El bufete de abogados Duran y Osuna canaliza la mayor parte de las demandas de familias que han invertido los ahorros de su vida en la compañía sevillana y que ahora no los pueden recuperar. De momento, 50 demandas han sido presentadas, con una reclamacion que suma los 2.600.000 euros. Según Miguel Durán, portavoz del despacho de abogados, "todo el mundo habla de rescatar a Abengoa. A los bancos les diría que empiecen a rescatar a los que ustedes engañaron. Restituyan ustedes el daño que han causado a los minoristas". Durán ha declarado que "nosotros no vamos a aceptar las condiciones de aplazamiento de pagos y de quitas que han negociado con los acreedores mayoristas. Mis clientes quieren su dinero y lo quieren ahora, y no dentro de equis meses".
No contra Abengoa
Las demandas presentadas por el bufete de abogados no van contra la compañía sevillana: "nadie quiere hacer con esto leña del árbol caído –explica Durán-; no vamos contra Abengoa, vamos contra los bancos que cobraron por colocar estos bonos a los pequeños inversores y no explicaron con rigor los riesgos que entrañaba la operación". Para el despacho de abogados Duran & Osuna, la multinacional Abengoa ha desembocado en una situación “embarazosa” y hay muchos inversores que se han visto “literalmente cazados” y envueltos en una situación “anómala y complicada”, hasta el punto -informan desde Durán y Osuna- de que "hay muchos pequeños inversores que se enfrentan a la pérdida total o parcial de todos sus ahorros".
Durán explica
Abengoa emitió bonos, bonos convertibles, pagarés y demás productos financieros para captar financiación alternativa. La empresa emitió esos bonos a través de entidades colocadoras, entidades financieras. Acudió para que le colocasen esos bonos, esos pagarés, entre sus clientes. Para el portavoz de Duran&Osuna Abogados, Miguel Durán, “en lo que era la voluntad de Abengoa, estaba claro que consideraba que estos pagarés eran instrumentos de riesgo porque, si no, no se explicaría que debieran tener como destinatarios a inversores profesionales o inversores cualificados". La Ley del Mercado de Valores distingue muy bien entre lo que son inversores profesionales o no cualificados minoristas. Las entidades están obligadas a informar de forma muy clara y transparente al inversor. La propia legislación establece que esas entidades tienen que mirar por los intereses de los inversores por encima de los suyos propios.
“Bonos colocados sin la debida orientación”
Miguel Durán explica que “partimos de la consideración –nos avalan grandes conquistas en los tribunales sobre otros productos financieros, como las preferentes- de que muchos de estos bonos han sido colocados sin la debida orientación. Mucha gente -apunta Durán- se está quedando sin cobrar. Cuando vencen esos bonos, no cobran. El banco les da explicaciones. Algunos se lo creen y otros no. Y los que no se lo creen buscan un abogado, como nos han buscado a nosotros. A nosotros nos han buscado ya unas 200 afectados". Para evitar el concurso de acreedores, Abengoa ha llegado a un principio de acuerdo con los acreedores mayoristas y los minoristas se han quedado fuera de esa negociación.
Vicios del consentimiento
Durán les ha contado a los afectados que sería “absurdo” pedir dinero a Abengoa porque “está tiesa”. “A la gente lo que más le importa es que recuperen su dinero. Les aconsejamos que se asesoren bien. Las entidades colocadoras tienen su responsabilidad sobre las operaciones. No deben creer que está todo perdido". La jurisprudencia española tiene una legislación muy consolidada a propósito de lo que se conoce como “vicios del consentimiento” provocados por entidades financieras a la hora de colocarle productos a inversores minoristas. El portavoz de Duran y Osuna Abogados, ha transmitido esperanza a todos estos afectados. Su dinero puede ser recuperable "si se hacen las cosas bien; deben acudir a los tribunales incluso si el bono o el pagaré no ha vencido".
50.000 euros
En la venta de este tipo de productos financieros, si los intereses son altos, el minorista tienen que tomar cautela. Como también los bancos deben advertirles que la situación financiera de la empresa es mala o buena. Y con esos datos el minorista debe decidir. Las entidades financieras tienen sus tarifas para cobrar la firma de estas operaciones. Es decir, cobran dinero por hacerlas. “Y tienen la obligación -recalca Durán- de explicar todo lo que corresponde a los riesgos que acarrea el producto. Si el banco no le informó, tiene que correr con los gastos de esta 'fiesta'. Tendrían que explicarles qué pasa". La inmensa mayoría de estos inversionistas minoristas ha invertido 50.000 euros. Duran ha aconsejado a los bancos que, “si ellos han provocado esto, que lo arreglen, porque, si no, vendrán los jueces y los abogados y lo arreglaremos y la fiesta al final les saldrá más cara".
No a las demandas colectivas
El despacho de Duran y Osuna no va a interponer demandas colectivas. Porque “lo que el juez tiene que dirimir es si el inversionista fue bien informado. Y no todos los casos son iguales. Habrá algunos que tengan mucha información y otros, ninguna. Claro que Abengoa tiene su responsabilidad, pero no se le puede pedir dinero, sería una quimera". Recordemos que las personas jurídicas ya tienen responsabilidad penal. Tienen posibilidad de suspender su actividad, intervenirla judicialmente o multarla. “El preacuerdo con los acreedores mayoritarios para evitar el concurso es impugnable y tiene plomo en las alas”, ha subrayado Miguel Durán. Hace un año y medio que el despacho de Duran & Duran Abogados decidió expandirse por el territorio nacional y unió fuerzas con un despacho de Sevilla, el de los hermanos Fernández Osuna, para constituir el despacho Duran & Osuna.
