Así consta en la enmienda (a la que ha tenido acceso Europa Press) que los socios de Gobierno han planteado a una moción de Bildu debatida este miércoles en el Pleno del Congreso, con una batería de medidas para endurecer el control sobre las eléctricas y combatir la escalada de precios. La propuesta de PSOE y Unidas Podemos acepta la realización de inspecciones y sanciones ante la sospecha de posibles manipulaciones de mercado y enriquecimiento abusivo por parte de empresas eléctricas, la realización de una auditoría exhaustiva para detallar los costes reales de generación de cada tecnología y el citado veto a empresas manipuladoras.
Los grupos socialista y de Unidas Podemos enmarcan estas medidas en las conclusiones de una comisión no permanente del Congreso para estudiar el precio de la luz y la mejora del sistema eléctrico, aún pendiente de constituir. Las tres formaciones políticas (PSOE, Podemos y Bildu) negocian ahora un texto conjunto -informa Europa Press- para someterlo a votación en el Pleno de la Cámara Baja este jueves. La moción es consecuencia de la interpelación dirigida por Bildu a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la última sesión de control al Gobierno del pasado año.
Sanciones que no disuaden
En su defensa de la moción, el portavoz energético de Bildu, Oskar Matute, ha lamentado que las costas y las sanciones a las eléctricas por alteraciones ya existentes y probadas acaban siendo de una cuantía "muy por debajo" de la ganancia obtenida, y ha reivindicado auditar exactamente los costes para actuar ante posibles sobrerretribuciones.
German Renau, portavoz de Transición Ecológica del PSOE, ha coincidido en que los costes de generación y el precio de la electricidad "no están yendo de la mano", y ese está siendo "el mayor problema" al analizar el sistema eléctrico. Por ello, ha defendido una reforma del mercado eléctrico, tal y como ha defendido España en Bruselas.
Subastas
Idoia Sagastizabal (portavoz del PNV) ha recordado a los partidarios de esa reforma que "Europa ha dicho que no" a la propuesta que el Gobierno de España ha llevado a Bruselas. Sagastizabal ha reclamado por su parte otra reforma: la de la tarifa regulada, que considera debe ser sacada del mercado diario, como sucede en otros países.
Por el PP, José Alberto Herrero Bono, ha reivindicado la necesidad de mayores inversiones en el sistema, para aumentar las interconexiones, y converger con otros países, cuestionando la primacía de tecnologías de generación llevada a cabo por la vicepresidenta Ribera.
Esquerra señala a los señores del agua
Joan Capdevila, de ERC, ha señalado que el actual diseño de mercado impide una fijación de precios adecuada, pero que esto "se agrava con la falta de competencia del sector", donde detecta "monopolios dominantes" y se permite "un uso cautivo de la energía hidráulica que no contribuye a controlar el precio de la energía en momentos como el actual".
También han puesto el foco en los márgenes de beneficios de las grandes eléctricas grupos como Unidas Podemos, la CUP o Compromís, reivindicando los primeros (Podemos) una empresa pública que rompa con el oligopolio.
