Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu, Bloque Nacionalista Galego, Sumar y Podemos sí quieren mantener el impuesto a las energéticas, mientras que PSOE oscila entre las dos orillas. Acordó anteayer (con ERC, Bildu y BNG) prorrogarlo al menos un año, pero, una vez concluida en el Congreso la reunión de la Comisión de Hacienda en la que había que votar (para continuar con la tramitación, que debe seguir mañana), anunció que mantenía su acuerdo con Junts "para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización". En los detalles está el diablo y habrá que ver en qué se sustancia concretamente ese "no gravar", a qué empresas energéticas se refiere el comunicado del PSOE y en función de qué compromisos efectivos de inversión en descarbonización van a ser liberadas de ese impuesto.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha enfrentado hoy, durante la sesión de control, a dos preguntas del PP relacionadas con la reforma fiscal con la que el Gobierno pretende introducir un nuevo "impuesto mínimo global del 15% para empresas multinacionales" y un amplio "paquete fiscal", en el que hay desde tributos a vapeadores hasta una amplia reforma del Impuesto de Sociedades (que incluye también rebajas) o la prórroga del impuesto a las energéticas.
Montero ha avisado de que, de la reforma fiscal que se vota este jueves en el Congreso, dependen 7.200 millones de euros de fondos europeos y el plan fiscal y estructural de España.
Enfrente, tanto la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, como el diputado Jaime de Olano, han asegurado que, con esta reforma, el Gobierno pretende subir 81 impuestos.
En su turno de réplica, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha recriminado a la popular Gamarra que el PP no está actuando "como un partido de Estado" al rechazar la ley que incluye el impuesto mínimo global a las multinacionales, impuesto que nace de una transposición de una Directiva Europea, y le ha reprochado también que rechace enmiendas para combatir el fraude de hidrocarburos (missing traders) o nuevas figuras fiscales que garantizan los "ingresos suficientes" para "proteger" a la ciudadanía.
La número dos del PSOE ha defendido de forma generalizada los impuestos, pues considera que de estos dependen los salarios de los funcionarios públicos que, por ejemplo, están contribuyendo a la reconstrucción de Valencia tras el paso de la DANA.
Y, en concreto, ha defendido la enmienda del PSOE para eliminar la bonificación fiscal del diésel respecto de la gasolina, una propuesta que sirve a la lucha contra el cambio climático y que no salió adelante en la Comisión de Hacienda del pasado lunes, aunque se volverá a votar este jueves en el Pleno.
En la segunda pregunta, Jaime de Olano ha espetado a la ministra que el Ejecutivo está "racaneando" las ayudas a los valencianos afectados por las riadas. María Jesús Montero se ha defendido alegando que los decretos que va a aprobar el Ejecutivo para ayudar a la Comunidad Valenciana alcanzan un importe de 14.000 millones de euros, mientras que las ayudas que ha concedido la administración del popular Carlos Mazón se quedan en 250 millones de euros.
Sobre el impuesto a las energéticas
El impuesto especial a las compañías energéticas fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituido por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en noviembre de ese año. El impuesto en cuestion grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.
Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales para el sector energético
«El importe de la prestación a satisfacer por cada obligado al pago será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago que figure en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable que sea de aplicación. El importe de la prestación será minorado por la cuantía del pago anticipado que se hubiera ingresado»
«Se excluirán del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo y los Gravámenes Complementarios a Carburantes y Combustibles Petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión»
El coloquialmente conocido como impuesto a las energéticas (y también a la banca) tiene (o tenía) un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, y sigue -según el Gobierno- las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos (banca y energéticas), el pago conocido correspondiente al ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.
Las dos figuras (tasa a la banca y tasa a las energéticas) "se enmarcan -explicaba hace unos días el propio Ministerio de Hacienda- en una política fiscal del Gobierno justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen". En este sentido -destacaba hace unos días el Ministerio-, tanto las entidades de crédito como las energéticas "acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país".
Funcionamiento de los gravámenes
Los gravámenes de la banca y de las energéticas -explica Hacienda- se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, siguiendo las pautas establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional, como un instrumento para hacer efectivo el denominado principio del “reparto del esfuerzo”.
En el caso de las energéticas, afecta a los "operadores principales", de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.
No obstante, están exentos del pago aquellos "operadores principales" cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.
A continuación, los accionistas de las principales compañías energéticas que operan en España
Los principales accionistas de Repsol son el fondo estadounidense BlackRock, el banco público noruego Norges y el banco Santander. Entre los accionistas institucionales, el 95% son extranjeros y solo el 5%, españoles.
Los principales accionistas de Iberdrola son el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority), el fondo estadounidense BlackRock y el banco público Norges de Noruega.
El principal accionista del Grupo Enel, propietario de Endesa, es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia.
Los principales accionistas de Naturgy son los fondos estadounidense GIP (BlackRock) y australiano IFM, la sociedad luxemburguesa Rioja Acquisition, el estado argelino (a través de la compañía Sonatrach) y Criteria Caixa.
EDP es el principal accionista de EDPR. Los principales accionistas de EDP son el estado chino, a través de la empresa estatal China Three Gorges Corporation (20,86%), la empresa asturiano-valenciana Oppidum Capital (6,82%), el fondo de inversiones estadounidense BlackRock (6,82) y el fondo de pensiones canadiense CCPIB (5,62%).
Los dos principales accionistas de Cepsa son Mubadala Investment Company (compañía estatal de Abu Dabi) y The Carlyle Group.
El impuesto 2023 a las energéticas recaudó 1.162 millones de euros y, ahora, PP, Vox, PNV y Junts quieren eliminarlo de cara a futuro. Las seis energéticas más grandes de entre las que operan en España (las petroleras Repsol y Cepsa, Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy) han registrado en los dos últimos años beneficios por valor de más de 25.000 millones de euros (beneficio neto, después de impuestos). Nunca antes el volumen de beneficios alcanzó una cuantía tal en un bienio.
Operadores principales y operadores dominantes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
