Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que integran la campaña a favor de abandonar el tratado, afirma que el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) sigue protegiendo las inversiones en combustibles fósiles y permite a empresas e inversores extranjeros demandar a los países ante tribunales privados a causa de sus medidas legislativas.
El debate de esta tarde, programado de 17:00 a 19:30, será el primer evento público sobre el TCE desde que fue ratificado por España en 1994, durante el mandato de Felipe González. Bajo el título ¿Es posible la salida del Tratado de la Carta de la Energía?, en la jornada se ahondará en las amenazas que supone el Tratado para la transición energética, las políticas sociales y las arcas públicas del Estado, y se analizarán las posibles vías de salida a la vista del estancamiento en las negociaciones en curso para modernizar el TCE.
Unidas Podemos, que en varias ocasiones ha solicitado al Gobierno la salida del TCE, ha sido el grupo motor de este debate, en el que participarán grandes y pequeños grupos parlamentarios. La campaña No a los TCI y Ecologistas en Acción sostienen que “el TCE es un tema que impacta a todos los niveles y debería ser una preocupación común a todos los grupos”.
Firmado en una época de proliferación masiva de tratados de comercio e inversión en Europa, sin estudios de impacto ni consultas públicas, según señala Ecologistas en Acción, “tres décadas después el TCE se ha vuelto como un bumerán contra los Estados signatarios y el interés general”, afirma la organización ecologista. Por ello, “es crucial iniciar el debate en el Congreso e impulsar la salida del TCE de forma urgente, como ya hizo Italia en 2015”.
"En España, el TCE ya obliga a la ciudadanía a pagar 971 millones de euros a inversores extranjeros a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero la cantidad total reclamada en un total de 50 demandas asciende a más de 10.000 millones de euros. Otros países están siendo coartados para legislar a favor de la descarbonización, como es el caso de Países Bajos que ha recibido dos demandas de 1.400 y 1.000 millones de euros por una Ley para eliminar el carbón en 2030", añaden desde la ONG.
Otro dato que apuntan es que, en 2007, Bulgaria y Hungría fueron objeto de varias demandas bajo el TCE por intentar abaratar el precio de la electricidad. “Un hecho que pone sobre la mesa la dificultad de legislar en el actual contexto de escalada del precio de la luz que ha dejado a miles de familias en situación de pobreza energética”.
Negociaciones fallidas
La Unión Europea sigue apostando por alinear el TCE con el Acuerdo de París, pero hasta el momento, las nueve rondas de negociación mantenidas con esa finalidad han terminado en fracaso. En enero pasado, las ministras Teresa Ribera, Reyes Maroto y Arancha González Laya (entonces todavía ministra de Exteriores) advirtieron a la Comisión Europea que si la modernización fracasa, España iniciaría la salida.
El debate podrá seguirse por streaming en la web del Congreso.
