"Trasladar las prioridades ambientales y sociales para garantizar una transición ecológica y socialmente justa". Ese es el planteamiento general con el que las cinco oenegés concurren a la reunión con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Con ese fin último, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España (el conocido como G5) han anunciado que van a entregar al presidente en funciones el documento que elaboraron con motivo de las elecciones generales del pasado 23 de julio: Un programa por la Tierra 2023, un documento que recoge más de 100 propuestas para llevar a cabo dicha transición, "siempre con la mirada puesta en resolver los problemas sociales derivados de la crisis ambiental".
Las organizaciones ecologistas quieren trasladar al presidente del Ejecutivo en funciones "la importancia de que esta sea una de las grandes prioridades del Gobierno y que se mantenga una Vicepresidencia con competencias en materia ambiental". Además, le van a proponer que convierta la próxima en "la legislatura de la naturaleza", una legislatura -consideran- que debe estar presidida por (1) "el protagonismo del mundo rural vinculado a la conservación de la biodiversidad; (2) la urgencia de una transición agroecológica y adaptada a los impactos del cambio climático; (3) la eliminación de los combustibles fósiles, así como la aplicación de una fiscalidad verde y justa; y (4) el impulso de la participación ciudadana y la democracia".
Las organizaciones ecologistas van así a reclamar a Pedro Sánchez, "en un contexto de regresión de políticas ambientales a nivel europeo y ante una legislatura con grandes dificultades para lograr grandes consensos", un liderazgo fuerte "dentro y fuera de nuestro país" y coherencia "para que todos los ministerios del futuro Gobierno contribuyan a este fin".
Energías Renovables ha repasado esas 100 propuestas. Extractamos a continuación las que más apelan a la transición energética, el ahorro, la eficiencia y las energías renovables y recogemos además algunas otras que, de un modo un otro, afectan al futuro del sector energético (medidas relativas al espacio marino que tendrían implicaciones en el desarrollo del sector eólico marino nacional, medidas relativas a la gestión forestal que tendrían implicaciones en el sector de la biomasa, medidas relativas al transporte o la edificación, que tendrían implicaciones para los sectores de los biocarburantes, el biogás o, en sentido amplio, la electrificación). En fin, pasen y vean, porque no hay desperdicio.
Estas son las propuestas que el G5 trasladará hoy a Pedro Sánchez
✱ Establecer en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55% en 2030 respecto a 1990, y la descarbonización en 2040.
[Bajo estas líneas, los objetivos, tal y como aparecen en el último borrador de Pniec que ha publicado el Gobierno y, a su derecha, tabla comparativa entre el Pniec original y este borrador, que el Gobierno ya ha enviado a Bruselas y está pendiente aún del visto bueno definitivo].
✱ Defender en el marco del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático una mayor ambición en la reducción de emisiones (…) y abogar por una transición energética basada en un modelo 100% de energía renovables, eficiente y justo evitando lenguajes ambiguos como tecnologías de bajas emisiones, que pretenden impulsar la energía nuclear y la captura y almacenamiento de carbono.
✱ No más dinero para el gas. Detener las nuevas inversiones y subvenciones al gas y otros combustibles fósiles y, en su lugar, dedicar los recursos a financiar un plan de rehabilitación energética de todas las viviendas, empezando por las más vulnerables, para reducir la demanda de gas. Detener la reapertura de la planta de El Musel en Asturias, la extensión de redes de gas y las estaciones de carga, paralizar el plan renove de calderas de gas en viviendas y edificios o la reducción del IVA.
✱ Dejar de quemar gas para producir energía eléctrica en 2030, abandonar el uso de gas en hogares y edificios en 2035, y abandonar el uso de gas en procesos industriales en 2040. (objetivos de descarbonización para el gas).
✱ Aumentar la participación ciudadana en la acción climática, reforzando las estructuras y consejos participativos existentes, impulsando asambleas ciudadanas para el clima y estableciendo un Pacto de Estado Ecológico frente a la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad , protegiendo la transición energética y ecológica de vaivenes partidistas.
