El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2017 puede imputarse en gran parte a un aumento de la utilización de carbón para la generación eléctrica en un 21% y del gas natural en las centrales de ciclo combinado en un 31,8%. En 2017 el consumo de petróleo creció un 0,5% y el de gas natural un 9,8%. En el sector del transporte por carretera las emisiones han crecido un 2,4% en 2017. Son datos del informe 'Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2017)' elaborado por CCOO.
Emisiones por sectores
El consumo de energía (derivada del uso de combustibles fósiles) es el mayor responsable del conjunto de las emisiones pues en 2017 representó el 76,1% del total si se consideran los sumideros. Las mayores emisiones se deben a la generación de electricidad y al transporte por carretera. El resto corresponde a las diez refinerías de petróleo, consumos energéticos de la industria, transporte aéreo interior (no incluye el transporte aéreo con otros países), usos residenciales (sobre todo calefacción y agua caliente sanitaria) y servicios.
Los procesos industriales distintos a la combustión, como la producción de cemento, industria química y metalúrgica, representaron en 2017 el 9,6%. La agricultura y la ganadería representan el 10,1% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento muy inferior al de los otros sectores emisores. La gestión de los residuos representa el 4,2% del total de las emisiones de CO2 equivalente. En este sector las emisiones de metano son las más importantes.
Evolución emisiones de gases efecto invernadero en España (1990-2017)
Objetivos de reducción de emisiones
Los objetivos para España son: para 2020, una reducción del 10% para difusos y del 21% para los sectores ETS (sometidos al comercio de derechos de emisión, fundamentalmente el sector eléctrico y algunos sectores industriales) respecto a 2005. Para 2030 el objetivo será una reducción del 26% para difusos y del 43% para los sectores ETS respecto a 2005. Las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) en España fueron un 22,8% inferiores en 2017 respecto a los niveles de 2005.
Desde hace mucho tiempo CCOO viene manifestando que “no existen en España políticas climáticas coherentes ni suficientes para afrontar los escenarios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a que nos obligan los compromisos internacionales. La única que se desarrolló con notable éxito en décadas pasadas es la de la potenciación de las energías renovables, pero el desarrollo de este sector se vio frustrado hace varios años cuando se aplicaron medidas de recorte y paralización para estas tecnologías”.
De hecho, una vez que se ha logrado una importante potencia instalada de energías renovables en el sector eléctrico en España (fundamentalmente hidráulica y eólica), en los últimos años las emisiones bajan o suben casi exclusivamente en función de la hidraulicidad de cada año.
“Por ello cada vez está más claro que se necesita una política climática, plasmada en normativas, planes y medidas, que establezca objetivos ambiciosos de reducción de los GEI e implante los instrumentos necesarios para lograrlo en todos los sectores económicos”. CCOO ha planteado la importancia de aprobar una ley de cambio climático y transición energética que establezca estos instrumentos y que incorpore medidas de transición justa para los trabajadores, así como la elaboración urgente del plan integrado de energía y clima al que obliga la normativa comunitaria.
Las propuestas concretas que hace CCOO son:
• Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética y de gestión de la demanda en la industria, en la rehabilitación de edificios y en todos los demás sectores con cambios normativos y financiación adecuada que permitan reducir la demanda final de energía.
• Incrementar sustancialmente la potencia instalada de energías renovables en el sector eléctrico
• Disminuir progresivamente el uso del carbón y la energía nuclear, estableciendo medidas de transición justa para los trabajadores y zonas afectadas.
• Avanzar en la movilidad sostenible potenciando el transporte público y apoyando decididamente la electrificación del transporte
• Reforma fiscal energética, a través de la creación de un impuesto al CO2 y a otros contaminantes atmosféricos que incremente la fiscalidad de los hidrocarburos y reordene la del sector eléctrico, de manera que se grave a los combustibles fósiles y a la energía nuclear y se obtengan fondos para la transición energética.
