José María González Vélez, que fue durante años presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), repasaba ayer recuerdos y anécdotas de aquel grupo de emprendedores que hace 30 años decidieron aunar esfuerzos para defender las tecnologías renovables, en las que habían invertido trabajo y dinero. Eran, sobre todo, “minicentraleros”, como les llamaban con cierto desdén los que manejaban el cotarro de un sector dominado por las grandes eléctricas. Y eran outsiders, marginales que se movían por intuiciones que hoy nadie pone en duda. Porque tras las minicentrales hidráulicas llegaron los parques eólicos, las plantas fotovoltaicas y termosolares, la biomasa, los biocarburantes, la geotérmica y las energías marinas. Y el mundo avanza hoy decidido a abastecerse solo de estas fuentes de energía limpias. Tal y como ellos imaginaron.
En esa mesa de debate estaba ayer Luis Atienza, ex presidente de Red Eléctrica y secretario de Energía en 1993–94, que empezó su intervención felicitando a APPA por ser una de las asociaciones de renovables veteranas a nivel mundial. “España puede pasar de ser un país que ha vivido la plena dependencia energética a ser uno de los principales protagonistas de las tecnologías que nos hacen independientes”. El sistema energético va hacia una “descarbonización plena” y las renovables nos han dado instrumentos eficientes, “desde el punto de vista tecnológico y también económico porque cada día son más baratas”, dijo. González Vélez no ha olvidado aquellos años de Atienza como secretario de Energía. “Cuando nos recibió dábamos saltos de alegría. Porque hasta entonces no habíamos llegado ni al conserje”.
Carmen Becerril también ocupó varios cargos en la administración. Fue directora de Política Energética cuando Nemesio Fernández Cuesta ocupaba la Secretaría de Estado de Energía, en la segunda mitad de los 90. Y ayer recordaba que cuando se estaba trabajando en la elaboración de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, se convocó una reunión que el secretario de Estado inició así: “estoy muy preocupado por la salud del Papa”. Tras unos segundos de sorpresa general continuó: “porque debe de ser el único que no me ha llamado para interesarse por el Régimen Especial” (que es donde antes se incluía a las renovables y la cogeneración).
“Cuando se propuso el feed in tariff (el sistema de primas) fue para apoyar a las energías limpias por los costes externos de las fuentes convencionales que no se internalizaban de ninguna manera”, apuntó Becerril. Las primas a las renovables fueron durante muchos años la “bicha” a la que algunos culparon de los males que afectan al sector eléctrico: luz cara, déficit tarifario. Pero los datos son los datos, recordaba González Vélez: “el primer año con déficit de tarifa real fue 2005. Fueron más de 3.000 millones de desvío. Y en ese año no había prácticamente nada de fotovoltaica todavía”. Si no estaba en la escena del crimen es difícil que fuera culpable.
Pero la mesa de la historia también quiso mirar al futuro. “Nunca puede salir bien que desde la administración pública se plantee lo que es una rentabilidad razonable para una empresa. Y eso es lo que se está tratando de hacer ahora”, apuntó Becerril. “Ni la descarbonización ni la electrificación de la economía se van a hacer de forma espontánea. Hay que poner los instrumentos para lograrlo”.
Según Atienza, “es necesario establecer una fiscalidad sobre el carbono, pero hay que organizarla bien”. El expresidente de REE opina que “teniendo en cuenta que el coste de la generación renovable va a ser más bajo que el de la generación térmica, la restricción técnica va a jugar un papel más relevante que la restricción económica. Cuando queramos alcanzar un 80% de generación renovable, cuando tengamos, por ejemplo, 40.000 MW fotovoltaicos el reto técnico será fundamental. Porque habrá que buscar la manera de compensar la eólica con la fotovoltaica, con el resto de renovables, con el almacenamiento”.
Luis Atienza es uno de los 14 expertos de la Comisión sobre Transición Energética creada por el Gobierno. Y cree que “sí es posible un acuerdo de todas las fuerzas políticas sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética”. Si ese acuerdo no llega, “el mayor coste de no hacer la transición energética es la pérdida de una oportunidad de desarrollo económico”.
