Greenpeace pide en carta abierta "al Parlamento que resulte elegido, así como al Gobierno que emane de él", que se tome como una prioridad la financiación del desmantelamiento del parque nuclear y la gestión de sus residuos "para que las empresas del oligopolio eléctrico asuman la mayor parte posible de los elevados costes del cierre de las centrales y la gestión de residuos nucleares". La organización ecologista recuerda en su comunicado que "el cierre nuclear proporcionaría una oportunidad para el empleo para más de 300.000 personas y el desarrollo económico del país, además de evitar los riesgos latentes intrínsecos a la energía nuclear" (1).
La propia Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha reconocido -recuerdan los ecologistas- que carece de la financiación adecuada, "lo que refuerza la tesis de la necesidad de actualizar al alza los fondos del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos en cuanto haya un Gobierno, ya que la propuesta anterior -concluye Greenpeace- ha quedado totalmente obsoleta".
Según Enresa, a finales de 2018, el fondo tenía recaudado 5.674 millones de euros. Cuando finalice la actual vida de las centrales -a los 40 años, según el plan vigente-, el fondo debería ser de 10.697 millones (ó 15.450 millones de euros con el valor actualizado a enero de 2019, según los cálculos de Greenpeace). Por lo tanto -señalan los ecologistas-, la tasa nuclear debería incluir una subida que asegure el cumplimento del actual Plan en vigor (que implica una vida operativa de 40 años), y, por lo tanto, debería aumentar aproximadamente en cinco euros el megavatio hora (5 €/MWh) para alcanzar los 10.697 millones, "y añadir 2,35 €/MWh en concepto de la elevación de los costes futuros semejante a lo planteado por Alemania en el marco de su plan de cierre nuclear".
Ambos aumentos -explican desde Greenpeace- implican una elevación de la tasas del 200% (frente al 20% que ha sido planteado para la negociación con las eléctricas): "esto significa multiplicar por tres la tasa actual".
Raquel Montón, responsable de la Campaña Nuclear de Greenpeace: “la energía nuclear es el elefante blanco que sigue pidiendo dinero público tanto para continuar como para cerrar, ambas cosas, y no aporta lo que la sociedad necesita para el año 2020 en términos ambientales, económicos y energéticos”
La organización ecologista pide al Gobierno además que vigile para que las empresas del oligopolio eléctrico "no repercutan en la ciudadanía, en caso de lograrse un aumento de la tasa nuclear, el aumento de los costes del desmantelamiento nuclear de unas centrales que tantos réditos han proporcionado a sus accionistas".
Raquel Montón: “los problemas económicos derivados tanto de la continuidad como del desmantelamiento del parque nuclear nos van a salir caros si no se exige a las empresas propietarias la totalidad de los gastos de su negocio calculados con rigor. Los errores nucleares se pagan caros, sirva como ejemplo el caso del accidente de de Vandellós I (Tarragona) y su actual desmantelamiento, que, tres décadas después del accidente, sigue necesitando tres cosas: financiación, gestión y seguridad. Por ello, en Greenpeace consideramos que las compañías operadoras deben respetar tres principios: el de que quien contamina paga, el de justicia intergeneracional y el de responsabilidad del riesgo real que su negocio produce”
El cierre, antes
La organización ecologista pide así mismo la aceleración del cierre nuclear previsto en el actual Plan Nacional Integrado (PNI 2021-2030) de Energía y Clima, "porque es viable técnicamente sustituir la potencia nuclear en 2025, (junto con la de carbón que ya se está produciendo), tanto desde el punto de vista de cobertura de demanda, como del de la estabilidad de frecuencia del sistema eléctrico, ya que las diferencias en términos económicos y de emisiones son perfectamente abordables cuando se priorizan las políticas públicas encaminadas a la transición ecológica" (2).
Greenpeace recuerda que todo lo que la sociedad se ahorre en costes nucleares podrá ser destinado a propiciar una transición ecológica justa en otros sectores que lo necesitan mucho más, así como a reducir las emisiones de CO2.
La organización ecologista hace especial hincapié en Cataluña, ya que tres de los siete reactores operativos en la actualidad se encuentran en esa comunidad, "por lo que es aquí donde urge más asegurar que las empresas propietarias, principalmente la italiana Enel-Endesa, paguen la totalidad de los gastos" (veáse el informe 30 aniversario del accidente nuclear en Vandellós, de octubre de 2019).
La organización ecologista recuerda en víspera de las elecciones que la política energética, la económica y la ambiental, son inevitablemente dependientes entre sí, y que, por tanto, la emergencia climática y la crisis de biodiversidad implican emergencia y crisis económica y energética. La energía nuclear aporta muchos más problemas que soluciones en los tres ámbitos, el energético, el económico y el ambiental, y además y tiene un coste social muy elevado.
(1) Según el informe que Greenpeace encargó a la consultoría independiente Abay Analistas Económicos y Sociales, "el impacto económico del conjunto de las actuaciones ligadas al desmantelamiento, gestión de los residuos y sustitución de la energía nuclear supondrá un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros y la creación neta de unos 300.000 empleos de los que 100.000 corresponden al desmantelamiento y gestión de los residuos".
(2) Según el documento Único sentido: 2025 sin carbón ni energía nuclear, basado en el Estudio técnico de viabilidad de escenarios de generación eléctrica en el medio plazo en España, realizado para Greenpeace por el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Comillas de Madrid, es viable técnicamente sustituir la potencia nuclear y de carbón en los horizontes estudiados, tanto desde el punto de vista de cobertura de demanda, como de la estabilidad de frecuencia del sistema eléctrico.
