El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico envió a la Comisión Europea el pasado mes de junio la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030 (Pniec). Esa actualización, que incluye "numerosas modificaciones" (amplía por ejemplo -explican desde el Instituto- de 78 a 107 las medidas contempladas), presenta, además, un incremento considerable en los objetivos que se plantea el Gobierno (en materia de penetración de renovables) de aquí al año 2030. Por ejemplo, incrementa el objetivo eólico desde los 50.233 megavatios (fijados como objetivo en el primer Pniec, que fue enviado a Bruselas en 2020) hasta los 62.044 que ahora recoge la actualización del Plan. Otro ejemplo: el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (que ese es su nombre oficial) incrementa el objetivo fotovoltaico fijado en el primer Pniec (39.181 MW) hasta los 76.387 megas. Pues bien, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente hizo público ayer un documento en el que recoge "ocho puntos positivos y once puntos negativos del borrador". Son estos.
Puntos positivos del borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, según el Instituto IDMA
• Aumenta la ambición en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero para 2030 y se incrementan los objetivos de potencia renovable sobre el uso final de la energía y en la generación eléctrica. También se aumenta el porcentaje de mejora de la eficiencia energética.
• Incluye información sobre el consumo de energía final por sectores, dividido por fuentes, con proyecciones a 2030.
• Adelanta el fin de la generación eléctrica a partir del carbón.
• Realiza una previsión ambiciosa acerca de la potencia instalada para la energía eólica marina flotante en 2030, encuadrando dicho objetivo en los tres gigavatios (3.000 megavatios). No obstante, todavía no se ha desarrollado el marco jurídico necesario para alcanzar ese objetivo tan ambicioso.
• No prevé aumentar la potencia eléctrica a partir de biomasa en España para 2030.
• Incrementa el objetivo relativo al porcentaje de RFNBO (renewables fuels of non-biological origin) sobre el hidrógeno en la industria de un 25% a un 74% para 2030.
• Refuerza el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el sector de la agricultura en un 3%, pasando del 18% al 21% en 2030, respecto a los niveles de 2005.
• Se incrementa la superficie de aplicación de las medidas previstas para proteger y restaurar los sumideros agrícolas.
[Bajo estas líneas, los objetivos, tal y como han quedado concretados en este borrador de Pniec, Peniec II si se quiere y, a su derecha, tabla comparativa entre el Pniec I y el borrador de Pniec II que el Gobierno presentó en julio].
Puntos negativos que observa el Instituto en el borrador del Pniec
• No ha sido sometido a una evaluación ambiental estratégica, pese a ser obligatorio según la normativa ambiental vigente.
• Su proceso de actualización ha tenido lugar sin contar con una participación del público efectiva, infringiendo así el Convenio de Aarhus. La consulta pública ha tenido lugar cuando el borrador ya se había enviado a la Comisión Europea, ofreciendo escasas garantías de poder incidir en el texto final.
• No se prevé la disminución de la capacidad instalada de centrales de gas para 2030, a pesar de ser una fuente importante de contaminación y contribución al cambio climático. Para poder desvincular nuestra dependencia energética de este combustible, apostando también por un fortalecimiento de los procesos de transición justa, el Pniec -sostiene el Instituto- debe reflejar un cierre progresivo de centrales de ciclo combinado que permita llegar al año 2035 sin la presencia de gas fósil en el mix energético europeo. "Eso evitaría que nos encontremos en un escenario similar al que sucedió con las centrales térmicas de carbón en nuestro país en unos años".
• El mercado de capacidad previsto en el borrador del Pniec es innecesario, dado que el sistema eléctrico peninsular español presenta una situación de sobrecapacidad. Además, el mecanismo de capacidad propuesto es contrario a la normativa europea del sector eléctrico y en materia de ayudas de estado.
• Se debe evitar la introducción de mecanismos de capacidad que beneficien a las centrales de gas. El Pniec, además de una reducción de la participación del gas en la generación eléctrica, debe redimensionar el papel de los ciclos combinados como tecnología de respaldo.
• La planta de regasificación de El Musel es innecesaria como terminal de gas natural licuado (GNL) para España y otros países europeos, teniendo en cuenta que en 2030 se prevé un gran desajuste entre la demanda de GNL prevista en Europa y su capacidad de regasificación.
• No incluye información obligatoria sobre el origen, tipología y cantidades de biomasa forestal y agrícola necesarias para alcanzar el objetivo previsto para 2030. Esta omisión de información es contraria al Reglamento de Gobernanza de la UE.
• Sigue apostando por el H2Med, proyecto que consideramos debe ser abandonado, teniendo en cuenta que estamos frente a una tecnología que se encuentra en una fase temprana de desarrollo, con una evidente inmadurez en términos de producción a gran escala, así como de transporte. Además, no existe un estudio previo sobre las perspectivas de demanda de hidrógeno verde que avalen su necesidad. Por último, no hay información con respecto a la capacidad de energías renovables que se dedicará al abastecimiento de los electrolizadores necesarios para producir un volumen anual de hidrógeno renovable que permita garantizar la viabilidad económica del proyecto H2Med. Esta implantación masiva de energías renovables no solo puede conllevar impactos adversos para el medio ambiente y la biodiversidad, sino que podría enfrentarse a la escasa aceptación social en el medio rural.
• No hay claridad acerca de las medidas y objetivos previstos para la descarbonización del sector industrial. Todos los subsectores industriales, y, en particular, el sector siderúrgico, deben contar con sus propias hojas de ruta de descarbonización que incluyan hitos intermedios.
• No se han establecido objetivos de reducción de metano y óxido nitroso específicos para el sector de la agricultura, tal y como recomienda la Comisión Europea. Además, resulta cuestionable la viabilidad del objetivo reforzado de reducción de emisiones sin un refuerzo equiparado de las medidas de mitigación previstas para los sectores agrícola y ganadero.
• Las medidas relativas a los sumideros agrícolas no se han potenciado lo suficiente como para alcanzar los nuevos objetivos de absorciones netas establecidos en la normativa europea.
Credenciales
Fundado en 1996, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente se define como una organización independiente cuyo el objetivo es "contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del planeta, a través del análisis, la aplicación y ejecución del Derecho en todas sus vertientes". Se trata de la única organización de estas características existente en España. El Instituto IDMA trabaja en las áreas de la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la gobernanza y la sostenibilidad, los recursos hídricos, la biodiversidad y el medio marino, entre otras cuestiones.
