No más dinero para el carbón -sumidero de subvenciones y combustible fósil que acaba convertido en cambio climático-, y sí a la transformación justa del sector. Así vendría a sonar el discurso de Greenpeace, que ha denunciado el "chantaje" de la multinacional italiana Enel, compañía de capital mayoritariamente público (italiano), y hogaño propietaria de Endesa (la Empresa Nacional de Electricidad, SA, empresa pública española que fuera privatizada por los gobiernos de Felipe González y José María Aznar). Pues bien, según Greenpeace, Enel quiere utilizar los 230 millones que le pide al Gobierno de España para adaptar la central térmica de Teruel a la nueva normativa europea de emisiones contaminantes, que entra en vigor en 2020. Greenpeace "recuerda tanto al Gobierno central como al autonómico que Enel registró durante el año 2015 un beneficio neto de 2.196 millones de euros, un 324% más que los 517 millones del ejercicio precedente".
Escándalo
“Sería un escándalo -ha dicho la responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace, Tatiana Nuño- que la ciudadanía tuviera que pagar las obligaciones legales que tiene una empresa millonaria como Enel para seguir con su negocio contaminante de quema de carbón”. La organización ecologista muestra en ese sentido su preocupación, la luz de las reuniones que ha mantenido recientemente con los grupos parlamentarios socialista y popular en las cortes de Aragón, "donde ha comprobado que tanto el PSOE como el PP apoyan las pretensiones de Enel, mientras que desde Podemos apuestan por trabajar en un plan de desarrollo alternativo al carbón para las comarcas sin conceder dinero público a las grandes eléctricas". Según Nuño, "es necesario que todas las personas implicadas en este asunto busquen alternativas justas y respetuosas con el medio ambiente, y que se tengan en cuenta a las comarcas mineras para garantizar la viabilidad de su futuro”.
¿Subvención indirecta de la importación de carbón?
Greenpeace denuncia por otra parte que, "para la térmica de Teruel, que también quema carbón importado, Aragón tiene fijados en su autorización ambiental integrada unos límites excesivos de emisiones contaminantes, muy superiores a los establecidos en la Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión". Además -explican los ecologistas-, las ayudas destinadas a las inversiones ambientales para el cumplimiento de las emisiones contaminantes "son contrarias a la aplicación de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 por varios motivos:
• Incompatibilidad con la normativa comunitaria e internacional. De acuerdo con las Directrices de la Comisión Europea, “una medida para abordar un problema de adecuación de la producción se ha de conciliar con el objetivo medioambiental de eliminar progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente o la economía, incluidas las destinadas a los combustibles fósiles”. Pues bien, en este caso -explica Greenpeace-, las ayudas irían destinadas a alargar la actividad de la quema del carbón; "además de que, con el reciente acuerdo internacional del clima adoptado en París el pasado diciembre, hay que sumar los esfuerzos para no superar el 1,5ºC de temperatura, para lo que hay que garantizar el abandono de los combustibles fósiles".
• Incumplimiento de las normas de la Comisión Europea, pues una ayuda estatal -señalan desde la organización ecologista- será compatible con el tratado de funcionamiento de la Unión Europea (UE) si va más allá de las normas de la Unión o incrementa el nivel de protección ambiental a falta de normas de la UE, "pero en este caso la retribución sería para cumplir la normativa vigente".
• Las ayudas no irían destinadas a favorecer la adaptación anticipada a futuras normas de la UE, sino que irían destinadas a cubrir los costes que las térmicas tienen que afrontar de todos modos para cumplir con la ley.
• No respeta el principio “quien contamina paga”, pues sus beneficiarios son los responsables de la contaminación.
En definitiva, Greenpeace considera que la UE no puede aprobar este mecanismo, pues estaría incumpliendo sus propias directrices y que, "dada la sobrecapacidad eléctrica instalada en España, el cierre de las térmicas es perfectamente posible". La oenegé ecologista sostiene por otro lado que ya "ha demostrado la viabilidad técnica y las ventajas económicas de un modelo energético eficiente e inteligente basado al 100% en energías renovables, necesario para evitar los problemas de contaminación atmosférica y los peores impactos del cambio climático".
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