✱ Democratizar el sistema energético para acabar con los beneficios caídos del cielo de las grandes empresas energéticas con medidas efectivas que permitan a la ciudadanía tomar un papel proactivo, impulsando la energía comunitaria. (…) Fomentar un precio justo de la energía y la entrada de nuevos actores y modelos innovadores más democráticos.
✱ Legislar el desbloqueo que las distribuidoras eléctricas hacen al autoconsumo colectivo e individual, estableciendo, entre otras soluciones, un modelo estándar estatal con todos los agentes implicados que tenga procedimientos ágiles, claros y transparentes, y controle el in cumplimiento y abuso injustificado que ejercen actualmente las grandes empresas energéticas a través de sus distribuidoras de electricidad.
✱ Impulsar programas de ayudas para que hogares y pymes puedan llevar a cabo la electrificación integral de su demanda energética sólo con energías renovables. (…) Se debe priorizar la alfabetización energética, la generación con autoconsumo fotovoltaico u otras tecnologías renovables (individual y colectivo), la bomba de calor, almacenamiento, la gestión del ahorro, el vehículo eléctrico colectivo y/o compartido, etc.
✱ Avanzar en las medidas de ahorro energético y lucha contra la pobreza energética, como formación en eficiencia energética y facturas a personal de los servicios sociales y otras profesionales en contacto directo con quienes están en situación de precariedad energética así como a familias; acceso a una tarifa social energética básica. (…) Aprobación de una tarifa PVPC ligada a contratos de largo plazo con instalaciones de energías renovables; e impulso de las comunidades energéticas como herramienta de lucha contra la pobreza energética.
✱ Definir las zonas más idóneas para el desarrollo renovable desde el punto de vista del territorio, las personas y la biodiversidad. Se debe garantizar que exista una adecuada planificación estratégica que defina de forma participativa las zonas no aptas para el desarrollo de grandes plantas renovables en suelo (por su elevada sensibilidad y valor ambiental, cultural o agroecológico) así como las zonas prioritarias para su implantación acelerada (por su cercanía a los puntos de consumo, por ser espacios degrada dos sin posibilidad de restauración o de baja sensibilidad ambiental).
✱ Buscar el consenso social en el despliegue de energías renovables con la participación activa de las comunidades locales.
✱ Participación y transparencia en el proceso de transición. Es necesario eliminar la “tramitación ambiental express” (Artículo 22 del Real Decreto-ley 20/2022) que rebaja las garantías ambientales y la participación ciudadana para la tramitación de las renovables.
✱ Introducir criterios de selección sociales y ambientales para los proyectos renovables en los concursos para asignación de capacidad de evacuación a la red y subastas con especial énfasis en asegurar la priorización de las comunidades energéticas y los proyectos distribuidos, incluso a través de cuotas en cada nudo.
✱ Aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible que establezca la obligación de conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad en 2040.
✱ Elaboración de una estrategia de movilidad en entornos rurales y/o con baja densidad de población que garantice el derecho a la movilidad del conjunto de la población con criterios de sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal -especialmente para grupos socioeconómica mente vulnerables-, seguridad, preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, y respeto de la idiosincrasia de los diferentes territorios. Esta estrategia priorizará el transporte público colecti vo y los medios de transporte de cero emisiones, como el ferrocarril, así como toda forma de movi lidad activa (bicicleta, patinete, etc.).
✱ Creación de un fondo estatal para la financiación del transporte público colectivo de personas, urbano e interurbano en las grandes urbes y aglomeraciones, ciudades, áreas metropolitanas y ámbitos rurales.
✱ Establecimiento de una moratoria a la construcción o ampliación de grandes infraestructuras de transporte.
✱ Puesta en marcha de un plan para la descarbonización del transporte de mercancías, que incremente el uso modal del ferrocarril (18% en 2030), cero emisiones en el servicio de entrega del último kilómetro y contenga un plan de descarbonización de la flota de camiones.
