Del estudio, en el que se han encuestado a 3.000 internautas de entre 25 y 65 años, también se desprende que no sólo hay potencial tecnológico para que la ciudadanía participe en la energía produciendo, consumiendo, intercambiando, almacenando, financiando las energías renovables o participando en sistemas de gestión de la demanda, sino que también emerge el deseo en una parte importante de la población de poner en práctica esas nuevas posibilidades asumiendo nuevos roles que se suman al de simple cliente de una empresa comercializadora (suponiendo que esté vigente la legislación adecuada para animar este crecimiento).
La democratización energética ya está ocurriendo en muchos países y el informe constata que la ciudadanía quiere que ese movimiento se contagie a España. Pide asimismo que la electricidad que está por venir sea ética, renovable y ciudadana.
En concreto Greenpeace ha recogido la opinión de los usuarios sobre los siguientes temas:
Consumir electricidad ética, ecológica y en manos de las personas. El 30,9% de las personas entrevistadas quisiera ejercer su poder de compra y escoger un nuevo proveedor de electricidad que garantizara que produce y vende sólo electricidad 100% renovable, de propiedad distribuida en las manos de miles de ciudadanos.
Piden que la entidad garantice plena transparencia y veracidad sobre el origen renovable de la electricidad, que su dinero sólo vaya a pagar instalaciones renovables y que el precio de la electricidad no sea superior al de los demás proveedores. Del mismo modo piden que en esta entidad no contraten a políticos y expolíticos, evitando así las “puertas giratorias”.
Además consideran positivo que ésta les facilite tanto el ahorro de electricidad como la posibilidad de participar en servicios de gestión de la demanda a cambio de cierta remuneración. También, el 73,3% de las personas que querrían contratar esta electricidad preferirían que esta entidad fuera rentable y eficiente pero sin ánimo de lucro y reinvirtiera sus beneficios en construir más instalaciones de generación renovable. Esta entidad no tendría por qué ser una comercializadora, sino incluso una plataforma P2P (Peer-to-Peer) de compra-venta de electricidad u otra opción.
Co-propiedad de energías renovables. Ante la posibilidad de que el usuario de ese nuevo proveedor de electricidad pueda aportar una cantidad limitada de dinero para ser co-propietario de las instalaciones renovables hay mayor predisposición a ser cliente co-propietario (54,4% de los potenciales clientes) que sólo cliente (38,2% de los potenciales clientes).
Inversión ciudadana en energías renovables. El 12,1% de las personas consultadas adoptarían el rol de ciudadano inversor que participa con sus ahorros en plantas de generación de energía renovable directamente, sin ser parte de una entidad.
Autoconsumo. El 13% de las personas encuestadas declaran haber considerado muy seriamente instalar el autoconsumo en sus hogares y empresas antes de la encuesta. Este dato expone el apoyo que ya existe en la sociedad de la ciudadanía al autoconsumo. Cuando se propone que haya una entidad ética, renovable y ciudadana que facilite el autoconsumo se suma otro 25,3% de la muestra.
Eléctricas. El elemento común entre las personas más predispuestas a participar en la transición energética es el hartazgo ante las eléctricas tradicionales aunque aún se sitúan en una posición de “resignación” frente a éstas (“no nos gustan, pero las necesitamos”) y afirman que les haría falta una iniciativa que responda a sus valores para activarse.
Orientación política. La orientación política de las personas encuestadas no afecta de manera exacerbada la respuesta ante los roles propuestos. Algo que demuestra que la conciencia energética no es partidista, al ser la energía de interés general. Además, la población en su mayoría reconoce la energía como un bien de primera necesidad y reclama que se reconozca como algo a gestionar de forma eficaz en pro del bien común sobre lo que la ciudadanía tiene derecho a tomar decisiones estratégicas.
Ciudadanos frente a Eléctricas
“Los números muestran que serían suficientes los usuarios dispuestos a participar en la generación colaborativa de energías renovables o gestión de la demanda, si se pusieran las herramientas regulatorias necesarias, como para contrarrestar el poder de las compañías contaminantes. De ahí el rechazo de las eléctricas a la democratización de la energía”, ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace.
Sin embargo, las personas encuestadas no sabrían identificar posibles soluciones para realizar el deseo de asumir roles más activos. Por esta razón Greenpeace ha analizado algunos de los casos exitosos de plataformas de energía colaborativa y energía colaborativa procomún a escala mundial y las claves de su impacto positivo en compra venta directa de electricidad renovable (Greenpeace Energy, Vandebron, Piclo), gestión de la demanda distribuida (OhmConnect), redes de autoconsumo compartido virtual (SonnenCommunity, BrooklynMicrogrid).
La tecnología ya hace que la transformación del modelo energético hacia la democratización sea posible y viable, pero que ocurra depende de factores sociales y político/institucionales. La importancia del estudio de Greenpeace radica en aclarar que el cambio tecnológico es consistente con los cambios sociales que cada vez más demandan capacidad de acción local para tener impacto a escala global con nuevas formas de relacionarse e incluso de tomar control de su energía, destaca la organización.
“Es obligación de todos los gobiernos impulsar la transición energética en manos de las personas y priorizar así el interés general, la lucha contra el cambio climático y el abandono de las energías fósiles y nuclear. La electricidad deja de ser necesariamente controlada por grandes corporaciones y se abre la era de la democratización de la energía. Lo inaceptable es que se le pongan barreras”, ha declarado Sara Pizzinato, responsable de la campaña de energías renovables de Greenpeace.
Por un nuevo marco legal
Para alcanzar el pleno potencial de participación de la ciudadanía en la transición energética, el Gobierno español y la Comisión Europea deberían reconocer el derecho ciudadano a ser parte de la transición energética y a participar de sus beneficios. Para ello –señala Greenpeace– deberán crear un marco legal y administrativo para proteger el derecho ciudadano a participar en paridad de condiciones en el mundo de la electricidad para producir, consumir, almacenar, intercambiar y gestionar energías limpias de forma individual o colectiva.
La ley de cambio climático y transición energética española y las normativas energéticas que se están trabajando a nivel europeo (Paquete de Energía Limpia para Todos los Europeos), tienen que marcar firmemente el camino para un sistema energético 100% renovable en manos de la ciudadanía, concluye la organización.
