Los integrantes del Consejo Consultivo de la Electricidad –empresas del sector, comunidades autónomas, representantes de asociaciones de consumidores y defensoras del medio ambiente– disponen de 20 días para presentar alegaciones a esta propuesta, que tiene 233 páginas y viene acompañada de un documento de anexos con 1.273 páginas, dedicado en buena parte a detallar cada uno de los nuevos estándares fijados para las instalaciones en función de sus características.
La orden desarrolla el real decreto por el que desaparecen las primas a las renovables, cogeneración y residuos, estableciendo un sistema de retribución según parámetros de inversión. Este decreto aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, si bien se rumorea que podría hacerlo este próximo viernes.
El nuevo modelo propuesto por Industria fija una retribución a la inversión y a la operación con la que lograr lo que considera “una rentabilidad razonable”, y para ello tiene en cuenta toda la vida regulatoria de la instalación. El ministerio ha elaborado una clasificación de instalaciones tipo, con un código específico en función de la tecnología, potencia, antigüedad, etc., lo que le ha llevado a establecer más de 1.400 estándares retributivos diferentes: 806 para la cogeneración, 576 para la fotovoltaica, 23 para la eólica o 18 para la termosolar.
También recoge las vidas útiles de las instalaciones. Para la cogeneración, 20 años; en el caso de la fotovoltaica, 30 años; y para la termosolar, 25 años. Asimismo, establece un incremento anual de la retribución percibida del 1% hasta el final de la vida útil de la planta.
Las más penalizadas
Eólica y fotovoltaica son las tecnologías más castigadas En el caso de la eólica, los parques que comenzaron a funcionar antes de 2004 (el 37% de ellos) no percibirán retribución específica, por haber superado la rentabilidad razonable establecida por la ley (el 7,503% en estos momentos). Es decir, desde ahora solo recibirán el precio del mercado. De los 22.800 MW eólicos instalados en la actualidad, 8.440 MW son anteriores a 2004.
En cuanto a la fotovoltaica, todas las plantas sufrirán recortes en mayor o menor medida, en algunos casos de un 40% respecto a los previsto cuando se realizó la inversión. En España hay actualmente unas 60.600 plantas FV que suman, conjuntamente, 4.600 MW. La mitad de ellas se instalaron a partir de 2008. Los cambios afectan, asimismo, a un millar de centrales minihidráulicas, 127 de biogás, 63 de biomasa y 14 instalaciones de residuos.
Cuando anunció la reforma energética, el Gobierno cifró en unos 1.750 millones de euros el ahorro que conseguiría en relación al sistema anterior con que se remuneraba el régimen especial. Industria señala ahora en la memoria económica que acompaña al borrador que las primas al régimen especial han ascendido a 50.000 millones entre 1998 y 2013, y que entre 2005 y 2013 aumentaron en un 800%.