✱ Fomentar la adaptación y mitigación de las zonas urbanizadas al cambio climático, mediante el diseño adecuado de zonas verdes y naturalizadas y la priorización de la rehabilitación climática de edificios (asegurando su compatibilidad con la biodiversidad) frente a nuevas construcciones.
✱Promover, a través de la Agenda Urbana Española y el Foro Urbano de España, el cambio de paradigma urbanístico para erradicar la especulación, lograr una participación ciudadana real y lograr una adaptación de las zonas urbanas al cambio climático y favorezca la cohesión social.
✱ Establecer un cierre planificado de las actividades con mayor impacto ecológico, como las energías fósiles o nuclear.
✱ Situar al final de legislatura la presión fiscal y la fiscalidad verde en la media de la eurozona (de 38,7% a 42,2% y de 1,8% a 2,4%, sobre el PIB, respectivamente), poner coto a la evasión y elusión fiscal de grandes grupos y patrimonios y gravar de manera permanente los beneficios extraordinarios.
✱ Aprobar una política fiscal verde basada en el principio de “quien contamina paga” y “quien conserva, recibe”.
✱ Promover unas reglas fiscales europeas alineadas con el Acuerdo de París, la Convención de Diversidad Biológica y la Carta Social Europea durante la presidencia española de la UE y más allá, que rechacen la austeridad y permitan inversiones suficientes en transición ecológica. Incorporar a la regulación el uso de presupuestos verdes y el principio de no daño significativo al medio ambiente en las inversiones, ayudas y subvenciones.
✱ Garantizar el suministro público y sostenible de agua, calefacción y electricidad para reducir la pobreza energética mediante rentas básicas y tarifas sociales.
✱ Cumplir con los compromisos de financiación climática con los países del Sur Global a 2025, incluyendo la promoción y financiación del fondo para pérdidas y daños - con fondos públicos y aportaciones obligatorias de la industria de los combustibles fósiles -, cancelar las deudas impagables por inversiones sociales y en transición ecológica y cumplir con el compro miso de Glasgow de eliminar la financiación pública internacional a fuentes fósiles en relación a CESCE
✱ Impulsar una revisión ambiciosa de la normativa de calidad del aire, que establezca como nuevos valores límite a alcanzar en 2030 los estándares de calidad del aire de la OMS.
✱ Asegurar la implantación de las Zonas de Ba jas Emisiones (ZBE) previstas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, vinculando el acceso a los fondos públicos canalizados por el MITMA para la transformación sostenible del transporte urbano a la exigencia de ZBE significativas y a su puesta en marcha inmediata, con arreglo a los criterios del Real Decreto aprobado para regularlo.
✱ Incluir en la Ley 27/2006 del convenio de Aarhus por la que se regulan los derechos de acceso a la información la obligación de informar a la población sobre la calidad del aire que respiramos.
✱ Desarrollar objetivos de disminución de la huella ecológica, que pasen por la disminución del excesivo consumo material y energético y por la promoción de un consumo responsable (ecológico, de cercanía, sin desperdicio etc.). Conlleva utilizar más indicadores para medir el bienestar de la ciudadanía y del país, más allá del PIB y otros indicadores exclusivamente eco nómicos.
✱ Desarrollar campañas de cambio de estilos de vida y reducción del consumo promoviendo actividades de contacto con la naturaleza, renaturalización de las ciudades y restauración de ecosistemas con la participación activa de las personas, que permita acercar las personas a la naturaleza.
✱ Garantizar el consumo imprescindible de servicios básicos (energía, agua, alimentación, vivienda, transporte público, etc.) en su formato más ecológico para toda la ciudadanía, apoyan do con rentas básicas y tarifas sociales a la población más vulnerable.
✱ Aprobar un marco legal para la eólica marina acorde con la ampliación de la red de reservas marinas y que garantice la selección de los mejores proyectos desde el punto de vista de participación social, impacto positivo sobre la biodiversidad y las comunidades locales y coste.
✱ Aprobar en los primeros 100 días de gobierno una hoja de ruta para el cumplimiento del Marco de Biodiversidad Kunming-Montreal y la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030.
