El 18 de mayo de 2010, Jordi Sevilla presentó en Madrid el informe «El modelo eléctrico español en 2030» (de la consultora PricewaterhouseCoopers, PwC). Sevilla oficiaba aquella presentación en su condición de asesor de alto nivel en PwC (senior advisor) y, sobre todo, como coautor del informe en cuestión. Ese día -18 de mayo de 2010-, la consultora publicó además una nota de prensa en la que recogía los resultados del estudio y, así mismo, declaraciones de Antonio Rodríguez de Lucio, socio responsable de consultoría del Sector Energía de PwC y autor del Resumen Ejecutivo de ese informe. Lucio destacaba en ellas el hallazgo clave del informe: la demanda de energía va a crecer.
En concreto, Rodríguez de Lucio decía lo siguiente: “el incremento previsto de la demanda va a exigir al sector eléctrico un esfuerzo económico e industrial. Para cubrir esta demanda -añadía a la sazón De Lucio-, será necesaria la participación de todas las tecnologías disponibles”. El informe en cuestión concluía así que "el sector eléctrico deberá instalar entre 3.500 y 5.000 megavatios (MW) anuales hasta 2030 para garantizar el suministro, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema". En resumen: el informe PwC explicaba que España debía instalar -en el lapso 2010-2030- entre 70.000 y 90.000 MW de potencia de generación (España contaba en 2010 con 104.693 MW de capacidad instalados).
Pero la demanda no creció, o sea, que PwC se equivocaba
Efectivamente, en 2011 en España no creció (sino que cayó) la demanda de electricidad (un 1,9%); en 2012, volvió a caer (un 1,4%); en 2013, cayó otro 2,2%; y, en 2014, bajó de nuevo, 1,2%. Tras cuatro años de caída, en 2015 subió un punto y medio (el dato, de Red Eléctrica de España, es aún provisional). A pesar de esa tímida recuperación, la demanda peninsular de enegía eléctrica registrada el año pasado (248.181 gigavatios hora) sigue estando muy por debajo de la registrada en 2006, 2007 ó 2008 (antes de la crisis) y también de la computada en 2009, 2010 ó 2011 (cuando esta -la crisis- ya estaba instalada en todo el mundo). Así, España consumió el año pasado menos electricidad que en 2006, diez años atrás.
El error en la previsión parece monumental, pues
No ha crecido la demanda (escenario que vaticinaba PwC) y no ha hecho falta la potencia que la consultora proponía como solución "para garantizar el suministro" o, más aún, para garantizar "la sostenibilidad del sistema". Así, seis años después del vaticinio de Sevilla y PricewaterhouseCoopers, España tiene 108.299 MW de potencia de generación eléctrica. O sea, que, a lo largo del último quinquenio (2011-2015), el parque eléctrico nacional ha crecido apenas 3.606 megavatios, potencia adicional suficiente (a la vista está) como "para garantizar el suministro, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema", objetivos todos para los que Sevilla y PwC consideraban necesario sumarle a ese parque nada menos que... entre 3.500 y 5.000 megavatios... cada año.
¿Una previsión de aumento de la punta de más de 30 gigas?
El informe PwC presentado por Sevilla en aquel mes de mayo de 2010 proponía instalar hasta 5.000 MW cada año porque "el incremento de la demanda de energía eléctrica, en el período 2009-2030 -decía-, exige satisfacer un aumento de la punta de más de 30 GW" (un aumento de más de 30.000 MW sobre los aproximadamente 44.000 que entonces se registraban). Las previsiones PwC volvían y vuelven a estar muy lejos de la realidad. ¿La prueba? En 2010, la máxima demanda de potencia horaria de todo el año tuvo lugar el 11 de enero, entre las 19 y las 20 horas, y se quedó en 44.122 MW. Pues bien, en 2015, la demanda máxima horaria del año se produjo el 4 de febrero (entre las 20 y las 21 horas) y no ha llegado siquiera a los 41.000 MW (40.324 MW).
