La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el titular de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, José Duarte Cordeiro, anunciaron ayer un acuerdo con Bruselas para poner tope al precio del gas en el mercado mayorista de electricidad de la Península Ibérica, que se situará en una media de 50 euros el megavatio hora en los próximos doce meses. Con arreglo al acuerdo alcanzado con el Ejecutivo comunitario, el precio de referencia del gas se fijará, en un primer momento, en torno a 40 euros mega y marcará un precio medio de 50 euros a lo largo de los 12 meses que esté en vigor, lo que supone 20 euros más del tope de 30 euros que propusieron inicialmente España y Portugal, pero se encuentra 30 euros por debajo del precio al que hoy cotiza (82,79) el gas en Mibgas (el mercado ibérico del gas).
Fernando Móner, presidente de CECU: "este acuerdo podría resultar en un pequeño salvavidas pero con esto no se solucionan todos los problemas de la factura eléctrica. Debemos seguir exigiendo mayor transparencia y unos precios justos para los consumidores, además de una oferta basada en energías renovables y respetuosas con el medio ambiente"
La asociación considera que, aunque hay que esperar a ver los detalles tras la futura aprobación de estas medidas del Consejo de Ministros, la limitación de los precios es algo positivo. Sin embargo, recuerda que el precio tope que se establecerá sigue muy por encima de los récord alcanzados hasta el año pasado, cuando comenzó la escalada de precios. "No hay que olvidar que la grave inflación que estamos padeciendo comenzó con el incremento de la factura energética el pasado verano. Obviamente -ha añadido Móner- esta medida puede devolvernos a una senda de mayor tranquilidad en materia de precios y, en particular, respecto a la factura energética".
CECU recordó la imperiosa necesidad de que el Gobierno tome medidas para evitar que aumente el número de consumidores, especialmente entre los más vulnerables, que sufren de pobreza energética en nuestro país. Entre estas medidas se incluye ir más allá del bono social y abordar desde la perspectiva del respeto a los Derechos Humanos el debate de la tarifa social, propuesta por diversas organizaciones. Esta tarifa debería garantizar la protección de las personas más vulnerables, creando un marco tarifario específico que permita que las familias reciban este trámite de forma automática, sin tener que realizar ninguna gestión compleja.
Además, la Confederación de Consumidores y Usuarios pide "una apuesta decidida por las energías renovables y la eficiencia energética para acabar con la dependencia del gas fósil, un punto especialmente sensible en la crisis actual por la invasión rusa en Ucrania".
