Estos beneficios, implementados desde junio del año pasado y que constan en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, establecen una deducción adicional del 50 % del impuesto de renta durante 15 años por inversiones en fuentes alternativas; la exclusión automática del IVA en la adquisición de insumos para la generación de energías renovables; y la exigencia para que un 10 % de la energía que adquieren las empresas comercializadoras de energía provenga de proyectos de generación de fuentes no convencionales. También debe destacarse que la duración de los trámites para acceder a esos beneficios tributarios pasa de 3 meses a 45 días.
En concreto, se trata de certificados de 929 proyectos fotovoltaicos (que suman 2.414,66 MW); 18 de parques eólicos (2.567 MW); 31 por biomasa (287,12 MW); y 34 iniciativas por pequeñas centrales hidroeléctricas (148,39 MW).
Se da la circunstancia de que en los cuatro primeros meses de este año se expidieron aprobaciones en incentivos a 225 iniciativas (que suman un total de 1.304,12 MW); un dato relevante si se tiene en cuenta que en 2020 se expidieron avales para 235 proyectos renovables (1.279,75 MW).
Según registros de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), hay inscritas 45 iniciativas en proceso de certificación y 37 en fase de requerimiento.