Tampoco ha crecido la punta de potencia instantánea
El momento del año en el que más aparatos enchufamos todos los españoles simultáneamente a la red establece el denominado "máximo de potencia instantánea demandada" y es otro indicador que señala por dónde van las tendencias. Pues bien, la punta máxima histórica (de potencia instantánea demandada) quedó registrada el 17 de diciembre de 2007, a las 18.53 horas (45.450 MW). Nunca después se ha alcanzado ese techo. Es más: en el quinquenio posterior a la predicción de PwC (2011-2015), nunca se ha llegado siquiera a los 44.000 MW (44 GW). En 2014, la potencia máxima instantánea (el techo de ese año) se quedó por debajo incluso de los 40.000 MW (4 de febrero a las 20.18 horas: 38.948 MW). El dato 2015 es 4 de febrero, a las 19.56 horas, con 40.726 MW.
Otros factores
La crisis económica, la curva demográfica y la paulatina generalización de la implementación de medidas de ahorro y eficiencia en todos los sectores no hacen presagiar ni mucho menos el incremento de las necesidades (más potencia para generar más electricidad) que vislumbraba PwC en su informe. Sin embargo, el escenario pintado por la consultora era ese: "el incremento de la demanda de energía eléctrica, en el período 2009-2030 -decía-, exige satisfacer un aumento de la punta de más de 30 GW y del consumo de unos 200 TWh" (teravatios hora). El informe de Sevilla y PwC prevé pues un gran aumento de la demanda y apunta ipso facto la solución: "la cobertura de la demanda con la adecuada garantía de suministro exige la participación de todas las tecnologías disponibles".
¿Conclusión? También hace falta la nuclear
Y eso fue lo que dijo Sevilla en el acto de presentación del informe PwC el 18 de mayo de 2010. “Ni desde el punto de vista económico ni de la emisiones de CO2 debemos excluir la opción nuclear”. No era la primera vez que el exministro apostaba por la nuclear. Léase «Hacia una economía sostenible», otro informe PwC, que prologa Sevilla, y en el que el político socialista apuesta por la energía nuclear "como alternativa" frente al calentamiento global: "el ahorro, la nuclear y las renovables" -enumera en ese orden (página 12)- como "alternativa" al cambio climático. "Las actuales nucleares obtienen con sus prórrogas de actividad grandes beneficios que podrían redirigirse, por ejemplo, hacia la investigación en renovables", había escrito ya meses antes en su blog.
Responsable económico del equipo de Pedro Sánchez
Pues bien, Jordi Sevilla, que es actualmente Responsable Económico del PSOE, encabezó el pasado jueves la delegación del Partido Socialista que se reunió con un equipo de Ciudadanos (Cs) en la sede de la Unión Española Fotovoltaica, adonde habían sido invitados todos para clarificar su postura con respecto al impuesto al Sol, una postura que habían sugerido PSOE y Cs en el «Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso» (que ambos firmaron el pasado 24 de febrero), pero que ayer matizaron algo más. Sevilla -el hombre que propone en su blog prórrogas para la nuclear que ayuden a financiar la investigación en renovables- es probablemente uno de los síntomas más evidentes de la bipolaridad del PSOE.
¿Las cerramos o las prorrogamos?
Bipolaridad porque el acuerdo que acaban de firmar los socialistas con Ciudadanos apuesta explícito (en su página 13) por el "cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil", lo que parece contrastar bastante con el discurso de su Responsable Político, Sevilla, que quiere financiar la investigación en renovables -como se dijo- con prórrogas nucleares. Bipolaridad porque el acuerdo con Ciudadanos viene a decir No al Fracking, pero, en realidad dice no... de entrada (como con la OTAN). ¿Y por qué? Pues porque el PSOE solo se compromete en ese texto a "establecer una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica". Mo-ra-to-ria, no prohibición.
Y bipolaridad porque...
Aunque ese «Acuerdo» dice apostar por "una transición energética que combata firmemente el cambio climático" (página 6), lo cierto es que incluye entre sus diez medidas clave varias que han suscitado honda preocupación en los sectores más concienciados con el calentamiento global, como la referida al "fomento de tecnologías de combustión limpia" para el carbón nacional o aquella otra que apuesta por facilitar "la progresiva adecuación" del mercado gasístico al nuevo modelo energético, un modelo en el que por lo visto el PSOE quiere asegurarse una cuota de gas natural, ese combustible fósil cuyo principal componente -el metano- es 23 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero.
Sobre el gas y respecto a cómo ve este asunto el PSOE, Energías Renovables (ER) ya publicó hace unas semanas una crónica que apuntaba maneras.
