El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó a mediados de diciembre del año pasado la primera resolución de convocatoria de subastas de energías renovables con el nuevo marco retributivo. Con esa resolución, publicada el 12 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), culminaba el proceso normativo “para ofrecer un marco estable que atraiga la inversión y fomente la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables del país en un escenario de recuperación tras la crisis sanitaria”. Según el Ministerio, el inicio del calendario de subastas con el nuevo Régimen Económico de Energías Renovable resulta indispensable para cumplir con los compromisos de descarbonización que España ha adquirido en el Acuerdo de París y como Estado miembro de la Unión Europea. Estos compromisos -explican desde el Ministerio- han sido trasladados al Plan Nacional Integrado de Energía Clima 2021-2030, que prevé la instalación de en torno a sesenta gigavatios (60 GW) renovables en la próxima década y que incluye, entre sus medidas, el desarrollo de este tipo de subastas.
Esta primera subasta convocada por el Ejecutivo Sánchez establece un cupo objetivo de 3.000 MW, de los cuales al menos 1.000 megas se destinarán a tecnología fotovoltaica y otros 1.000, a eólica terrestre, quedando el resto de potencia a subastar sin restricción tecnológica. Pueden participar en la subasta las instalaciones nuevas o ampliaciones de instalaciones existentes que estén situadas en el sistema eléctrico peninsular y cuyo sistema de almacenamiento, en caso de disponer de él, sea empleado exclusivamente para almacenar la energía producida en la instalación.
Este mecanismo de subastas es, por tanto, complementario -matiza el Ministerio- a otros instrumentos de impulso, como pueden ser las líneas de ayuda a la inversión en renovables financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ejecutadas por el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía, o las garantías públicas para los contratos de suministro de energía eléctrica a medio y largo plazo (PPAs).
Cómo será la subasta
El Gobierno ha establecido para esta subasta que el precio percibido por las instalaciones “se obtendrá a partir del precio resultado de la subasta corregido con cierta exposición a mercado”. La resolución establece el porcentaje de ajuste de mercado concretamente en un 25% para las tecnologías con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5% para las que no dispongan de dicha capacidad.
El plazo máximo de entrega de la energía comprometida es de 12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestre y marina e hidroeléctrica y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos.
Las pujas se realizarán sobre el precio que se exige por la energía producida y el volumen de producto adjudicado a una misma empresa o grupo empresarial no podrá ser superior al 50% del cupo del producto (1.500 MW).
La resolución establece la obligatoriedad de que los participantes en la subasta presenten un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y las oportunidades para la cadena de valor industrial local, regional y nacional, así como, en el ámbito de la economía circular, las medidas contempladas en relación con el tratamiento de los equipos al final de su vida útil y el análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida útil de las instalaciones.
La apertura del periodo de recepción de ofertas será el 26 de enero de 2021 a las 9 de la mañana, y el cierre, ese mismo día a las 11 de la mañana.
A efectos informativos, la resolución con la convocatoria se puede consultar en el siguiente enlace.