✱ Aprobar los planes sectoriales de agricultura, ganadería, pesca, agua y energía recogidos en el artículo 14 de la ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
✱ Identificar y publicar, antes de finalizar 2023, un listado exhaustivo de los incentivos que perjudican a la biodiversidad existentes en la actualidad, con el fin de que las administraciones públicas los puedan modificar o eliminar a más tardar en 2025.
✱ Mejorar la protección de las especies amenazadas y de los hábitats, asegurando que la inclusión, exclusión o cambio de categoría de los taxones en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
✱ Aprobar una estrategia estatal para la reducción de factores graves de mortalidad en especies silvestres que considere tendidos eléctricos, atropellos en carreteras, parques eólicos, balsas y canales, caza y pesca ilegal y empleo de venenos y tóxicos.
✱ Realizar un análisis exhaustivo que identifique aquellas zonas de interés que puedan ser designadas con alguna figura de protección recogida en la legislación nacional.
✱ Garantizar una estrecha coordinación con las comunidades autónomas en la gestión de la Red Natura 2000.
✱ Definir y aprobar en 2025 las medidas de adaptación al cambio climático de las redes de espacios naturales protegidos y espacios de la RN2000.
✱ Dotar de los recursos necesarios para cumplir con los compromisos de protección del 30% de la superficie marina en las aguas españolas.
✱ Establecer una hoja de ruta para la protección estricta de, al menos, un 10% de superficie marina que garantice la resiliencia de los mares y facilite la recuperación de la biodiversidad y de los recursos marinos.
✱ Aprobación de planes de gestión eficaces y adaptativos con objetivos claros, medidas efectivas, presupuestos adecuados para todos los espacios marinos protegidos y que integre una gobernanza participativa.
✱ Mantener el liderazgo internacional en la conservación del océano, siendo parte activa en la definición de los tratados en discusión para garantizar la protección de los hábitats y especies marinas.
✱ Elaborar un Plan de Protección ambiental de la Costa, armonizado con el de adaptación al cambio climático, que asegure la protección del 100% de los hábitats costeros en buen estado de conservación y recupere el resto a través de soluciones basadas en la naturaleza.
✱ Garantizar la protección estricta de una superficie lo suficientemente representativa de de todos los tipos de bosque presentes en el estado.
✱ Establecer directrices y criterios de gestión forestal para mejorar el estado de conservación, y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático de los distintos tipos de bosque.
✱ Establecer mecanismos de coordinación efectivos con las comunidades autónomas en el establecimiento de sus políticas forestales.
✱Desarrollar y aprobar una Estrategia Estatal de Prevención Integral de Incendios Forestales. Esta estrategia debe implicar y coordinar a todas las políticas sectoriales y dotarse de las herramientas necesarias.
✱ Aprobar una política fiscal verde favorable para el sector forestal con bonificaciones fiscales que estimulen la gestión forestal sostenible, fomente el uso de la madera en el sector de la construcción y otras actividades que colaboren con el mantenimiento de la vida rural y el reequilibrio territorial.
✱ Apoyar la adopción urgente de un Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la UE ambicioso que sea adecuado para hacer frente a la doble crisis climática y de biodiversidad.
✱ Elaborar un Plan Nacional de Restauración ambicioso y participado, integrado en la planificación del territorio a escala de paisaje, con objetivos claros, alcanzables y medibles que identifiquen las zonas prioritarias a restaurar considerando las principales perturbaciones.
✱ Aprobar un Plan de Investigación para la Restauración de los Hábitats Marinos que promueva proyectos pilotos de restauración de hábitats y que incluya aquellos relevantes para las especies de interés pesquero.
✱ Identificar áreas clave degradadas para restaurar, al menos, el 15% de los ecosistemas degradados (…) y asegurar el desarrollo de las estrategias autonómicas antes de julio de 2024.
✱ Asegurar el uso estratégico y eficiente de los recursos económicos públicos, aprovechando las medidas e instrumentos financieros disponibles a escala europea para restaurar ecosistemas (Feader, Feder, PRTR, etcétera) y haciendo cumplir los principios de transparencia y participación.
