Defender a quien Defiende (DqD) explica en su comunicado que "en los últimos dos años las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español han endurecido su acción a la hora de reprimir las protestas del movimiento ecologista". En ese marco, la plataforma ha "dado seguimiento y sistematizado" la respuesta represiva que ha estado sufriendo el colectivo Futuro Vegetal, "un caso paradigmático y representativo -explican- que permite ilustrar la criminalización y persecución que está sufriendo el movimiento ecologista". Futuro Vegetal es un colectivo de "desobediencia civil y acción directa" que denuncia a las empresas y gobiernos que considera responsables de la crisis climática y ecosocial.
Desde enero de 2022 hasta hoy, la plataforma asegura ha contabilizado al menos 131 vulneraciones de derechos, documentadas en un total de 34 acciones realizadas por ese colectivo ecologista. Entre las "vulneraciones sistematizadas", Defender a quien Defiende destaca 49 detenciones "y, en algunos casos, con uso excesivo de la fuerza (30 de ellas se produjeron sólo durante el mes de abril) y 5 casos de presuntos malos tratos, tortura y humillaciones en comisaría".
La plataforma recuerda que Futuro Vegetal tiene 29 procedimientos penales abiertos y se enfrenta a una reclamación de, como mínimo, 57.800 euros. Entre los datos sistematizados en 2023, la plataforma denuncia también que hubo 3 periodistas detenidas, 1 periodista encausada por daños y 4 periodistas identificadas, cacheadas y registradas en el lugar de los hechos, "por lo que se obstaculizó su tarea periodística".
DqD apunta que, a pesar de que las periodistas que cubren las acciones del colectivo no forman parte de él, se ven "frecuentemente afectadas con la misma respuesta represiva que las activistas". Estos hechos -consideran desde la plataforma- implican "una vulneración del derecho a la información que se debería asegurar, aún más en un contexto de protesta". Entre las vulneraciones documentadas -explican en DqD-, la plataforma considera "especialmente alarmante" la situación en comisaría.
Defender a quien Defiende
«El tiempo que quedan retenidas excede los procedimientos habituales (una media de entre 6 y 78 horas). Además, se ha podido documentar la exposición a todo tipo de insultos y humillaciones durante la detención (...). DqD también ha detectado un sesgo de género por el trato diferencial que refieren las mujeres detenidas. Ejemplo de ello es el trato que declaran recibir tres activistas que fueron detenidas en junio de 2023. Se les obligó a orinar y cambiarse de ropa con las puertas abiertas, mientras pasaban policías varones por delante, ridiculizándolas con todo tipo de comentarios y vejaciones. En este mismo caso, declaran que se les negó la privacidad en la llamada personal a la que tenían derecho, así como el encuentro con su abogada. Ambos tuvieron lugar en una sala con agentes donde el sonido se reprodujo por medio de un altavoz»
La plataforma recuerda que Futuro Vegetal se ha visto afectado por una infiltración policial que fue destapada en marzo de 2023 por la publicación El Salto. "Este tipo de operaciones policiales -explica- son innecesarias e injustificables en un Estado de derecho democrático, ya que vigilan y condicionan un espacio de la sociedad civil que es imprescindible para articularse y organizarse.
La "intensificación de la violencia contra el movimiento ecologista, ejemplificada por la situación alarmante que vive el colectivo Futuro Vegetal", estaría derivando, según DqD, en un fenómeno de "criminalización a la que lleva enfrentándose el movimiento ecologista en el Estado español desde hace años", lo que no solo estaría afectando a Futuro Vegetal, sino también a otras organizaciones, como "Greenpeace, Ecologistas en Acción, Rebelión Científica, Extinction Rebellion o Fridays for Future".
En ese sentido, la plataforma insiste en que "los datos sistematizados no se pueden entender de manera aislada", sino que forman parte "de una campaña de criminalización e intimidación contra el movimiento ecologista que se está realizando en el Estado español, así como en la Unión Europea; en particular, en países como Reino Unido, Francia o Bélgica".
Defender a quien Defiende, que se define como "plataforma estatal de protección al derecho a la protesta", recuerda que el derecho a la protesta es básico como uno de los mecanismos efectivos de participación ciudadana en asuntos públicos: "esto está reconocido en la normativa estatal (artículo 21 de la Constitución) e internacional a través del derecho de reunión y manifestación".
Asimismo, DqD apunta que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la desobediencia civil como una forma legítima de acción. "Cabe recordar -explican desde la plataforma- que, en junio de 2022, las Naciones Unidas precisaron que era necesario generar una figura específica centrada exclusivamente en la protección de las personas activistas medioambientales". Y, en este sentido, ha sido creado el actual relator de Nacions Unides sobre los defensores y defensoras medioambientales, que visitó el Estado español el pasado mes de mayo.
Dado lo dado, y, "ante la gravedad de los hechos expuestos", Defender a quien Defiende estructura en su comunicado su postura en torno a cuatro ejes. Son estos.
1. DdD denuncia que todas estas actuaciones policiales son desproporcionadas y abusivas, y tienen una voluntad de desarticular y castigar a un movimiento activo en la actualidad en el Estado español.
2. DqD señala una intensificación de las metodologías represivas contra este movimiento ecologista, ya sea por medio de herramientas que producen un efecto intimidatorio en los movimientos sociales, o condicionando además el espacio cívico para la protesta.
3. DqD reclama que el marco legislativo español (particularmente la Ley Mordaza y el Código Penal) se adecúe al derecho internacional de derechos humanos, tal como han cuestionado y señalado diferentes organismos internacionales. Cuanto más ambigua e imprecisa sea una ley, más desproporcionada es su aplicación contra de la sociedad civil.
4. DqD advierte de que estas herramientas solo se pueden entender en un marco represivo de vulneración de derechos fundamentales y que tienen un impacto evidente en los derechos individuales y colectivos de las activistas, criminalizando no solo su actuación, sino su existencia. En definitiva, ponen en evidencia, una vez más, la falta de mecanismos eficaces de rendición de cuentas de los cuerpos policiales, un hecho que provoca casos de extralimitación por el uso desmesurado de la fuerza.
Credenciales DqD
La plataforma Defender a quien Defiende se presenta como "una plataforma formada por personas defensoras de derechos humanos, periodistas, expertas legales, colectivos sociales, institutos universitarios y organizaciones del tercer sector que, ante el actual contexto de criminalización y represión de la protesta social, así como el aumento de las violaciones de derechos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad pública, nos hemos organizado para crear conjuntamente un sistema de alerta y respuesta temprana ante los casos de violaciones de derechos humanos en España". El sistema de alerta que promueve DqD está basado en "apoyar y reforzar las acciones y la coordinación de las personas que ya están trabajando contra los abusos, para incidir política, social y jurídicamente en la protección efectiva de los derechos civiles y políticos".
Cuatro son sus objetivos
Reforzar capacidades, acción y coordinación de las personas defensoras de derechos humanos con investigadoras, expertas legales y periodistas, para incidir política, social y jurídicamente en la efectiva protección de los derechos civiles y políticos con la creación de un política pública basada en la seguridad humana.
Defender y apoyar los derechos de las personas defensoras que se organizan, luchan y se manifiestan por garantizar la dignidad y la justicia para todas.
Promover la transparencia y el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el libre ejercicio de sus libertades.
Contribuir al desarrollo de políticas públicas estatales que garanticen la seguridad humana y protejan los derechos humanos de las personas manifestantes, defensoras de derechos humanos y activistas de los movimientos sociales.
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