El RD 1432/2008 obliga a las administraciones autonómicas a (1) declarar zonas de protección y (2) publicar un listado de tendidos muy peligrosos en esas zonas [i] con la finalidad de que se puedan poner en marcha las medidas de corrección por parte de los titulares de los tendidos. En la actualidad, a SEO/BirdLife sólo le consta la publicación de estos listados en ocho de las 17 comunidades autónomas que integran España: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Es por ello urgente -explican desde esta organización conservacionista- la aprobación y publicación de dichos listados". La exigencia de SEO llega tras 10 años de vigencia del Real Decreto en cuestión. La asociación también exige la corrección de los tendidos que corresponda y denuncia que, además, Asturias es la única comunidad autónoma que aún no ha definido las zonas de protección a las que les obliga la norma.
Según el responsable del programa Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega, "las administraciones públicas españolas tienen a su disposición varias medidas, fundadas en nuestro marco jurídico, que les permiten reclamar (y en algunos casos obligan) a los titulares de líneas eléctricas su colaboración para la corrección de aquellos tendidos eléctricos que estén causando una mortalidad continuada de avifauna en España”. De la Bodega apunta que, afortunadamente, va empezando a detectarse “una tímida actividad administrativa frente a la responsabilidad de los propietarios de los tendidos”.
Libro Rojo
Según el Libro Rojo de las Aves de España, la electrocución es una de las principales amenazas para 24 especies, entre las que se encuentran especies en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica, el águila-azor perdicera o el milano real. Además -continúa SEO/BirdLife-, según un informe del Ministerio para la Transición Ecológica, los tendidos eléctricos causan la muerte de, al menos, 33.000 aves rapaces al año (teniendo en cuenta que únicamente se analizaron los datos de 11 comunidades autónomas), generando un coste económico de alrededor de 141 millones de euros, estimado según el método del sistema MORA (Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental).
La mortalidad detectada por electrocución en tendidos eléctricos -explica SEO- se estima solo en el 15% de la mortalidad real, ya que muchas muertes nunca serán detectadas, bien por ausencia de muestreos o bien por la desaparición de los cadáveres debida a distintos motivos (fundamentalmente por la acción de carnívoros). Sobre el particular se ha pronunciado el responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/BirdLife, Nicolás López: "solo durante los últimos 15 años -apunta López- se estima que en España han muerto electrocutadas, como mínimo, más de 200 águilas perdiceras y más de 120 águilas imperiales, una situación insostenible que pone en jaque todos los esfuerzos por recuperar y estabilizar la población de algunas especies amenazadas como las citadas”.
Ocho aves por kilómetro de tendido al mes
Además, a este tipo de mortalidad hay que unir las muertes provocadas por colisión. La oenegé conservacionista informa también en la carta al Defensor del Pueblo de que estudios recientes (Barrientos & AL., 2011[1], 2012[2]) estiman en 8,2 colisiones/mes/kilómetro en tendidos eléctricos del centro de España, o, lo que es lo mismo, más de ocho aves muertas por kilómetro de tendido al mes. “Es decir, que en un tendido de longitud media de unos 59 kilómetros podrían morir potencialmente más de 5.800 aves al año, si la línea no cuenta con medidas adecuadas frente a la colisión”, añade David de la Bodega.
Responsabilidad
SEO/BirdLife también ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo las diferentes responsabilidades que tienen los propietarios de los tendidos eléctricos frente a la electrocución y las colisiones y las posibilidades legales de actuación que tienen las administraciones públicas para exigirla.
Las electrocuciones y colisiones de avifauna reiteradas y sin la adopción de medidas de corrección por parte de los titulares, una vez ha sido constatada debidamente la reiteración del daño, pueden suponer infracciones de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y de las legislación de conservación de la Naturaleza de las diferentes comunidades autónomas o de la propia ley Ley26/2007 de responsabilidad ambiental.
Frente a estas infracciones, la oenegé conservacionista cree que es necesario que las distintas comunidades autónomas actúen y abran los correspondientes expedientes administrativos para recuperar y evitar los daños producidos.
SEO señala en ese sentido que "algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha o Valencia, han abierto expedientes administrativos por infracción de la normativa de conservación autonómica imponiendo multas de más de 100.000 euros (más la indemnización por el valor de las aves muertas), en el caso de la primera, o de responsabilidad ambiental, en el caso de la segunda, obligando a la corrección de tendidos peligrosos".
Además -concluyen desde la organización-, si tras la comunicación a los titulares de las líneas eléctricas de las electrocuciones que se registren, no se produjera la corrección de dichos tendidos y apoyos, se podría incurrir incluso en la comisión por omisión de un delito contra el medio ambiente, en concreto del artículo 334 o 330 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Notas
[1] Barrientos, R., J.C. Alonso, C. Ponce & C. Palacín. 2011. Meta-Analysis of the Effectiveness of Marked Wire in Reducing Avian Collisions with Power Lines. Conservation Biology, 25 (5): 893-903.
[2] Barrientos, R., C. Ponce, C. Palacín, C.A. Martín, B. Martín & AL. 2012. Wire Marking Results in a Small but Significant Reduction in Avian Mortality at Power Lines: A BACI Designed Study. PLoS ONE 7(3): e32569
[i] Estas últimas son zonas prioritarias en las que la electrocución de avifauna tiene un especial impacto. Incluyen a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación elaborados por las comunidades autónomas para las especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los catálogos autonómicos o las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y de concentración local de aquellas especies de aves incluidas en dichos catálogos.
