: por ejemplo, el carbón tributa menos que el gas natural, y el gravamen de algunos combustibles fósiles es muy inferior al de la electricidad.
Asimismo -apuntan desde el alto tribunal-, mientras que una mayoría de Estados miembros aplican elevados impuestos a los carburantes, otros los mantienen cerca del nivel mínimo establecido por la Directiva, lo que puede distorsionar el mercado interior. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? La ralentización de la transición energética: "unos niveles bajos de precios del carbono y de impuestos sobre combustibles fósiles -apuntan desde el TCE- elevan el coste relativo de las tecnologías más ecológicas y demoran la transición energética".
Los auditores observan que algunas subvenciones a la energía pueden emplearse para la transición a una economía menos intensiva en carbono, pero las subvenciones a los combustibles fósiles lastran la eficiencia de esta transición energética. En general, las subvenciones de los Estados miembros a los combustibles fósiles ascienden a más de 55.000 millones de euros al año, y quince Estados miembros gastan más en las subvenciones a combustibles fósiles que en las destinadas a energías renovables.
De aquí a 2025
La eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles de aquí a 2025, objetivo al que se han comprometido la UE y sus Estados miembros, "constituirá -según el Tribunal- una difícil transición social y económica; en particular, la percepción de que se trata injustamente a algunos grupos o sectores puede suscitar reticencias a la transición hacia una economía más ecológica". El impacto de la fiscalidad de la energía en los hogares -alerta además el Tribunal- puede ser significativo "y despertar rechazo a este tipo de impuestos".
El gasto energético de los hogares (como la calefacción y el transporte) varía de manera considerable: en algunos casos, como los hogares más pobres de Chequia y Eslovaquia, puede superar el 20% de su renta. Para atenuar el riesgo de rechazo a las reformas tributarias, los auditores señalan una serie de recomendaciones formuladas por diversas organizaciones, como, por ejemplo, la reducción de otros impuestos y la aplicación de medidas redistributivas, todo ello garantizando a la vez una mayor transparencia y comunicación sobre los motivos de las reformas.
En julio de 2021, la Comisión publicó una propuesta de revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía como parte del paquete legislativo Objetivo 55 (Fit for 55), un conjunto de propuestas para dirigir la UE hacia una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030. Esa propuesta sigue permitiendo a los Estados miembros reducir los tipos impositivos sobre la energía para algunos sectores por motivos medioambientales y relativos a la eficiencia y la pobreza energéticas.
El paquete contiene también una propuesta para ampliar el régimen de comercio de derechos de emisión al transporte marítimo, e introduce un sistema independiente de comercio de emisiones para el transporte terrestre y los edificios.
Tribunal de Cuentas
«El régimen para el comercio de derechos de emisión de la UE se aplica a los sectores de generación de electricidad y calor, las industrias de gran consumo de energía y la aviación comercial dentro de la UE. Establece un límite máximo a las emisiones totales de estos sectores. Conforme al régimen para el comercio de derechos de emisión de la UE, las empresas deben obtener derechos de emisión equivalentes a sus emisiones de gases de efecto invernadero que, por defecto, se adquieren a través de una subasta. No obstante, algunos derechos se asignan gratuitamente a industrias intensivas en energía (como la producción de acero y cemento) y la modernización del sector de producción de energía en algunos Estados miembros. En nuestro informe de 2020 sobre el régimen para el comercio de derechos de emisión de la UE24 señalamos que la asignación gratuita de derechos de emisión no se orientaba adecuadamente para reflejar el riesgo de fuga de carbono. En virtud de la legislación revisada del régimen para el comercio de derechos de emisión de la UE de 2018, el sistema de derechos de emisión gratuitos se prorroga durante otro decenio»
«Los impuestos explícitos sobre el carbono se generalizaron, pero varían considerablemente entre Estados miembros. La aplicación de impuestos explícitos sobre el carbono, que fijan directamente un precio a las emisiones de CO2, ha aumentado con el tiempo. En 2008, siete Estados miembros aplicaban gravámenes explícitos sobre el carbono. Actualmente, catorce
Estados miembros de la UE gravan dicho impuesto (véase la ilustración adjunta), con marcadas diferencias: desde los 0,1 euros/tonelada de CO2 en Polonia, a los más de 100 euros/tonelada de CO2en Suecia. Estos tributos no suelen aplicarse a sectores que ya se encuentran en el régimen para el comercio de derechos de emisión de la UE. La mayor proporción de emisiones totales cubiertas es la de Irlanda (49 %), seguida de Dinamarca y Suecia (40 %). [El Tribunal de Cuentas aún no se dispone de datos sobre la proporción de gases de efecto invernadero cubierta en Alemania, Países Bajos y Luxemburgo, que introdujeron un impuesto al carbono en 2021]»
Los auditores advierten: "cuando se debaten estas propuestas, los responsables políticos tendrían que tener en cuenta los objetivos climáticos y los relativos al impacto social".
El análisis del TCE abarca el período comprendido entre 2008 y julio de 2021. Los auditores han estudiado otros datos disponibles desde julio de 2021 sobre el precio de los permisos de emisión de la UE (hasta el 30 de noviembre de 2021) y las subvenciones a la energía (datos de octubre de 2021 en adelante). El análisis del Tribunal de Cuentas Europeo «Fiscalidad de la energía, tarificación de las emisiones de carbono y subvenciones a la energía» puede consultarse aquí.
