La compañía estadounidense Alcoa anunció el pasado 17 de junio un “despido colectivo que podría potencialmente afectar” a 534 empleados de Alcoa-San Cibrao (Lugo). Frente a ello, el Gobierno ha propuesto un plan de viabilidad que pasa por la vía PPA. El Power Purchase Agreement (PPA) es un contrato de compraventa de energía a largo plazo, que establece un precio concreto (del kilovatio hora) para un período concreto. El sector de las energías renovables está empleando esa fórmula como palanca de instalación de nueva potencia de generación. El promotor de un parque se asegura un cliente durante un período amplio y, con el cliente en la cartera, se acerca al banco a solicitar un crédito para poner en marcha su parque eólico o fotovoltaico. El banco accede y fía, pues su futurible deudor -el parque eólico, por ejemplo- tiene ya un comprador para los kilovatios hora que van a producir sus aerogeneradores (un comprador para rato además, pues los contratos son a largo plazo, 10, 15, 20 años). Y, así, y por fin, el promotor recibe el crédito y con él materializa su proyecto. En el otro lado de la balanza está el cliente: grandes corporaciones casi siempre que se aseguran un precio estable de la electricidad durante un período muy concreto, lo que disipa incertidumbres y apuntala estrategias, y que encima pueden colgarse la medalla de estar usando energía limpia y contribuyendo así a paliar el cambio climático y a impulsar la tan necesaria transición ecológica. En fin, miel sobre hojuelas. Alcoa lo ha hecho en Noruega, pero no en San Cibrao. Y en el Ministerio de Industria se han dado cuenta.
El secretario general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raül Blanco, presentó ayer a la Mesa de Traballo Multilateral Alcoa San Cibrao (Lugo) un Plan Industrial a diez años vista de viabilidad para la instalación. Grosso modo, lo que el plan plantea es (1) un contrato bilateral con varias fuentes energéticas: gas de alta eficiencia de 100/200 megavatios, un parque eólico de 400 megas y un parque fotovoltaico de 800; y (2) un precio de energía en un rango de 25 a 35 euros el megavatio hora “a partir de los instrumentos actualmente en curso y de la entrada de socios” (o sea, electricidad subvencionada). El secretario general de Industria aseguró ayer ante la Mesa que “hay gente dispuesta a entrar como socio energético o como socio industrial; si hay voluntad -dijo-, hay solución, pero depende de la empresa”. Eso sí -advierte-, “esta propuesta es incompatible con presentar un ERE pasado mañana [por mañana]; si Alcoa quiere, estaremos ayudando, y si Alcoa no quiere, que venda la instalación y que deje paso a otros”.
Raül Blanco, secretario general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: “ese es el precio que han pedido la Xunta, los trabajadores y la empresa. El precio de la energía no es el problema. San Cibrao es viable, se puede hacer un PPA con la vista puesta en el futuro, producir hidrógeno verde e introducir un proceso de producción más limpio y sostenible. Además, las tendencias nos van a favorecer, porque en un entorno de largo plazo nos vamos a precios más bajos, gracias a la implantación de las energías renovables”
Por lo demás, Blanco ha acusado a la multinacional de manipular los precios del aluminio. Durante su exposición, el secretario general de Industria ha señalado que “Alcoa no es neutral en la evolución de los precios, sino que origina los cambios de precio”. Más aún: “lo de San Cibrao -ha dicho Blanco- no es un fenómeno aislado, lo hemos vivido en A Coruña y Avilés. Viene de una estrategia corporativa del oligopolio de los productores de aluminio, que genera las consecuencias que estamos viendo”.
Durante su comparecencia ante la Mesa, Blanco también ha hecho especial hincapié en el caso del acuerdo firmado por Alcoa en Noruega: “el acuerdo de Noruega es perfectamente reproducible en Lugo. No creo que construir un parque eólico sea más barato ni más competitivo en Noruega que en Galicia, y no creo que la alúmina en Noruega sea más competitiva que en San Cibrao. Puede haber nuevas iniciativas que den continuidad y viabilidad industrial a San Cibrao, tanto en alúmina como en aluminio primario”. El Ministerio estima que la alúmina que llega en barco a Noruega añade como mínimo un 15% adicional a los costes de producción.
Según la información facilitada por el Ministerio, el contrato eólico de Alcoa vincula a la empresa al parque eólico noruego Øyfjelletin, de 330 megavatios, que está previsto entre en operación en 2021. El parque es de Eolus.
A lo largo de la reunión, el secretario general de Industria ha expresado su sorpresa porque la Xunta “se haya alineado contra el Gobierno, dando oxígeno a Alcoa”, y ha señalado que “si se inicia el Expediente de Regulación de Empleo, la otra parte de la Administración existe, e intervendrá. Será la autoridad laboral, es decir, la Xunta, la competente para gestionar el proceso. Espero que el conselleiro sea exigente con la empresa para defender los derechos de los trabajadores de San Cibrao”.
En la reunión han intervenido el conselleiro de Economía e Industria de la Xunta, Francisco Conde; el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada; el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado; el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan; y los responsables autonómicos de industria de UGT (José Luis Combarro y Javier Carreiro), CCOO (Víctor Ledo y Xoan Xosé Bouzas) y CIG (Paulo Carril).
También han asistido la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez; el director general de Industria y Pyme del Ministerio, Galo Gutiérrez; el director general de Industria y Minas de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces; el director General del Igape Juan Manuel Cividanes; el subdirector adjunto de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Carlos Redondo; y varios representantes del comité de empresa de San Cibrao.
