Para reorganizar con éxito sus economías, descarbonizarlas y convertirse en climáticamente neutras, los gobiernos necesitan nuevas herramientas, y están recurriendo cada vez más a las leyes climáticas como respuesta. A fecha de hoy, la mitad de los Estados miembros de la UE ya han adoptado una ley de este tipo o están en proceso de hacerlo, mientras que muchos más la están considerando.
Estas leyes hacen de la ciencia la guía para la elaboración de políticas y se extienden mucho más allá de los ciclos electorales, para evitar la anulación de importantes compromisos por parte de los nuevos gobiernos. También envían una clara señal a todos los sectores de la economía de que los gobiernos se toman en serio nuestros objetivos climáticos a largo plazo.
Matthias Duwe, autor principal del informe del Ecologic Institute, afirma que, de este modo, "no sólo se da a las empresas la seguridad de inversión y planificación que necesitan, sino que también aumentará la transparencia de la acción gubernamental". De eacuerdo con Duwe, "este informe ofrece a los países la receta para desarrollar una ley climática a través de la cual podrán gestionar la tarea de reconfigurar sus estructuras económicas para que sean climáticamente neutras. Las buenas prácticas de los Estados Miembros también ofrecen lecciones que deberían ser recogidas por una ley climática de la UE".
Reino Unido, el primero
El enfoque del Reino Unido –primer país europeo en aprobar una ley climática– ha permitido crear una resistencia a los choques políticos y a los cambios de gobierno, según los autores del informe. Un mes después del referéndum de Brexit en 2016, el Parlamento británico aprobó su quinto presupuesto de emisiones para el período 2028-2032.
"El hecho de fijar los presupuestos de emisiones con doce años de antelación garantiza que los objetivos de reducción se orienten al objetivo de protección del clima a largo plazo y no a los debates políticos actuales. Esto permite un debate objetivo basado en las necesidades de la política climática. También da a las empresas la seguridad de inversión y planificación que necesitan", se asegura.
Lara Lázaro, Investigadora Principal en el Real Instituto Elcano, dice que en el caso de España, que está a punto de enviar a Bruselas su borrador de ley definitivo, "este estudio podría ayudar a diseñar un órgano científico asesor independiente que proponga periódicamente objetivos climáticos conducentes a la neutralidad climática en 2050. El estudio también puede ayudar a reflexionar sobre la asignación de responsabilidades institucionales y sobre la creación de sendas de descarbonización socialmente aceptables en la futura futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética."
Además de Reino Unido, a España la preceden otros países en la adopción de este tipo de normativa. Austria estableció su ley en noviembre de 2011 y Bulgaria en marzo de 2014, si bien ambos lo hicieron sólo con miras a cumplir objetivos a corto plazo. Dinamarca estableció en 2014 objetivos nacionales para 2050, pero esta ley –anterior al Acuerdo de París– ya está siendo sustituida por otra más ambiciosa que compromete a Dinamarca con el objetivo mundial de mantenerse por debajo de 1,5ºC y con emisiones netas nulas para 2050.
A estos países se sumaron Suecia, que aprobó su norma a principios de 2017 y los Países Bajos y Alemania, en 2019. En el momento de redactar el presente informe, Croacia, Luxemburgo, Eslovenia y España tenían listos proyectos de ley. Todas las leyes aprobadas desde el Acuerdo de París incluyen de manera prominente la perspectiva a largo plazo.
Claves para la buena gobernanza
El informe de Ecologic Institute destaca un conjunto de elementos básicos en las leyes climáticas que ayudan a garantizar un sistema de gobernanza eficaz:
• Objetivos: objetivos cuantitativos claros y a largo plazo.
• Planificación y medidas: una planificación climática obligatoria que establece la conexión entre la planificación a largo plazo y las políticas a corto plazo.
• Control del progreso: Presentación de informes anuales periódicos y controles de los progresos para poner en marcha medidas adicionales si se detectan lagunas.
• Arreglos institucionales: Asignación de responsabilidades a las instituciones pertinentes (ministerios y parlamentos).
• Asesoramiento científico: Participación de un órgano de asesoramiento científico independiente. Todas las leyes analizadas incluyen un órgano de ese tipo.
• Participación pública: Puede adoptar diversas formas. Los ejemplos de mejores prácticas incluyen las asambleas de ciudadanos en Irlanda y Francia, ahora seguidas por el Reino Unido y prometida por España.
• Elemento a largo plazo: Varias leyes comunican claramente la prioridad de los cambios estructurales que implica el enfoque a largo plazo.
