Las organizaciones ambientales instan al Gobierno a que active "la necesaria reforma del mercado eléctrico, tanto a nivel nacional como de la UE, porque es urgente adaptar las reglas del juego a un contexto de emergencia climática y ecológica". Además, piden que se sigan mejorando las medidas que ha tomado el Gobierno para proteger a la ciudadanía, especialmente a los consumidores más vulnerables, y solicitan se asegure "una transición energética socialmente justa y compatible con la conservación de la biodiversidad". Frente a la amenaza de la patronal nuclear de cerrar todas sus centrales, WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra recuerdan "legalmente no es posible" el cierre unilateral. Las empresas deben solicitarlo ante la Administración y es esta la que determina si puede o no ser llevado a cabo en función, entre otras cosas, de la seguridad de suministro. En todo caso, las oenegés ecologistas consideran que "la seguridad de suministro está sobradamente garantizada, incluso si se anticipa ordenadamente el cierre nuclear pactado por las eléctricas" (las propietarias de las centrales pactaron un calendario de cierre con el Ministerio que concluye en 2035).
Por otro lado, los ecologistas destacan que los costes de la totalidad de la gestión de todos los residuos radiactivos que las nucleares han generado no están consignados y que, “por lo tanto sus propietarios están en deuda con la sociedad que tiene derecho a exigir que cumplan con su financiación”.
La tarifa regulada y el riesgo de oligopolizar aún más
En su comunicado conjunto, las cinco oenegés muestran su “preocupación” por la campaña que las compañías verticalmente integradas están realizando contra la tarifa PVPC del mercado regulado. Según los ecologistas, las grandes eléctricas están empujando a la ciudadanía “a caer en falsas ofertas que, además de dar beneficio extra a las compañías, puede dejar fuera de juego a las comercializadoras independientes y afianzar una posición de monopolio del mercado minorista”. Así, y cuando por efecto de las renovables el precio del mercado mayorista baje -alertan los ecologistas-, las grandes eléctricas pueden seguir manteniendo su poder de mercado con el tapón del mercado minorista.
Beneficios caídos del cielo
Las organizaciones ecologistas se congratulan de que finalmente se empiecen a tomar medidas reales ante los abusivos beneficios “caídos del cielo” de las nucleares e hidroeléctricas, de los que se han aprovechado las grandes compañías eléctricas para incrementar sus ganancias. Las cinco oenegés advierten sobre el comportamiento especulativo que está teniendo en esta crisis la gran hidráulica. “En el caso de la gestión hidráulica -dicen-, debería dirigirse más a estar disponible en los momentos críticos del sistema, de forma que fuera necesaria una menor potencia de respaldo, en vez de ser dilapidada por intereses especulativos”. Además -añaden-, el actual modo de operación pone en riesgo la necesidad de mantener un uso racional del dominio público hidráulico.
Más recorrido
Las cinco organizaciones ecologistas recuerdan en su comunicado conjunto que siempre han defendido que los beneficios extraordinarios debían eliminarse: “además, como esta minoración temporal se ajusta a los principios del derecho comunitario y nacional, aún puede tener mayor recorrido”.
Las organizaciones celebran también que se cree un suministro mínimo vital, aunque rechazan su temporalidad y falta de ambición pues solo cubre a los beneficiarios del bono social, que en la actualidad únicamente alcanza a algo más de 1 millón de personas, cuando el INE advierte que un 26,4% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Para atajar este problema, las organizaciones recuerdan que es necesario adoptar medidas permanentes que protejan a la población más vulnerable.
“Otras medidas a celebrar” -concreta el comunicado- son las siguientes: las subastas de contratos de compra; la reforma de la tarifa regulada más transparente; que se confirme el agua como un bien natural y social de primer orden; que se regule por ley los desembalses, primando el papel ambiental del agua; y que se tramite de urgencia el proyecto de Ley para el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y el proyecto para actuar sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico.
Todas estas medidas -concluyen los ecologistas- son complementarias a las que también deben suceder en un cambio radical del sistema eléctrico, a nivel nacional y europeo, “que asegure la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, erradique la pobreza energética, e impulse de forma generalizada el autoconsumo, las comunidades locales energéticas y, en general, la participación de la ciudadanía en la generación de energía”.