La titulamos "El gas coloca a otro de sus hombres en una alta institución del Estado". Y comenzaba así:
El socialista vasco Patxi López será el próximo presidente del Congreso. La designación del que fuera lehendakari de Euskadi llega tras un acuerdo cerrado a tres bandas: PP, PSOE, Ciudadanos. López ya fue sujeto de un acuerdo similar (Partido Socialista de Euskadi-Partido Popular de Euskadi-UPyD) en 2009, cuando esas tres fuerzas políticas se unieron en el Parlamento Vasco para convertirle en el primer lehendakari no nacionalista de la historia. Su gobierno aprobó en 2012 la Estrategia Energética de Euskadi 2020, documento que propone incrementar la "participación del gas natural en la demanda total de energía" en el País Vasco desde el 42% de 2010 al 49% en 2020 y en el que el Gobierno de López anuncia incluso la "exploración y explotación" de yacimientos no convencionales de gas natural en la Cuenca Vasco Cantábrica. En fin, fracking.
A continuación, ER recoge la propuesta energética contenida en el Acuerdo PSOE-Ciudadanos
"La consolidación de una recuperación económica vigorosa, sostenible y más inclusiva, que beneficie a una mayoría de la población, requiere: (I) un cambio en el modelo de crecimiento más basado en la innovación y la mejora de la productividad, (II) una transición energética que combata firmemente el cambio climático y (III) fortalecimiento de la estabilidad presupuestaria mediante una reforma fiscal progresiva que amplíe las bases y un análisis de eficiencia del gasto público".
Punto I.3 del Acuerdo PSOE-Cs: Transición energética y lucha contra el cambio climático
"El objetivo último es alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones de CO2 compatible con los compromisos de París". El Punto I.3 propone diez medidas.
•1 Promover un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética.
•2 Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización, impulse el mejor conocimiento y la
disponibilidad de escenarios climáticos y de trayectorias para el desarrollo sostenible, así como la sistemática toma en consideración de los elementos de riesgo climático en
cualquier actuación pública y de transparencia y rendición de cuentas en empresas cotizadas, incluyendo:
o la creación de una Comisión para la Transición Energética, que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones de CO2 a 2020/2030 y 2050 que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo, y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2 del país, que se remitiría anualmente al Parlamento.
o obligaciones de transparencia sobre riesgos de carbono y de impacto climático en empresas cotizadas.
o modificación de la Ley de Contratación Pública, incluyendo nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas.
o escenarios de largo plazo para Zero emisiones e informe anual sobre evolución.
o generación de mapas de riesgos e incorporación en análisis de impacto y en planificación sectorial en ámbitos tales como la territorial, urbana, hidráulica, energética y de infraestructuras.
•3 Apoyar la creación de una interconexión eléctrica con Europa a través de Francia para hacer posible la exportación de excedentes de energía que en estos momentos existen.
•4 Impulsar el ferrocarril de mercancías, como paso esencial hacia la descarbonización de la economía española.
•5 Establecer una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica (fracking) y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos.
6• Cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil.
7• Reformar el Real Decreto 900/2015, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, incluido el denominado "impuesto al sol", y aprobar en su lugar un marco regulatorio estable para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto.
8• Acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición.
•9 Avanzar en la autonomía energética garantizando la seguridad de suministro que incluya la solución al consumo del carbón nacional contemplada en el Marco de Actuación acordado con las agentes sociales y la Unión Europea para el periodo 2013-2018 que incluye el fomento de tecnologías de combustión limpia.
•10 Creación de un fondo verde para la transición energética, alimentado con parte de la nueva fiscalidad medioambiental, dedicado a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa.
Medio ambiente urbano: Ciudades resilientes y Zero emisiones
• Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector. En el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.
• Desarrollar plenamente el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Smart cities), mediante la creación de un consejo asesor de ciudades inteligentes.
Y, dentro de Plan de Emergencia Social, Medidas de lucha contra la pobreza energética
• Aprobar una Ley de protección de los consumidores vulnerables contra la pobreza energética que incorpore los elementos mínimos imprescindibles para desarrollar una prestación efectiva a los consumidores vulnerables de suministros energéticos y para abordar la insoslayable situación de pobreza energética.
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