Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife denuncian que la Comisión Europea, en su selección de proyectos estratégicos de explotación de materias primas críticas en trece países europeos (siete de en España) hayan escogido minas con un amplio historial de irregularidades y malas prácticas ambientales, como son las de Las Cruces (Sevilla), La Parrilla (Cáceres) y Aguablanca (Badajoz), y proyectos con amplia contestación social por sus previsibles impactos en espacios protegidos como los de Las Navas (Cáceres), Doade (Ourense) y El Moto (Ciudad Real). Resulta asimismo preocupante que de los siete proyectos seleccionados, sólo uno sea de reciclaje de minerales y ninguno de substitución. De hecho, España ha sido el país europeo en el que se han presentado más proyectos de extracción (10), contrastando con países como Italia, Francia o Alemania, en los que la mayoría de los proyectos presentados han sido de substitución, reciclaje o procesado. Esto confirma el papel de “zona de sacrificio” atribuido a la península ibérica. España es, de hecho, el país europeo con más proyectos extractivos a los que se ha concedido la categoría de estratégicos (7 en total).
También señalan la opacidad del Gobierno de España y la Comisión Europea durante el proceso de selección, así como la exclusión de las poblaciones potencialmente afectadas. Esta falta de transparencia arroja incertidumbre sobre los criterios aplicados para otorgar a determinados proyectos una calificación que les otorgará privilegios económicos y administrativos, tales como la tramitación acelerada de concesión de autorizaciones. Para las organizaciones, esta falta de transparencia supone una vulneración del Convenio de Aarhus sobre información, participación y justicia ambiental, del que España es parte. Recuerdan que la mina de La Parrilla fue sancionada y cerrada en 2022 por carecer de autorización ambiental y por construir ilegalmente balsas de residuos mineros, mientras que la Mina de Las Cruces acumula más de 6.5 millones de euros en sanciones e indemnizaciones por extracciones ilegales de aguas del acuífero de Gerena y Guillena-Cantillana, masas de agua consideradas como reserva estratégica de emergencia para el consumo humano de Sevilla en caso de escasez. En el caso de la mina de Aguablanca, Denarius está liderada por empresarios con un amplio historial de vulneraciones de derechos humanos en sus explotaciones de oro y petróleo en Colombia.
En diciembre pasado, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, el Observatorio Ibérico de la Minería y otras entidades europeas pusieron en conocimiento del Gobierno español y la Comisión Europea un análisis de estos impactos, que son inherentes a la actividad extractiva. "Para que la política minera de la UE sea creíble y sostenible, debe basarse en una planificación espacial estratégica que defina con claridad qué materias primas se necesitan, en qué lugares pueden extraerse sin poner en riesgo el medio ambiente ni las comunidades, y bajo qué condiciones deben desarrollarse. Esta planificación debe construirse con criterios de interés general y con una participación pública real y reforzada. No podemos dejar que el rumbo lo marquen propuestas dispersas impulsadas únicamente por los intereses particulares de las empresas", afirma Juan Carlos Atienza, responsable de la Unidad de Incidencia para la Transición Verde de SEO/BirdLife.
Tramitación exprés y riesgos para la biodiversidad
La tramitación acelerada de permisos que la legislación otorga a los “proyectos estratégicos” impide una participación efectiva de las poblaciones locales. Estos proyectos también tendrán un estatus prioritario en procesos administrativos y judiciales y recibirán ayuda de la Comisión Europea para obtener financiación. Otro aspecto muy preocupante, continúan los ecologistas, es que los proyectos seleccionados podrán considerarse “de interés público superior”, debilitando la aplicación de normas ambientales como la Directiva Hábitats, la Directiva Marco del Agua o la de Aves. Una parte muy importante de los yacimientos de los llamados “minerales críticos” se encuentran muy cerca o dentro de zonas de protección especial como la Red Natura2000.
Las organizaciones advierten que las actuales políticas sobre minerales críticos, lejos de garantizar una transición ecológica justa, ahondan en las desigualdades sociales y territoriales existentes y pueden aumentar la desafección hacia las políticas climáticas. Tampoco resuelven sino que profundizan en el expolio de recursos del Sur Global, sin garantizar los derechos de los pueblos indígenas ni de las comunidades locales en estos países. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife demandan, con carácter inmediato, una revisión de los proyectos estratégicos seleccionados de forma que se garantice que no recibe esta calificación ningún proyecto con malas prácticas ambientales y sociales, ni proyectos ubicados en espacios naturales protegidos, así como en otros que hayan sido merecedores de protección incompatible con las actividades extractivas. Asimismo, recalcan que es imprescindible un giro de 180º en las políticas sobre materias primas minerales de forma que se priorice la reducción de la demanda y el reciclaje de metales, y que se ponga en el centro de la toma de decisiones el bienestar de la población y su entorno.
